El 10 de septiembre de 2016, padres y madres de familia de diferentes estados de México salieron a marchar para oponerse a la iniciativa del Gobierno que promovía la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Con lemas como “Dios creó al hombre y a la mujer. No a la ideología de género” o “Sin familia no hay patria”, los sectores de mexicanos que salieron a marchar mostraban su preocupación por las consecuencias que la iniciativa del Gobierno tendría sobre las familias y la educación de los hijos. Lo que les preocupaba, decían muchos, era que se rompiera el modelo de familia “tradicional”, compuesto por un hombre, una mujer y los hijos. Acusaron a la “ideología de género” de cuestionar los roles de género que tradicionalmente han cumplido hombres y mujeres y, con ello, de fomentar la homosexualidad entre niños y niñas.

De estas movilizaciones, surgió la propuesta de crear un “Frente latinoamericano por el derecho a la vida y a la familia”, iniciativa que tuvo eco en varios países latinoamericanos y desde la cual se han realizado protestas en contra de los avances en derechos que las comunidades LGBTI y de mujeres han alcanzado en los últimos años –como el derecho al aborto o los derechos patrimoniales o de adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo-. Lo preocupante de este panorama es que, al mismo tiempo que estas iniciativas en contra de la “ideología de género” se fortalecen cada vez más a través de redes transnacionales, la violencia sistemática contra mujeres y comunidades LGBTI, por el hecho de no cumplir con los roles que tradicionalmente se asignan a hombres y mujeres, se mantiene e, incluso, aumenta. Por eso, ahora que más necesitamos cuestionar los roles de género tradicionales y la violencia involucrada en ellos es cuando presenciamos el fortalecimiento y la acogida de grupos que buscan mantener y reforzar un statu quo que ha vulnerado sistemáticamente los cuerpos y las vidas de mujeres y de personas con orientaciones e identidades de género diversas.

El caso de México no es aislado: en Colombia, el 10 de agosto de 2016 padres y madres de familia de diferentes ciudades colombianas también salieron a marchar para oponerse a la inclusión de la “ideología de género” en los currículos de los colegios. La polémica que condujo a las marchas se desató porque el Ministerio de Educación estaba promoviendo la difusión de unas cartillas de educación sexual que buscaban incluir la perspectiva de la igualdad de género para, de acuerdo con la Corte Constitucional, fomentar una educación no discriminatoria y respetuosa de la identidad y orientación sexual de los estudiantes. La diputada de Santander, Ángela Hernández –quien también asistió a la marcha en México-, aglutinó a los opositores de la propuesta del Ministerio de Educación alrededor del movimiento “Abanderados por la familia”.

Pancarta del movimiento Abanderados por la Familia.

Líderes de iglesias cristianas, sectores conservadores y padres y madres preocupados por la influencia del Estado sobre la educación sexual de sus hijos, salieron a las calles para defender los valores de la familia tradicional. A partir del lema “Con mis hijos no te metas” los opositores de las cartillas afirmaban que la “ideología de género” contenida en el plan de educación sexual del Ministerio iba a destruir a la familia y a promover la homosexualidad entre los niños y niñas del país. Meses después, este mismo movimiento que salió a marchar, acusaría al Acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC de contener “ideología de género” y, por ello, de ser potencialmente peligroso para las familias colombianas.

El 4 de marzo de 2017, Perú también gritó “Con mis hijos no te metas”. Sectores religiosos, conservadores, y padres y madres preocupados por la educación de sus hijos, salieron a las calles de varias ciudades para mostrar su inconformidad por el programa de educación sexual que el Ministerio de Educación estaba promoviendo con el fin de fomentar la equidad de género en los colegios. “Ideología de género no va”, “   El gobierno quiere homosexualizar a la niñez” y “Ministra, no homosexualices a nuestros hijos”, fueron algunos de los lemas que se escucharon en la marcha. Phillip Butters, líder de opinión y comentarista radial peruano, en un discurso pronunciado en medio de una plaza repleta, pidió la cabeza de la ministra de educación, Marilú Martens, bajo el argumento de que la propuesta de educación sexual del ministerio atentaba contra los valores tradicionales, al resaltar positivamente a las personas trans o a los homosexuales, quienes, para Butters, son enfermos con trastornos psicológicos graves.

