La transición energética ha sido presentada globalmente como una respuesta necesaria frente a la crisis climática, pero su implementación concreta ha revelado profundas tensiones entre sostenibilidad ambiental y justicia social. En territorios como La Guajira, donde históricamente han convergido el abandono estatal, el extractivismo y la resistencia indígena, estas tensiones se hacen evidentes.

El libro Transición energética justa para La Guajira, que lanzamos recientemente como parte de nuestra colección sobre emergencia climática y derechos humanos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, parte de una pregunta urgente: ¿puede existir una transición energética verdaderamente justa en contextos marcados por desigualdades estructurales, racismo y despojo territorial? En esta publicación ofrecemos una mirada crítica a cómo se distribuyen las cargas y los beneficios de esta transición, y qué papel juegan en ella los derechos humanos, la participación efectiva y los saberes de las comunidades.

Lo que está en juego no es solo el modelo energético del futuro, sino también quiénes lo construyen y desde qué lugares de poder o exclusión. Bajo el discurso de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, proyectos de transición energética en América Latina han reproducido lógicas de despojo y desigualdad que caracterizan históricamente al extractivismo clásico. Lejos de representar una ruptura con el modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de bienes naturales, el llamado «extractivismo verde» se traslada hacia recursos renovables como el sol y el viento, así como hacia minerales estratégicos como el litio o el cobre, indispensables para las tecnologías limpias.

Estos proyectos se caracterizan por su gran escala, la baja generación de empleo local, el acaparamiento de tierras y una distribución profundamente desigual de beneficios y cargas: mientras la energía y la riqueza generada se dirigen hacia el Norte global o grandes centros urbanos, las comunidades locales enfrentan las afectaciones ambientales, sociales y culturales de una transición que no eligieron ni controlan. En última instancia, lo que se perpetúa no es solo la extracción de recursos, sino un modelo de acumulación sostenido en jerarquías del poder global.

Esta investigación analiza cómo la transición energética en La Guajira se ha desarrollado en un contexto de profundas desigualdades estructurales, preguntándose si realmente distribuye las cargas de forma equitativa y respeta los derechos humanos de las comunidades, especialmente del pueblo Wayuu.

La Sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional en la Media y Alta Guajira, evidenció la omisión sistemática del Estado frente a la garantía de los derechos fundamentales del pueblo Wayuu. En este contexto, la llegada de proyectos eólicos a la región no solo perpetúa la exclusión, sino que también ignora las formas propias de autoridad, organización y territorialidad indígena.

La falta de agua en La Guajira afecta gravemente tanto a la población Wayuu como a la flora y fauna local, poniendo en riesgo el derecho a la alimentación. La sequía prolongada y la alteración de los ciclos de lluvia debido a los proyectos minero-energéticos han empeorado esta situación, obligando a las comunidades a depender de la compra de alimentos, alterando su dieta tradicional.

Los procesos asociados a la transición energética en La Guajira están marcados por relaciones desiguales entre el Estado, las empresas y las comunidades. En el estudio identificamos una disparidad estructural en el diálogo, caracterizada por una alianza estrecha entre Estado y empresas, y una débil presencia institucional en el territorio. Esta dinámica responde a una lógica de enclave, donde los beneficios económicos se extraen sin dejar mayores ganancias locales. Además, existe una desconexión ontológica profunda: un choque entre las formas de entender el territorio por parte del pueblo Wayuu y la visión del Estado y las empresas. Esta brecha no solo dificulta el entendimiento, sino que perpetúa el racismo, la desigualdad y el extractivismo.

Entonces, ¿cómo repensamos la transición?

Una transición energética justa debe ir más allá de lo ambiental, integrando dimensiones sociales, culturales y territoriales. Es esencial garantizar una justicia distributiva que asegure un reparto equitativo de beneficios y cargas; una justicia procedural que promueva una participación efectiva, consulta previa y gobernanza indígena; y una justicia restaurativa que repare los daños históricos del extractivismo y restaure la confianza entre las comunidades, el Estado y las empresas. 

En este sentido, el rol del Estado es fundamental para equilibrar las relaciones de poder y asegurar que los procesos no dependan exclusivamente de empresas privadas que controlan la consulta y la infraestructura en contextos de alta precariedad. Esto implica diseñar modelos de desarrollo que respondan a los planes de vida de las comunidades, fomentar alianzas público-comunitarias, y garantizar empleos dignos y compensaciones justas sin crear nuevas formas de dependencia o conflicto social.

Además, es fundamental reconocer la justicia epistémica, validando los saberes y cosmovisiones indígenas en la toma de decisiones, y la justicia intergeneracional, para proteger los derechos y el entorno de las futuras generaciones.

Solo cuando las comunidades más vulnerables, como el pueblo Wayuu, sean protagonistas en la construcción de un nuevo modelo energético, arraigado en la justicia social y los derechos humanos, podremos hablar de una verdadera transformación sostenible y justa para todos.

Descarga el libro Transición energética justa para La Guajira en el archivo adjunto a esta nota.