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Conflictos mentales

Nelson Camilo Sánchez León
abril 9, 2010

Publicado en: Semana

Las contradicciones oportunistas del Gobierno sobre la existencia del conflicto armado afectan tanto a las víctimas como a la defensa internacional del Estado.

 

Las contradicciones oportunistas del Gobierno sobre la existencia del conflicto armado afectan tanto a las víctimas como a la defensa internacional del Estado.

La coherencia es un valor bien escaso en la política colombiana. Basta con ver a los candidatos de los partidos uribistas – y a sus equipos de campaña- para darse cuenta de cómo los odios de un día se convierten en amores al día siguiente, y de cómo las posiciones de hoy serán fácilmente olvidadas más temprano que tarde.

Esa incoherencia que tanto resultado parece dar en la política, puede resultar muy peligrosa cuando se lleva a escenarios jurídicos. Sobre todo, cuando se intenta usar a nivel internacional. Sin embargo, de eso no parece darse cuenta el gobierno colombiano.

Me refiero específicamente a la defensa internacional del Estado basada en la existencia de un conflicto armado interno. Esta carta fue jugada recientemente por el gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en dos asuntos de mucha importancia para el país: el bombardeo al campamento de Raúl Reyes en Ecuador y las desapariciones del Palacio de Justicia.

En los dos casos, el gobierno colombiano se negó a debatir de frente los cuestionamientos (estrategia de por sí poco decorosa e inteligente) y se limitó a argumentar que como los dos hechos habían ocurrido en medio de un conflicto armado, los tribunales de derechos humanos no tenían nada qué decir. Según el gobierno, en estos casos lo que aplica es el derecho internacional humanitario (el derecho de los conflictos), pero no los derechos humanos.

Lo paradójico es que ante ese mismo escenario, el gobierno colombiano ha negado sistemáticamente la existencia de un conflicto armado. Hace menos de un año, por ejemplo, cuando esa Comisión redactó un informe en donde se hacía referencia al conflicto colombiano, el gobierno le reviró rabiosamente diciendo: «el término de “conflicto armado” no tiene cabida para el caso colombiano por tratarse de una democracia –con división de poderes y garantías para la oposición política- que está amenazada por el accionar terrorista de unos grupos armados organizados al margen de la ley… financiados [por el] tráfico de drogas ilícitas y del secuestro de civiles, [y que] son objeto de rechazo del pueblo colombiano de manera total y reiterada».

¿Entonces qué, hay o no hay conflicto? Pareciera ser que el mejor abogado de Ecuador es el propio gobierno colombiano. Argumentar tan ligeramente que la existencia de un conflicto armado libera a un Estado de sus obligaciones en materia de derechos humanos es de entrada un exabrupto. Pero a eso sumarle los conflictos de personalidad del gobierno frente a la existencia del conflicto armado, es tanto como empacar el regalo y de una vez ponerle el moñito.

Pueda ser que el próximo gobierno entienda que esa actitud incoherente y oportunista frente a la existencia del conflicto armado interno, que tanto daño les ha hecho a las víctimas, está mandada a recoger. En las próximas elecciones tendremos una nueva oportunidad para castigar tanta incoherencia y oportunismo político, aprovechémosla.

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