Las organizaciones y personas firmantes manifestamos nuestro apoyo a la inclusión de un impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas en la reforma tributaria presentada por el gobierno de Gustavo Petro. Consideramos que esta es una medida necesaria para detener el aumento de las enfermedades no transmisibles asociadas al consumo de estas bebidas, garantizar el derecho a la alimentación adecuada y avanzar en materia de justicia fiscal. Con estos argumentos hemos promovido desde hace varios años este impuesto basados en la evidencia.

En nuestro país, mientras gran parte de la población sufre de hambre, la obesidad crece dramáticamente. Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) del 2015, el exceso de peso afecta al 56,5% de los adultos y al 24,4% de niños y niñas de 5 a 12 años. La obesidad y el sobrepeso facilitan la aparición de otras enfermedades como las cardiopatías, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor y algunos tipos de cáncer, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El sistema de salud gasta cerca de 25 billones al año en tratar enfermedades prevenibles asociadas a una mala alimentación. Aunque estas enfermedades pueden tener múltiples causas, un estudio liderado por investigadoras de la Universidad de Boston y de Toronto encontró que, a medida que aumenta el consumo de estas bebidas, aumentan en un 28% las posibilidades de sufrir diabetes. 

El alto consumo de estas bebidas también tiene efectos en nuestra soberanía alimentaria. Cada vez nos invaden más estos productos dañinos para la salud, mientras se dejan de lado las bebidas saludables tradicionales y sostenibles, provenientes muchas veces de economías locales y campesinas. El impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas ayudaría a incentivar el consumo de alimentos reales, variados, a precio justo y producidos de manera responsable con el medio ambiente.

Creemos firmemente en una política fiscal justa, que ayude a cerrar brechas de desigualdad y que también contribuya a desincentivar conductas nocivas para la población. El impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas va en línea con esos principios de justicia fiscal y garantía de derechos humanos como la salud y la alimentación adecuadas, pues serían los hogares de menores ingresos los que mayores beneficios verían en términos de salud. 

Teniendo en cuenta la evidencia científica sin conflicto de interés, desde la sociedad civil proponemos un impuesto del 24% a las bebidas ultraprocesadas endulzadas. Según estimaciones hechas por los investigadores Andrés Vecino y Daniel Arroyo, esta medida tendría el potencial de reducir la obesidad en los hogares de ingresos más bajos entre un 5% a un 10%. Nuestra propuesta incluye la destinación del recaudo a inversiones sociales para mejorar el acceso a agua potable y en políticas de prevención en salud pública. 

El impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas existe en más de 70 países sin que se hayan visto efectos negativos en los empleos de la industria ni en las ventas de las tiendas, como han asegurado quienes se oponen a la medida. La razón es que, cuando bajan las ventas de las bebidas ultraprocesadas endulzadas, aumentan las ventas de otras bebidas, como el agua embotellada. 

La Organización Mundial de la Salud lo resume así: “(los impuestos saludables) conducen a una población más saludable, una reducción a largo plazo en los costos de atención médica y potenciales ganancias en productividad laboral. Asimismo, generan ingresos fiscales estables y predecibles”.

También creemos que la disminución del consumo de las bebidas ultraprocesadas endulzadas, derivada de este impuesto saludable, contribuirá en el control de los daños que causa la producción de estas bebidas en el ambiente. Se ha comprobado que algunas empresas de bebidas endulzadas han acaparado fuentes de agua pura, afectando el acceso de comunidades y acueductos comunitarios rurales.

Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a garantizar que esta medida fiscal progresiva sea por fin una realidad en Colombia. Así mismo, invitamos a la ciudadanía a firmar la petición en línea a través de www.villanabebidaendulzada.org.  Periódicamente se compartirá de forma virtual el número de personas a favor de la medida con el Ministerio de Hacienda, el Congreso y otras entidades de Gobierno involucradas en la decisión de este impuesto.

A esta iniciativa también se unen organizaciones de orden internacional preocupadas por la situación alimentaria y nutricional en Colombia, considerando que la garantía de los derechos humanos en el país contribuye a avanzar o retroceder en el continente y el mundo.

Si no tomamos medidas ahora, las tasas de enfermedades prevenibles seguirán creciendo a niveles alarmantes, especialmente entre niños y niñas.