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Comunidades negras de Islas del Rosario: entre el megadesarrollo turístico y la regulación ambiental

Carlos Andrés Baquero Díaz
marzo 13, 2014

Publicado en: Semana

El gobierno podría formular una política que concilie los derechos de las comunidades, la protección del medio ambiente y el desarrollo turístico para resolver las tensiones.

 

El gobierno podría formular una política que concilie los derechos de las comunidades, la protección del medio ambiente y el desarrollo turístico para resolver las tensiones.

A finales del mes de enero, pobladores de Isla Barú que trabajan como vendedores de servicios turísticos en Playa Blanca se enfrentaron a una orden de desalojo por parte de autoridades de la ciudad de Cartagena. Después de varias confrontaciones entre integrantes de la comunidad y la Policía, un juez de tutela suspendió la ejecución de la orden otorgando una medida cautelar a favor de la comunidad. Mientras tanto, cerca de Barú, en Isla grande, el Consejo Comunitario de Orika sigue a la espera de la titulación de los territorios colectivos que solicitó al Incoder hace más de 10 años.

Ambas situaciones reflejan el contraste entre una política estatal de conservación en ciertas áreas de las islas y otra que promueve el desarrollo turístico a gran escala. Esta contradicción genera un alto grado de incertidumbre frente a los derechos colectivos de las comunidades negras y pone en peligro su subsistencia.

El inminente desalojo en Playa Blanca es, parcialmente, el resultado de los avances en la construcción del macroproyecto turístico Proyecto Playa Blanca Barú (PBB). Este es un complejo urbanístico sin precedentes en el Caribe colombiano que apuesta por un turismo de “alto nivel”: tres hoteles, campo de golf, centros comerciales y una marina para embarcaciones deportivas.

Además del PBB, avanzan otras obras de infraestructura cerca de lsla Barú, entre ellas la Vía Transversal Barú que recorre la isla en toda su longitud y la conectará con la cabecera distrital de Cartagena y Puerto Bahía, un puerto multipropósito sobre la Bahía de Cartagena.

Al margen de estos proyectos, existe una normatividad ambiental en varias áreas del archipiélago. En 1977, el Ministerio de Agricultura creó el Parque Natural Corales del Rosario y San Bernardo, un área protegida de carácter submarino que incluye cuatro islas y bosques de manglar. Para reforzar la protección ambiental, en el 2005 las islas fueron declaradas “área marina protegida” lo que limitó al máximo las actividades humanas sobre sectores deteriorados ambientalmente y redujo las actividades de pesca y ecoturismo a ciertas zonas del archipiélago.

Aunque el complejo turístico e industrial se realizará sobre predios excluidos del área de Parque Nacional Natural (PNN), la protección de manglares, playas y ecosistemas parece ser incompatible con la actividad turística masiva que representaría el PPB. Dada la fragilidad del ecosistema submarino, es indiscutible que la movilización de 400.000 turistas año puede generar una enorme degradación ambiental sobre las áreas protegidas.
Justo en medio de este complejo panorama y al margen de las decisiones que toman las autoridades, se encuentran las comunidades negras de Isla Grande y Barú. Mientras que la construcción de complejo turístico PBB avanza sin mayor dificultad al lado del Parque Natural, la titulación colectiva al Consejo Comunitario Orika en Isla Grande sigue paralizada a pesar del fallo de la Corte Constitucional de agosto del 2012, que reconoció los derechos de la comunidad después de una larga batalla jurídica.

Una salida viable a las tensiones en la regulación de las Islas del Rosario no resulta fácil, sin embargo, el gobierno podría armonizar los derechos de las comunidades, el desarrollo turístico y la conservación del medio ambiente a través de una política coherente.
En primer lugar, el Incoder debería agilizar el proceso de titulación colectiva a la comunidad negra de Isla Grande en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional.

En segundo lugar, las autoridades ambientales y locales podrían explorar la construcción de un modelo que concilie el principio de conservación con la actividad económica comunitaria basado en alternativas productivas ecológicamente sostenibles, socialmente equitativas similar a la que funciona PNN Uramba Bahía Málaga en el Pacífico colombiano.

Este esquema de manejo conjunto integraría el desarrollo turístico económicamente rentable, involucrando a la comunidad y garantizando la protección de ecosistemas frágiles como los del Parque Nacional Islas del Rosario.

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