En Brasil el panorama es bastante similar: en 2015, la Cámara Municipal de Manaus aprobó una ley que prohíbe la inclusión de la “ideología de género” en las escuelas municipales. Marcel Alexandre, promotor del proyecto, y miembro del Partido Movimiento Democrático Brasileño, celebró la promulgación de la ley y afirmó que constituía una victoria para las familias, pues, para él, el género es una ideología que busca adoctrinar a niños y niñas para promover una cultura de la homosexualidad. En esta misma vía, en enero de 2017, el Alcalde de Ariquemes en Brasil, promovió un proyecto que pretendía eliminar la ideología de género de los textos escolares, al señalar que la educación sexual debía ser un asunto de competencia de los padres y las madres y no de los colegios o del Ministerio de Educación.

Una mujer participa en una audiencia pública sobre el Plan Municipal de Educación de Rio de Janeiro. El debate se centró en la ideología de género. Foto: Ramon Aquim / Mídia NINJA.

Lo más preocupante de todas estas iniciativas es que han surgido en contextos en los que los crímenes en razón del género son la constante: en Colombia, solo en el 2016, se registraron 731 feminicidios, lo que da un promedio de 2,4 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres al día. En Perú, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, en ocho años han asesinado a 946 mujeres por el hecho de ser mujeres. Y, en Brasil, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Políticas para las Mujeres, aproximadamente 4,762 mujeres fueron asesinadas en 2013 por violencias asociadas al género. De igual manera, los cuatro países han sufrido las consecuencias de las violaciones a derechos humanos en razón de conflictos armados o dictaduras y han evidenciado cómo la violencia se ensaña de manera diferenciada sobre hombres y mujeres en virtud del género.

También se trata de países en los que, como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los actos de violencia contra personas LGBTI o percibidas como tal han ido en aumento y el acceso de estos grupos a los derechos sociales, económicos y culturales está colmado de obstáculos, debidos a la estigmatización y a las condiciones de marginalidad social en las que viven. Frente a esto, es particularmente preocupante la situación de las mujeres trans: según las cifras de la CIDH, la expectativa de vida de estas mujeres en los países interamericanos oscila entre 30 y 35 años, número alarmante que responde a la estigmatización que les impide acceder en buenas condiciones al sistema de salud, a la educación o al trabajo. De igual manera, las mujeres trans suelen ocuparse en oficios como la prostitución, en muchos casos, bajo condiciones precarias que las ponen en la mira de la violencia policial y de violencia sexual.

Este contexto nos muestra la importancia de articular políticas destinadas a formar ciudadanos empáticos que no perpetúen patrones de discriminación y estigmatización. Sin embargo, el fortalecimiento de los movimientos masivos y transnacionales que salen a marchar a favor de causas abiertamente homofóbicas, transfóbicas y sexistas pone en alto riesgo este objetivo. Por ello, es urgente movilizar proyectos educativos –quizás también transnacionales- que cuestionen los mitos y falsedades que rodean al tema de género, que respondan a muchas de las preocupaciones por las que padres y madres de familia salen a marchar, y que llevan a muchos a calificar al género como una “ideología”, cuando lo que, en últimas, pretende la perspectiva de género es evidenciar cómo el género es una experiencia vital para construir nuestra identidad; cómo esa construcción está, en muchas ocasiones, mediada por la violencia y por una distribución inequitativa de los recursos y del poder y cómo pensar en estrategias para que hombres y mujeres nos relacionemos de formas más igualitarias y equitativas. Esto, más que una amenaza, es una promesa que establece un compromiso con una sociedad más justa en la que nadie más sea asesinado o violentado por el hecho de tener una identidad u orientación de género determinada.

Foto: Ramon Aquim / Mídia NINJA