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Contra la ley esco-Lleras

César Rodríguez Garavito
abril 18, 2011

Publicado en: El Espectador

“CONSTRUIMOS DEMASIADOS MUros, pero muy pocos puentes”, dijo alguna vez Isaac Newton, uno de los grandes creadores de la historia. Una prueba es el proyecto de “ley Lleras”, que levantaría un formidable muro contra la circulación de materiales y el uso creativo de la internet en el país.

 

“CONSTRUIMOS DEMASIADOS MUros, pero muy pocos puentes”, dijo alguna vez Isaac Newton, uno de los grandes creadores de la historia. Una prueba es el proyecto de “ley Lleras”, que levantaría un formidable muro contra la circulación de materiales y el uso creativo de la internet en el país.

Por proteger desmedidamente un interés legítimo (el de los autores pirateados en la red), el proyecto pone en peligro el acceso de los colombianos a publicaciones, música y otros materiales del ciberespacio. Y por ser tan vago, trataría a todos los creativos como si fueran piratas —incluso a los blogueros que agregan contenidos de otras páginas, o los músicos que mezclan innovadoramente melodías existentes en la red—. A todos ellos los ve como la reencarnación de los piratas del Caribe, contra los que hay que construir murallas de censura y amenazas de cárcel: las esco-Lleras del siglo XXI.

Así lo sugiere el tono marcial que el Gobierno ha usado para defender la ley. “Que se tengan de atrás” los piratas, advirtió el ministro Vargas Lleras al proponerla. “Este es un nuevo frente de batalla”, agregó el ministro Rivera al reaccionar contra las protestas de ciberactivistas que sabotearon páginas virtuales del Gobierno, como si estuviera hablando de temibles bandas armadas.

De ahí que crezca el debate y el descontento en Facebook, Twitter y blogs. Debate que confirma la importancia de la deliberación democrática, que es posible sólo si la internet se mantiene libre y neutral.

Ya los expertos han explicado los problemas del proyecto. Carolina Botero, de Creative Commons, señaló el peligro (y, agrego yo, la inconstitucionalidad) de darles a los proveedores privados de internet el poder de restringir la libertad de expresión virtual, al encargarlos de decidir en primera instancia si una queja de piratería es fundada y retirar del ciberespacio el contenido acusado. Botero también resalta los gaseosos artículos que permitirían revelar información privada sobre los usuarios, y que no fijan con claridad los límites a los derechos de autor (que sí existen para las obras físicas para permitir, por ejemplo, el uso de materiales en bibliotecas).

El viejo modelo de derechos de autor de las disqueras y las editoriales convencionales hace agua alrededor del mundo, como lo recordó el creador digital Pablo Arrieta en su blog contra la ley. Ninguna muralla puede contener el dinamismo de millones de usuarios que encuentran formas innovadoras de compartir y circular contenidos. Además, para la gran mayoría de cantantes, escritores o cinematógrafos, el desafío no es cómo no ser pirateado, sino cómo hacerse conocer en internet. Por eso, hay que promover, en lugar de reprimir, formas novedosas de creación y distribución.

Por lo demás, en un país donde los policías y jueces no dan abasto para castigar a los homicidas, ¿quién va a perseguir a las miles de personas que encajarían en la definición de piratas de la ley? En cárceles hacinadas, ¿dónde cabrían los supuestos ciberpiratas que serían condenados a pasar entre cuatro y ocho años en prisión?

Afortunadamente, el Gobierno parece estar tomando nota. Dudo que Vargas Lleras, que ha mostrado un talante liberal, quiera pasar a la historia prestándole su apellido a una ley impopular y represiva. Una buena señal es el anuncio de que abrirá en el Congreso el debate que debió haber promovido antes de presentar la ley.

Allí se deberán tener en cuenta no sólo los intereses de las industrias tradicionales, sino también los derechos a la libertad de expresión y de acceso al conocimiento de millones de colombianos que no tienen quién haga lobby por ellos. Habrá también que recordar que la economía del futuro, la de las ideas, está basada en la colaboración, como lo escribió el economista Juan Camilo Cárdenas. Y que las restricciones —especialmente si implican cárcel— deben ser excepcionales y apuntar sólo a los piratas profesionales.

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