Consideramos inconveniente ponerle límite de tiempo al aborto en Colombia

Por: Dejusticiaoctubre 17, 2018

La Corte Constitucional discute sumar límites temporales a las tres causales por las que está despenalizada la interrupción voluntaria del embarazo. Para Dejusticia, esto pondría en riesgo la salud de las mujeres y aumentaría las barreras para acceder a este derecho.

Aborto, IVE, Colombia
Con más trabas, las mujeres podrían verse obligadas a acudir a abortos clandestinos o a llevar a término embarazos que amenazan su salud y sus vidas. | Óscar Pérez, Cortesía El Espectador

A propósito del caso de una mujer que, debido a dilaciones impuestas por el sistema de salud, solo pudo acudir a la interrupción voluntaria del embarazo en una semana avanzada de gestación, la Sala Plena de la Corte Constitucional se reúne para discutir la posibilidad  de poner un límite de tiempo a la interrupción del embarazo en las tres causales aceptadas.

Lo anterior, pese a que el aborto es legal en nuestro país desde hace 12 años en tres causales específicas: i) cuando el embarazo sea un peligro para la vida o la salud de la mujer; ii) cuando exista inviabilidad fetal, y iii) cuando el embarazo se dé por violación o inseminación artificial no consentida.

Sin embargo, en la práctica, las mujeres deben enfrentar numerosos obstáculos para acceder a este derecho, y sumar una limitación de tiempo solo lo dificulta aún más.


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En esa medida, Dejusticia presentó una intervención ante la Corte Constitucional en la que sostuvo que debido a las diferentes barreras que actualmente enfrentan las mujeres para acceder a la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), es inconveniente referirse a las semanas de gestación como criterio para garantizar la satisfacción de este derecho; además, en un sistema de causales de despenalización como el adoptado por Colombia, la IVE es un derecho fundamental que debe garantizarse a lo largo de los tres trimestres de embarazo.

En nuestra intervención sostenemos que la posibilidad que contempla la Corte Constitucional sería inconveniente, pues, por un lado, las causales de peligro para la vida de la madre y la inviabilidad fetal podrían diagnosticarse en semanas avanzadas de gestación; y, por otro, adicionar un límite de tiempo aumentaría las barreras que ya existen para las mujeres y que deben enfrentar a diario para acceder a este derecho.

Si en un sistema de causales las mujeres están expuestas a enfrentar barreras de que dilatan el tiempo de acceso a la IVE y, además, se impone una restricción en razón de las semanas, la garantía del derecho se hace prácticamente inviable. En este panorama, las mujeres estarían sometidas a obstáculos temporales, institucionales y culturales que las harían continuar con el embarazo incluso al estar inmersas dentro de las tres causales legales, lo que las obliga a sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes.

De hecho, los países que adoptan un modelo de causales, como Colombia, no suelen someter la práctica del aborto a un plazo restrictivo, pues reconocen que el diagnóstico o identificación de tales causales puede darse incluso en las semanas más tardías. En el caso de malformaciones incompatibles con la vida y riesgo para la vida o la salud (física y mental) de la mujer, las jurisdicciones que han legalizado el aborto coinciden en no imponer límites de tiempo. Un sistema que garantice la vida de la mujer y los estándares internacionales en materia de derechos humanos no establece límites de semanas en casos extremos, como son los propios de los sistemas de causales.

 

Sumar obstáculos

En nuestra intervención, exponemos otras barreras que enfrentan las mujeres para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, y que con un límite de tiempo solo se agravarían.

Ante la solicitud de interrumpir un embarazo, es común que los hospitales y profesionales no estén bien informados y desconozcan el verdadero alcance de las causales despenalizadas. Es usual que les pidan a las mujeres requisitos adicionales a los exigidos legalmente, lo que alarga el tiempo de espera para acceder a este derecho.

La falta de centros médicos, especialmente en las regiones, es otro obstáculo que no permite a las mujeres de las zonas más alejadas acceder a un aborto legal, seguro y oportuno. A esto se suman, además, las fallas en la prestación del servicio y la inseguridad de los procedimientos.  El estigma en torno al aborto también tiene consecuencias graves para las mujeres, y genera barreras adicionales, que impiden que su decisión sea libre, consentida e informada.

El acceso a la IVE se ve truncado por la opacidad de la información, pues aún muchos prestadores del servicio e instituciones del Estado desconocen las normas vigentes en este tema. A esto se suma la dificultad de encontrar cifras exactas y confiables sobre la práctica de abortos, pues aún prevalece una cultura de clandestinidad y tabú frente a este tema.

Por estas razones es preocupante que se contemple la posibilidad de imponer un límite de tiempo a la interrupción voluntaria del embarazo. Con más trabas, las mujeres podrían verse obligadas a acudir a abortos clandestinos o a llevar a término embarazos que amenazan su salud y sus vidas. Esta última posibilidad ha sido considerada por la Corte Constitucional como una carga desproporcionada para las mujeres, y por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como una violación al derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

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