“Este no es un virus tan democrático como se ha dicho”. Esta idea de Johnattan García, investigador de Dejusticia y experto en salud pública, abrió la primera conversación del ciclo ‘Del miedo a la acción’, sobre los efectos desiguales del coronavirus. Esto ocurre no solo porque hay poblaciones más afectadas por el aislamiento social -como se ha evidenciado en los primeros días de cuarentena en Colombia- sino también porque hay personas más expuestas a al virus, como quienes viven sin acueducto o quienes trabajan en las calles. 

Partiendo de esta realidad, los economistas Alejandro Rodríguez, de Dejusticia, y Tatiana Andia, de la Universidad de Los Andes, plantearon una serie de aspectos que el Gobierno debería tener en cuenta para implementar el plan social de un país que deberá cerrarse por semanas o meses. 

La desigualdad estructural de Colombia

Tatiana Andia presentó primero la cara positiva de la economía colombiana. Junto con Chile, nuestro país es el que más crece económicamente en América Latina, tiene un déficit fiscal relativamente bajo y un índice de Desarrollo Humano relativamente alto.

La cara menos agradable de esa historia es una que se magnifica con la crisis del coronavirus: la desigualdad. Por un lado están las desigualdades “clásicas”, que ya hemos visto en las noticias por estos días: el alto desempleo, especialmente entre la población joven, la desigualdad de ingreso (el 20% más pobre recibe el 5% del ingreso del país y el 10% más rico recibe el 40%). Una cifra más preocupante: la población en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad llega al 70% en Colombia. 

Pero hay otras desigualdades que también se amplifican con todo esto. Por ejemplo, la de acceso a servicios públicos (el 13% no tiene acueducto y el 56% no tiene internet), la de género (las mujeres dedican más del doble del tiempo al trabajo no remunerado) o la de edad.

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El jaque a las economías

Las medidas necesarias para contener el COVID-19 están causando un impacto en la economía global que no se veía desde 2008. Alejandro Rodríguez explicó cómo los choques que se están generando entre oferta y demanda llevan a un círculo perverso que requiere la intervención del Estado: “Los productores responden haciendo recortes en costos, producción o empleo. Los recortes de empleo llevan a una pérdida de ingresos en los hogares, lo que hace que el consumo y, por ende la demanda, disminuyan”. 

Implicaciones para un país desigual e informal

En Colombia, más del 50% de la fuerza laboral es informal. Son aproximadamente 16 millones de trabajadores que dependen de que haya personas en las calles para recibir ingresos. Para Rodríguez, es necesario que el Estado intervenga para garantizar su mínimo vital y evitar una recesión económica que terminará por perjudicar, una vez más, a la población vulnerable. ¿Cuáles serían los impactos de una recesión económica? Despidos masivos, pérdida de ingresos, pobreza y más pérdidas de vidas humanas sumadas a las que cause el virus. 

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Recomendaciones fiscales con enfoque de derechos

Salvar la economía y proteger a los más pobres no son objetivos excluyentes. Estas son algunas recomendaciones para el Estado:

• Focalizar las ayudas y priorizar el gasto para proteger a la población vulnerable.
• Aumentar el gasto público e invertirlo en los sistemas de salud: unidades de cuidados intensivos, respiradores, pruebas masivas, elementos de bioseguridad.
• Ampliar los montos de las transferencias de programas como Familias en Acción o Colombia Mayor. Generar unas nuevas transferencias focalizadas, se podría considerar una Renta Básica. 
• Reforzar el programa de apoyo al desempleo para solventar el pago de arriendo.
• Permitir un periodo de gracia en pago de servicios públicos, deudas bancarias e impuestos del hogar.
• Beneficios tributarios para pequeñas y medianas empresas que protejan los puestos de sus trabajadores.
• Subsidiar los salarios de trabajadores de pequeñas y medianas empresas por unos meses.
• Inyecciones de liquidez al sector financiero para que los bancos puedan dar créditos a las empresas con tasas de interés bajas. Esto puede evitar que las empresas hagan despidos masivos y se proteja el empleo.
• Actuar como comprador final para crear una demanda ficticia y evitar que las empresas entren en bancarrota. 

¿De dónde sacar la plata?

Para Rodríguez, hay varias salidas complementarias para que el Gobierno consiga los recursos que permitan garantizar un mínimo vital a las poblaciones vulnerables. Por un lado, endeudarse, ya sea a través de autopréstamos (algo que ya está haciendo) y otras fuentes. Esta medida se hace inevitable pues la reforma tributaria del año pasado y el desplome del precio del petróleo han hecho que el Estado hoy no cuente con los recursos públicos necesarios para enfrentar los problemas de salud pública, económicos y sociales que trae la pandemia.

También está la posibilidad de llevar a cabo acciones coordinadas con el Banco de la República para que este pueda transferir recursos y liquidez al Gobierno Nacional. Esto se puede hacer a través de la compra masiva de bonos de inversión en proyectos de salud o infraestructura que emita el Gobierno, o financiando directamente algunas de las transferencias contempladas en la política de atención a poblaciones vulnerables. Esta estrategia, sin embargo, debe calibrarse muy bien para que no tenga impactos significativos en la inflación. 

En el futuro, estas deudas que se adquieran hoy deberían pagarse con los recursos de una reforma tributaria que siga los principios de progresividad y solidaridad, es decir, que quienes tienen más, paguen más. Algunas propuestas de lo que esta reforma podría incluir son: reducir los beneficios tributarios (el Estado deja de recibir $12 billones anuales solo en beneficios al impuesto de renta), crear un impuesto temporal al patrimonio, y una sobretasa temporal en el impuesto de renta para los sectores que se han visto beneficiados por la coyuntura, como los supermercados o las economías digitales.