“Es mejor que cierre” fueron las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la noticia del congelamiento de recursos de USAID. En 2024, México se ubicó entre los primeros nueve países de la región latinoamericana que más recibieron financiamiento de Estados Unidos (EE.UU.) a través de esta agencia, con un apoyo de 77.7 millones de dólares. Con estas cifras, vale la pena desentrañar las razones por las cuales la mandataria se inclina hacia el cierre. Razones que tienen que ver con el carácter y la pertinencia de la cooperación internacional en países del sur global, cuya historia está ligada a lógicas coloniales y expansionistas de países como EE.UU. La coyuntura del congelamiento de recursos supone al mismo tiempo la necesidad de replantear la responsabilidad de los Estados para llenar este vacío fortaleciendo sus ingresos, canalizándolos eficazmente a los Estados locales y garantizando la independencia de la sociedad civil.

Raíces de una cooperación asimétrica

Históricamente, EE.UU. ha intervenido en América Latina en múltiples ocasiones, generando crisis políticas, económicas y sociales en la región. Estas intervenciones han incluido acciones militares, apoyo a golpes de Estado y políticas económicas que han afectado la estabilidad de varios países latinoamericanos, así como la misma cooperación para el desarrollo.

En México, la lógica intervencionista de EE.UU. es de largo aliento. Una de las intervenciones más significativas se dio en el siglo XIX. Entre 1846 y 1848 tuvo lugar una guerra conocida como la intervención Estadounidense que desembocó en la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo. Con éste, México cedió más de la mitad de su territorio a EE.UU., incluyendo los actuales estados de California, Texas, Nuevo México y Arizona. Esta pérdida territorial tuvo profundas repercusiones en el desarrollo económico y político de México. La intervención obedecía a la denominada Doctrina Monroe cuyo lema “América para los americanos” alimentaba el sentimiento nacionalista y de grandeza “americana”. Inicialmente, esta doctrina obedeció a la lógica anticolonial promovida para prevenir intervenciones europeas en territorios de occidente, pero con el tiempo esta lógica fue mutando. Poco a poco se convirtió en una herramienta para tener un área de influencia propia y exclusiva en el continente americano.

Durante las primeras décadas del siglo XX, EE.UU. influyó en la política mexicana apoyando o rechazando distintos gobiernos según sus intereses. Tal fue el caso de la ocupación de Veracruz el 21 de abril de 1914, donde fuerzas estadounidenses ocuparon este puerto en razón a la oposición de EE.UU. al régimen de Victoriano Huerta. La ocupación se prolongó hasta noviembre de ese año, cuando las tropas estadounidenses se retiraron para darle el poder a Venustiano Carranza.

Luego, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la coyuntura posguerra supuso un nuevo orden internacional caracterizado por la creación de instituciones destinadas a promover la paz, la seguridad y el respeto a los derechos humanos. En este contexto, se promovió la cooperación internacional como herramienta para favorecer la estabilidad global, el desarrollo económico y la garantía de los derechos humanos. Sin embargo, también consolidó un sistema en el que las grandes potencias y organismos financieros internacionales mantuvieron un poder desproporcionado sobre los países en vías de desarrollo. Aunque esta cooperación ayudó a evitar conflictos a gran escala, no logró eliminar las desigualdades globales ni impedir nuevas formas de influencia geopolítica y económica.

En México, la cooperación se dio predominantemente a través de acuerdos comerciales y financiamiento a políticas militares y ambientales. En 1994 se puso en marcha el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Si bien impulsó el comercio con EE.UU. y Canadá incrementando las exportaciones, se debilitó la soberanía alimentaria al interior de México. Los pequeños agricultores mexicanos no pudieron competir con las importaciones de productos agrícolas altamente subsidiados de EE.UU. De esta manera, los indicadores macroeconómicos no se reflejaron en la microeconomía.

Hasta hace poco, una de las principales fuentes de cooperación provenía de USAID. Recursos que predominantemente se canalizaban a través de proyectos en los cuales participaban organizaciones de la sociedad civil y que impactaban en las capacidades de las comunidades locales. Un ejemplo es el proyecto “Comunidades prósperas y sostenibles” que en 2024 recibió un financiamiento de 6 millones de dólares, destinado a apoyar a productores rurales en la implementación de proyectos productivos sostenibles en regiones como la Península de Yucatán, la Sierra Sur de Oaxaca y la Sierra Madre de Chiapas.

