En varias sentencias se señala que el Estado falló en el operativo para recuperar el Palacio. Sin embargo, en lo penal y lo disciplinario no hay ninguna condena.

El 20 de agosto de 1994 el Consejo de Estado abrió la primera puerta para que a través de unas 25 demandas, la Nación pagara millonarias indemnizaciones a los familiares de los civiles muertos en el Palacio de Justicia.

Esa es la única manera en que el Estado le ha respondido a los afectados por ese hecho, porque en el campo penal y disciplinario la Justicia, en 20 años, no ha podido condenar ni a ex guerrilleros, ni a agentes del orden involucrados en la contratoma de la edificación, en la que murieron 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En promedio cada condena osciló entre los 500 y 1.000 millones de pesos. Los familiares de los otros fallecidos también demandaron y ganaron, pero sobre ellos no hay certeza de cuánto recibieron.

En ese sentido, algunos juristas consideran que las condenas superarían los 10 mil millones.

El indulto al M-19

Unos millones más, unos millones menos, lo cierto es que los principales responsables fueron perdonados en favor de la paz.

El proceso penal contra miembros del M-19, que se encaminaba a una condena, terminó porque fueron indultados en un proceso que empezó en el gobierno Barco.

En esa época, julio de 1990, el M-19 pidió públicamente que los militares que participaron en la operación de rescate fueran perdonados. «Asumimos nuestra parte de responsabilidad en los hechos», dijo entonces Antonio Navarro Wolf, hoy senador y candidato presidencial.

La primera condena favoreció a los familiares del magistrado Carlos Medellín, y entonces la Justicia dijo que el Estado incurrió en evidentes fallas del servicio que, en primer lugar, permitieron la toma de la edificación y, en segundo término, originaron errores en el operativo de recuperación del sitio.

En esa oportunidad, el Ministerio de Defensa fue condenado a pagar a los familiares del inmolado más de 335 millones de pesos.

«Pero esa fue una de las más baratas. De ahí en adelante hubo condenas de 800 y 1.000 millones en especial a las familias de aquellos magistrados que tenían hijos pequeños», contó el ex ministro Carlos Medellín, hijo de uno de los juristas inmolados.

Luego fallaron las de los familiares de los magistrados Alfonso Reyes Echandía, Manuel Gaona, Miguel Velásquez, Horacio Montoya, Pedro Serrano, Carlos Urán y Lisandro Bosco Romero.

General (r) Arias fue restituido

A finales de 1990, la Procuraduría destituyó al general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada 13, por la operación de contratoma del Palacio de Justicia.

El fallo señaló que el oficial violó el derecho de gentes cuando comandó esa operación. Esa fue la única decisión disciplinaria que tomó la justicia colombiana.

Once años después, en el 2001, el Tribunal de Cundinamarca anuló la sanción porque consideró que cuando se inició la investigación ya había transcurrido el plazo estipulado por la ley para realizarla.

En el 2003 el Consejo de Estado ratificó la decisión que no solo tumbó el fallo sancionatorio, sino el decreto del gobierno que destituyó nominalmente a Arias Cabrales de su cargo.

?Se estimuló un desprecio por la vida en todo el país?

¿Qué significado tuvo la toma para la justicia?

La doble toma del Palacio de Justicia evidenció lo que podríamos llamar la doble vulnerabilidad de la rama judicial. Mostró que incluso su cúpula -la Corte Suprema estaba prácticamente indefensa frente a ataques violentos de actores ilegales como la guerrilla, pero que también estaba indefensa frente a las reacciones igualmente violentas del poder ejecutivo y de la Fuerza Pública.

Los angustiosos llamados del Presidente de la Corte para suspender temporalmente el operativo militar no fueron escuchados por el Presidente, lo cual mostró la debilidad y desprotección de la justicia frente al Ejecutivo.

¿Cuál fue el impacto en el país?

El sufrimiento ocasionado por las muertes y desapariciones ha sido enorme. Pero además tuvo consecuencias institucionales muy graves. Los operativos militares dejaron un terrible mensaje: en Colombia la vida de los funcionarios y la rama judicial podían ser sacrificadas en nombre del éxito militar, y eso en forma impune.

