El 31 de enero de 2020, Dejusticia presentó un concepto jurídico ante la Corte Constitucional solicitando que despenalice el aborto a través de la adopción de un modelo de plazos. Esto, en el marco del proceso de demanda que la Corte estudia sobre el tema. 

El modelo de plazos consiste en garantizar que las mujeres puedan interrumpir libremente su embarazo hasta el primer trimestre. Además, que durante el segundo y tercer trimestre lo puedan hacer bajo las tres causales despenalizadas en Colombia mediante la sentencia C-355 de 2006.

Con nuestro concepto demostramos que el modelo de causales que se aplica actualmente enfrenta una serie de barreras que llevan a la violación de los derechos reproductivos de las mujeres, en particular del derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). De esta manera, el Estado desconoce la Constitución y se configura un déficit de protección respecto a los derechos de las mujeres, así como un acto discriminatorio.

Si bien reconocemos que el modelo de causales adoptado en el 2006 sirvió para dar los primeros pasos hacia la  garantía de los derechos de las mujeres, sostenemos que hay dos situaciones nuevas y estructurales que deben ser consideradas por parte de la Corte Constitucional al estudiar nuevas hipótesis de despenalización del aborto. 

La primera tiene que ver con los precedentes que ha sentado la Corte después de 2006, en decisiones que reconocen la IVE como un derecho fundamental, que establecen los estándares para protegerlo y las obligaciones del Estado para garantizar los derechos de las mujeres. 

La segunda situación es la persistencia de barreras institucionales, socioeconómicas y culturales para el acceso a la IVE, que en ocasiones surgen como consecuencia del modelo de causales. 

Las barreras en el modelo de causales

La exigencia arbitraria de requisitos por parte de las entidades prestadoras de salud a las mujeres es una de las principales barreras institucionales. Frecuentemente les piden demostrar que su embarazo fue producto de una violación (desconociendo la validez de la denuncia), presentar el certificado de un médico especialista que pruebe el riesgo a su salud física (demorando así la valoración) o la autorización de familiares, abogados o médicos para realizarse el procedimiento.

La principal barrera socioeconómica es el desconocimiento de las mujeres sobre sus derechos, que afecta especialmente a aquellas que tienen bajos ingresos y que viven en zonas rurales. Para ellas, en la práctica, la IVE no es un derecho sino un delito. Las cifras de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015 lo evidencian: quienes tienen más conocimiento de las causales de despenalización del aborto son las mujeres solteras, de zonas urbanas, menores de 20 años, con mayor nivel educativo, y en los quintiles de riqueza alto y más alto. 

Las mujeres más afectadas por estas barreras son quienes viven en lugares donde el Estado no llega o lo hace de manera precaria, y por ende, enfrentan dificultades para acceder a la atención en salud. Este es el caso de Montes de María, donde, además de la escasez de especialistas, instrumentos médicos y medicinas, “muchas mujeres deben hacer largos recorridos para acceder a la IVE, a anticoncepción o a medicamentos, lo que implica un gasto de dinero y tiempo que algunas no están en posibilidades de enfrentar”, como lo reveló nuestra investigación Un camino truncado, derechos sexuales y reproductivos en Montes de María. 

Todas estas barreras suelen estar atravesadas por los prejuicios y estigmas que muchos prestadores de salud e instituciones aún guardan en torno a la IVE. 

Como resultado de este análisis, proponemos la adopción de un modelo de plazos para avanzar hacia la despenalización del aborto. Creemos que bajo esta fórmula se superarían las barreras para acceder a la IVE, que afectan principalmente a las mujeres de condiciones vulnerables y zonas rurales. Además, se garantizarían que las mujeres no sean criminalizadas por sus decisiones autónomas protegidas por la Constitución.