Con el congelamiento de los fondos de USAID se ha vuelto a abrir el debate sobre la pertinencia y el carácter de la cooperación internacional. Por un lado, respecto al principio de solidaridad que guía la cooperación internacional. Por otro, sobre la dependencia de los Estados respecto a la cooperación internacional y su capacidad para llenar los vacíos de la financiación que deja una decisión como esta.

El principio de solidaridad se basa en la idea de que los países y actores globales deben colaborar para enfrentar problemas comunes, reducir desigualdades y promover el bienestar de todas las naciones, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. Este principio es clave pues impulsa la cooperación más allá de los intereses económicos o estratégicos y promueve un sentido de responsabilidad compartida para abordar desafíos globales como el desarrollo sostenible, el cambio climático, la pobreza, la salud pública y la estabilidad política.

Sin embargo, la decisión adoptada por el gobierno de EE.UU. da cuenta del rompimiento con ese propósito. Esta movida que se alinea con la política de “América primero”, busca priorizar los intereses nacionales en la asignación de recursos. Es decir, es un reflejo de la reevaluación a la cooperación internacional por parte de la administración Trump, enfocándose en asegurar que los fondos destinados al extranjero beneficien directamente los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos. En un mediano plazo, esta decisión podría trascender en una reacomodación geopolítica, en la que otras potencias como Rusia o China se fortalezcan como actores influyentes en América Latina, en tanto que los Estados latinoamericanos se enfrentan al doble reto de subsanar el vacío financiero y replantear sus alianzas internacionales en un escenario cada vez más competitivo.

El segundo asunto, la dependencia de los Estados latinoamericanos respecto a la cooperación internacional, representa un desafío estructural pues en algunos casos esta limita su autonomía en la formulación de políticas públicas y su capacidad para abordar asuntos nacionales sin injerencias externas. En el caso de México, esta dependencia se manifiesta en sectores clave como el desarrollo social, los derechos humanos y el medioambiente, donde muchas iniciativas reciben financiamiento de organismos internacionales o gobiernos extranjeros, como USAID o la Unión Europea. Esto expone a México a una paradoja: mientras busca consolidar su soberanía y fortalecer su capacidad estatal, muchas de sus organizaciones y programas sociales siguen atados a flujos de cooperación internacional. Con ello se reabre el debate sobre la necesidad de diversificar fuentes de financiación, fortalecer redes de cooperación y promover regulaciones que blinden su autonomía respecto a presiones internas como externas.

Pensando en esto, así como en la trazabilidad de las relaciones México-EE.UU donde ha predominado la injerencia del segundo en la política interna del primero, fue que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que era mejor que USAID cerrara. La pregunta que queda es: ¿Está listo el Estado mexicano para hacer su parte para llenar este vacío garantizando la independencia de la sociedad civil? Y con ello, ¿está listo para hacer el tipo de reformas fiscales que se ha negado a hacer para fortalecer los ingresos del Estado y que estos se canalicen a los Estados locales de forma eficaz? ¿Está listo para fortalecer la independencia de la sociedad civil en lo local protegiéndola de todas las amenazas que enfrenta, así sean críticas del gobierno? Esperemos que la respuesta de la presidenta haya estado mediada por un análisis político previo con la inclusión de estos interrogantes. De lo contrario, podría ser una actitud poco coherente e incluso irresponsable.

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Desde Dejusticia sostenemos que los Estados deben crear un entorno de gobernanza global adecuado para lograr la realización de los derechos humanos. La cooperación internacional es una herramienta para esto y para fortalecer la democracia, siempre que se alinee con principios de transparencia, participación y rendición de cuentas. Los Estados deben cooperar internacionalmente para asegurar el respeto universal de los Derechos Humanos, tal como lo establecen los artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas. Por ello, no sólo deben respetar y garantizar los derechos humanos en su territorio, sino que tienen obligaciones fuera de este. 

Nuestro trabajo se fundamenta en la defensa de un modelo de desarrollo basado en la justicia social y el respeto a los derechos humanos, donde la cooperación internacional no sea un mecanismo de injerencia, sino un instrumento de solidaridad y fortalecimiento institucional. En el caso de México, el congelamiento de estos fondos no debería ser una excusa para debilitar las organizaciones sociales, sino un llamado urgente a robustecer su autonomía y su capacidad de incidencia. El verdadero desafío no es depender menos de la cooperación internacional, sino construir Estados más sólidos, con instituciones capaces de garantizar los derechos de su población sin interferencias ni restricciones políticas.