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Contra lo malo: transparencia

Rodrigo Uprimny Yepes
septiembre 17, 2017

Publicado en: El Espectador

Mientras se toman medidas más profundas para enfrentar la grave crisis judicial que vivimos, las propias Cortes y la Fiscalía deben adoptar acciones inmediatas de transparencia para enfrentar la corrupción y que la ciudadanía recobre algo de confianza.

 

Es bueno que la Corte Suprema le haya pedido públicamente al magistrado Gustavo Malo que renuncie, para que la investigación en su contra no afecte el funcionamiento ni la legitimidad del tribunal, ya gravemente erosionada por las evidencias que se han hecho públicas sobre posible corrupción de sus expresidentes Ricaurte y Bustos.

Como haciendo honor a su nombre, es realmente malo que este magistrado se haya negado a renunciar inmediatamente, invocando la presunción de inocencia. Ese argumento es inaceptable pues, como lo sostuve en el caso Pretelt, es un deber moral de un servidor público renunciar cuando las acusaciones en su contra adquieren tal envergadura y generan tal escándalo público que le hacen imposible ejercer apropiadamente sus funciones, ya sea porque está todo el tiempo ocupado en defenderse o porque sus actuaciones quedan afectadas por sospechas permanentes. Y eso ocurre frente al magistrado Malo, quien debería renunciar a su cargo para proteger hasta donde sea posible la integridad de la función judicial, incluso si es inocente, pues esa renuncia al cargo no es una renuncia a su presunción de inocencia. Es más, la renuncia le permitirá ejercer mejor su derecho de defensa pues lo hará sin que ésta interfiera con su función judicial.

Pero es realmente insuficiente que la Corte Suprema se limite a exigir la renuncia de este magistrado pues este tribunal, y las demás cortes, pueden y deben tomar inmediatamente otras medidas, que no requieren ninguna reforma legal y son útiles en la lucha contra la corrupción judicial por cuanto incrementan la transparencia de las cortes.

En un comunicado conjunto de Dejusticia y la Corporación Excelencia en la Justicia proponemos 20 medidas que las Cortes y la Fiscalía deberían adoptar inmediatamente con ese propósito. Cito algunas de ellas: publicar las hojas de vida completas y las declaraciones de renta de los magistrados titulares y de los magistrados auxiliares de todos los despachos; divulgar los mecanismos que se están empleando para elegir los funcionarios y empleados en provisionalidad pues estos cargos no son nombrados a través de concursos y se hacen en forma opaca, lo cual facilita formas de clientelismo judicial; proponemos igualmente que, para evitar intercambios de favores semejantes a los que llevaron a la nulidad de la relección de Alejandro Ordóñez, sean públicos los nombres de los magistrados que tienen familiares cercanos en cargos de libre nombramiento en el Gobierno, en la Fiscalía, en los organismos de control o en el Congreso, etc.

Es indudable que la crisis judicial que vivimos es grave y requerirá medidas más profundas, como por ejemplo modificar la designación de los magistrados y su rendición de cuentas, restableciendo, con ajustes, la comisión de aforados. Pero mientras esa necesaria reforma judicial es debatida y aprobada, las propias Cortes y la Fiscalía deben adoptar acciones inmediatas de transparencia para enfrentar la corrupción y que la ciudadanía pueda recobrar alguna confianza en la justicia.

 

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