Ese desprecio impune por la vida de los rehenes en el centro de Bogotá indudablemente estimuló un desprecio por la vida semejante en todo el país. ¿Podemos entonces extrañarnos de que la guerra sucia y la violencia homicida se hayan disparado a partir de esos hechos?

¿Qué enseñanzas quedaron?

Al menos dos: de un lado, que es necesario superar esa doble vulnerabilidad del sistema judicial, protegiendo a los jueces frente a los actores privados pero igualmente asegurando su respeto por los otros poderes del Estado. A partir de la Constitución de 1991 ha habido algunos avances en ambos aspectos, pero todavía falta mucho.

Y, de otro lado, que tan grave como los actos terroristas puede ser la respuesta del propio Estado frente a esos actos. A la injustificable toma del Palacio por el M-19 respondió el Gobierno con un operativo igualmente injustificable, pues en ningún momento se tomaron las medidas básicas para proteger la vida de los rehenes.

A veces se ha intentado justificar ese operativo por la defensa de las instituciones y de la democracia. Pero es por lo menos paradójico que para defender la democracia se destruya uno de sus pilares, que es la existencia de un poder judicial independiente. Como lo dijo alguna vez el entonces Presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes, criticando los abusos del estado de sitio: «No se puede defender la democracia acabando con la democracia».

RODRIGO UPRIMNY
* Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.

El alumno de los magistrados

Al frente del comando del M-19 que ejecutó la toma al Palacio de Justicia se encontraba Andrés Almarales, un curtido combatiente guerrillero y exalumno de varios de los magistrados inmolados.

Junto con él integraban el grupo Luis Otero, Alfonso Jacquin, Luis Elvencio Ruiz y Ariel Sánchez, junto con otros 35 combatientes.

Almarales murió, al parecer, dentro de la edificación el día de la toma. Pero su esposa, María Rodríguez, y el senador Gustavo Petro sostienen que hay testigos que lo vieron salir vivo y haciendo con una de sus manos la ?V? de victoria.

Los mismos testigos aseguran que después de salir las autoridades lo montaron en una ambulancia. Terminada la retoma, el cadáver de Almarales apareció en el palacio con un tiro que le atravesó la cabeza a nivel de la sien.

Su esposa sugiere que fue asesinado, toda vez que, según ella, en un estado de confusión como el de la retoma era imposible que un disparo fuera tan preciso. Un periodista que debió exiliarse por amenazas aseguró que lo mataron en la ambulancia y regresaron su cuerpo al palacio.

?Fue un error político?: M-19

Veinte años después, Otty Patiño, ex dirigente del desaparecido Movimiento 19 de Abril (M-19), cree que la principal lección que les dejó el episodio del Palacio de Justicia fue, sin duda, que cometieron una equivocación.

«Siempre que se hace una operación de fuerza uno tiene que calcular los resultados políticos. Si se trata forjar un diálogo, hay que saber que la contraparte está en disposición y en capacidad de dialogar; lo que no ocurrió con Belisario Betancur», afirma.

«Hubo un error de apreciación política», agrega.

Pero además de subestimar la respuesta del gobierno del presidente Betancur, reconoce que el comando que ejecutó la toma cometió equivocaciones. «Una de ellas fue la de no estar preparados para mantener la toma. No hubo la capacidad de sostenerla, eso fue evidente por los resultados».

Patiño considera que la consecuencia más grave para el M-19 fue la pérdida del espacio político.

«Fue un duro golpe para el prestigio político que el M-19 había ganado. Los espacios políticos se recortaron mucho, el dolor que sintió y que aún siente el país por ese hecho afectaron y afectan la imagen del M-19 y de sus miembros».

El grupo, dice, dio la cara. Sostiene que, por el contrario, hay sectores que no lo han hecho: «La institucionalidad, el ex presidente Betancur y las Fuerzas Militares no han frenteado este hecho con la altura que se necesita».

Sin embargo, cree que el indulto otorgado al M-19 frustró la posibilidad de conocer su parte de la historia.

Sobre las versiones de la posible financiación del narcotráfico para la toma, Patiño las califica como una infamia.

«Fue el pretexto para justificar la actitud arrogante y de no diálogo del Estado en ese momento… Hay un fallo del Tribunal de Cundinamarca, que dice que no hubo tal financiación y que la intencionalidad era política, no era quemar unos archivos».