El cuidado nunca se detiene. Para las empleadas domésticas, comienza muy temprano; para las migrantes, se extiende en dobles y triples jornadas; para las mujeres privadas de la libertad, se ejerce a la distancia y sin recursos. Para todas, en zonas rurales y urbanas, es urgente aplicar algo que la economista feminista Diane Elson difinió como las 3R: reconocer, redistribuir y reducir. Este enfoque, adoptado por la OIT, la CEPAL y ONU Mujeres, busca visibilizar el trabajo de cuidados, distribuirlo equitativamente entre el Estado, la sociedad y los hogares, y reducir su carga mediante políticas públicas que garanticen acceso a servicios esenciales y a una infraestructura adecuada para ejercer los cuidados.

En Colombia, el trabajo de cuidado no remunerado representa aproximadamente el 20% del PIB, según datos del DANE en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, pero sigue sin ser reconocido ni compensado de manera justa. A pesar de su enorme contribución a la economía y al bienestar social, son las mujeres, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad, quienes asumen la mayor carga sin acceso a derechos básicos. En promedio, destinan 7 horas diarias a estas tareas, mientras que los hombres solo invierten 3 horas, una brecha que profundiza las desigualdades en el acceso a oportunidades económicas, educativas y de descanso.

Frente a esta realidad, las Mesas Intersectoriales de Economía del Cuidado (MIEC) se han conformado como espacios de articulación en 12 territorios del país, donde activistas y expertas visibilizan el impacto del trabajo de cuidados a través del análisis de datos, la formación y la incidencia. «Nosotras vamos por la paridad: 50% del trabajo doméstico no remunerado en los hogares debe ser asumido por los hombres y 50% por las mujeres”, explica Ana Isabel Arenas, representante de la MIEC en Bogotá.

Esta redistribución equitativa del cuidado permitiría que las empresas no sigan justificando la falta de contratación de mujeres bajo el argumento de que ellas deben pedir permisos para atender responsabilidades familiares como reuniones escolares o citas médicas de sus hijes.

Sumado a esto, el acceso a servicios de cuidado en Colombia es profundamente desigual y refleja las brechas económicas del país. Según el DANE, el 79,2% de la población pertenece a los estratos 1, 2 y 3, lo que la ubica en condición de pobreza o vulnerabilidad económica, dificultando la posibilidad de costear trabajadoras domésticas remuneradas. Ante esta realidad, muchas mujeres en sectores populares recurren a familiares que prestan cuidados no remunerados a sus hijes mientras trabajan, generando una cadena de cuidados precarizados.

Mujeres migrantes

La situación de las mujeres migrantes en Colombia es aún más alarmante: huyen de la crisis en sus países con la esperanza de encontrar apoyo, pero muchas terminan atrapadas en nuevas formas de explotación. Algunas migran en busca de atención médica para un familiar enfermo, mientras que otras, siendo madres, enfrentan barreras para garantizar la educación de sus hijos debido a la falta de caminos para la regularización.

La Fundación Mulier, creada en Riohacha por y para mujeres migrantes, ofrece atención psicosocial y espacios de formación a cuidadoras. Coralia Vásquez, una de sus integrantes, cuenta que ser mujer migrante muchas veces significa estar expuesta a la violencia de género, la sexualización y la xenofobia. Suelen trabajar en la calle o en casas, en jornadas extenuantes, sin acceso a salud, sin redes de apoyo, llevando a sus hijos consigo porque no tienen dónde dejarlos. No solo trabajan: cuidan, educan y sostienen sus vidas y las de sus familias a ambos lados de la frontera.

La explotación laboral es una constante. Un estudio de la organización, basado en grupos focales, reveló que muchas mujeres trabajan jornadas de 15 o 16 horas al día, sin contrato y con ingresos de entre 200 mil y 400 mil pesos al mes. La violencia económica y patrimonial es parte de su cotidianidad: sus parejas les quitan el dinero, les rompen el celular, les prohíben comprar ropa o maquillarse y controlan hasta el más mínimo gasto del mercado, expone Vásquez.

Por otro lado, la falta de garantías para cuidar en condiciones dignas también empuja a muchas mujeres a la ilegalidad. De acuerdo con el informe Mujeres en prisión: violencias que atraviesan muros, de la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión, cinco de los diez delitos más cometidos por mujeres en el país están relacionados con la falta de ingresos. En primer lugar del ranking están los delitos vinculados a drogas en pequeña escala.

Mujeres privadas de la libertad

La feminización de la pobreza y las barreras para acceder a oportunidades laborales han llevado a un incremento de la criminalidad femenina en Colombia, especialmente en delitos económicos, como el tráfico de drogas a pequeña escala, el hurto, la extorsión y la estafa. Muchas de estas mujeres son cuidadoras que, ante la imposibilidad de encontrar trabajos remunerados, terminan en redes de microtráfico o economías ilícitas como única opción para sobrevivir y sostener a sus familias. El sistema penitenciario, diseñado por y para hombres, no sólo invisibiliza sus necesidades, sino que las expone a nuevas violencias.

Garantizar el derecho a cuidar en condiciones dignas implica que la sociedad, el Estado y el sector privado asuman su corresponsabilidad. Por eso en el 2007, el gobierno incluyó por primera vez tres preguntas sobre el cuidado en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), la principal encuesta nacional sobre condiciones de vida en Colombia. Este fue un hito importante en la visibilización del trabajo de cuidado, resultado de una larga lucha por su reconocimiento en las estadísticas oficiales.

En 2010, las congresistas Cecilia López y Gloria Inés Ramírez promovieron la Ley 1413 de Economía del Cuidado, que estableció la obligación de medir el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en el país. A partir de esta ley, el debate se fortaleció y abrió el camino para políticas públicas como las Manzanas del Cuidado y la creación de sistemas territoriales de cuidado en Cali, Nariño y Antioquia desde 2020, impulsados en el contexto de la pandemia.

Sin embargo, el proceso ha sido lento y aún queda mucho por hacer. La creación de un sistema de cuidado requiere no solo conocer la magnitud de esta labor, sino también estructurar políticas que garanticen servicios adecuados y protejan los derechos de quienes cuidan. El CONPES 4143 de Economía del Cuidado es un avance en este sentido, al establecer lineamientos para una política pública integral. Pero su implementación efectiva sigue siendo un reto. 

El derecho a cuidar y ser cuidado

Finalmente cuidar en condiciones dignas significa que quienes brindan cuidados, ya sea a sus hijes, a una persona mayor o a alguien con discapacidad, lo hagan sin sobrecarga  y sin renunciar a su propio bienestar y proyecto de vida. El trabajo de cuidado puede ser remunerado y no remunerado y en ambos casos el Estado debe garantizar las condiciones para que se protejan los derechos de quienes lo realizan. Una madre que trabaja y cuida de su hija no debería tener que elegir entre su empleo y su familia. Una trabajadora doméstica debe recibir un salario justo y seguridad social.

Cuando el cuidado se ejerce en condiciones dignas, toda la sociedad se beneficia, porque es un trabajo que todas, todos y todes vamos a necesitar en diferentes momentos de nuestras vidas.

El derecho a cuidar y a ser cuidado no puede seguir dependiendo únicamente de las mujeres.