SE VEÍA VENIR. PARA HACERSE ELEGIR, el procurador Ordóñez prometió que no le haría conejo a las sentencias de la Corte Constitucional que riñen con su moral conservadora, pero que son de obligatorio cumplimiento, como las que protegen los derechos de los homosexuales y el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo cuando es violada, es víctima de incesto o su salud corre grave peligro, entre otros casos.

Una vez elegido, el Procurador sacó el conejo del sombrero: nombró a Ilva Myriam Hoyos, reconocida jurista conservadora y declarada enemiga del aborto, como Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia. El problema, claro, es que entre las obligaciones de la doctora Hoyos está velar porque los funcionarios públicos cumplan con el fallo del aborto que tanto repudian.

El resultado de semejante cortocircuito no se hizo esperar. La semana pasada se supo que Hoyos cortó de tajo la asesoría técnica gratuita que la ONG Women’s Link le venía prestando a la Procuraduría para implementar la sentencia. La “coincidencia” es que Women’s Link es la organización con la que Hoyos perdió, como abogada y catedrática, la pelea jurídica del aborto.

La carta de Hoyos a Women’s Link trata de justificar lo injustificable. Dice que la Procuraduría no puede “corresponsabilizar” de sus funciones “a organizaciones nacionales ni a organizaciones extranjeras”. Con esa lógica, todas las entidades estatales tendrían que dar por terminados todos los contratos y convenios con cualquier entidad que coopere con ellas en el cumplimiento de sus funciones, incluyendo universidades, ONG, agencias de cooperación internacional, la ONU y, claro, la misma Iglesia Católica (una entidad extranjera con sede en el Vaticano, cuyos sectores conservadores son tan afines a la actual Procuraduría).

Y remata la carta con un argumento traído del mundo al revés. Dice que Women’s Link podría tener un conflicto de intereses por haber litigado el caso del aborto ante la Corte. Lo increíble es que la doctora Hoyos no se da cuenta de que el posible conflicto de intereses lo tiene ella. Porque, habiendo sido una activísima abogada contra el aborto, hoy es la funcionaria encargada de vigilar a los servidores públicos —médicos, enfermeras, administradores de hospitales, etc.— que siguen poniendo todo tipo de trabas a las mujeres que piden la interrupción del embarazo en los casos permitidos.

Aquí es donde el asunto deja de ser una pelea entre abogados y se convierte en una tragedia social. Porque, como lo mostró hace poco la prestigiosa revista médica The Lancet, la sentencia se ha quedado en el papel y las mujeres siguen teniendo que arriesgar su vida en centros clandestinos para interrumpir el embarazo. Las cifras son contundentes: en los tres años de vigencia del fallo, se han practicado sólo cerca de 3.000 abortos seguros en los eventos permitidos por la Corte, mientras que los abortos clandestinos (legales e ilegales) están entre 320.000 y 450.000.

La razón es que muchos siguen haciéndole conejo a la sentencia: no sólo funcionarios públicos, sino también EPS, clínicas privadas y médicos que ni practican abortos ni remiten a las mujeres, como es su deber, a profesionales que sí lo hagan. Para no hablar de los jueces que siguen negando tutelas que mujeres desesperadas interponen como último recurso. De ahí los casos aberrantes, como la tutela de la niña con síndrome de Down que fue violada y a quien todos le negaron su derecho a abortar.

La historia sería otra si el Estado, comenzando por la Procuraduría, hiciera cumplir el fallo. Pero ya vemos que nos metieron gato por liebre.