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La falta de progresividad del sistema tributario es uno de los factores esenciales de que Colombia sea uno de los países más desiguales del mundo. | Foto de Mauricio Dueñas Castañeda para EFE

Comunicado sobre la demanda por un pacto fiscal justo

La corrección de la injusticia del sistema tributario, por medio de un nuevo pacto fiscal, nos permitirá financiar en forma más justa y sostenible los gastos extraordinarios para enfrentar la pandemia y nos permitirá salir de esta crisis como una sociedad más democrática y menos desigual.

Por: DejusticiaMay 28, 2020

Desde Dejusticia presentamos, junto con algunos de los mejores economistas y constitucionalistas del país, una demanda ante la Corte Constitucional contra el Estatuto Tributario, esencialmente por desconocer el principio de progresividad y la justicia tributaria. La razón: aunque nominalmente las tarifas de los impuestos directos son progresivas, en la realidad quienes más ingresos y patrimonio tienen no pagan las tarifas tributarias más altas, debido a numerosos privilegios tributarios. Por eso y por el peso excesivo de los impuestos indirectos, el sistema tributario no tiene capacidad redistributiva. Los niveles de desigualdad antes de impuestos y después de impuestos son básicamente los mismos.

La violación del principio de progresividad por el sistema tributario es entonces evidente, por lo cual es inconstitucional el estatuto tributario que estructura y contiene ese sistema. Y así debe declararlo la Corte Constitucional.

No pretendemos la inconstitucionalidad del estatuto tributario por purismo constitucional o por buscar protagonismos. La razón es profunda: la falta de progresividad del sistema tributario es uno de los factores esenciales de que Colombia sea uno de los países más desiguales del mundo. Necesitamos entonces un pacto fiscal, que permita la adopción de un estatuto tributario progresivo, que sirva de sustento a la búsqueda de una sociedad más democrática  y más justa, como lo plantea la Constitución. La inconstitucionalidad del estatuto tributario sería la oportunidad de lograr ese pacto fiscal.

Obviamente no pretendemos que la Corte deje sin impuestos al país, lo cual sería una catástrofe, ni que la Corte corrija las inequidades del estatuto tributario, pues esa labor corresponde al Congreso. Por eso pedimos a la Corte que difiera a dos años, prorrogables a cuatro, los efectos de esa declaratoria de inconstitucionalidad, a fin de que en ese período el Congreso, a iniciativa del gobierno y en el marco de un gran debate nacional, adopte un estatuto tributario, que respete el principio de progresividad.

Algunos podrían objetar que esta demanda no es oportuna debido a la gravedad de la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19. Entendemos esa objeción y por ello aplazamos la presentación de esta demanda, que estaba lista hace varios meses.  Sin embargo, la propia evolución de la pandemia y de las medidas tomadas para enfrentarla nos han llevado a reconsiderar nuestra decisión, por una razón esencial: los debates más importantes sobre cómo enfrentar la pandemia están íntimamente vinculados al problema esencial planteado por la presente demanda, que es la falta de progresividad del estatuto tributario, que impide recolectar, con criterios de equidad y justicia, recursos suficientes para enfrentar los gastos extraordinarios asociados a la pandemia . Por eso creemos que en vez de ser inoportuna o insensible, esta demanda se ajusta particularmente bien a las necesidades constitucionales de esta dificilísima coyuntura. La corrección de la injusticia del sistema tributario, por medio de un nuevo pacto fiscal, nos permitirá financiar en forma más justa y sostenible los gastos extraordinarios para enfrentar la pandemia y nos permitirá salir de esta crisis como una sociedad más democrática y menos desigual.

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