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Providencia Corte Constitucional

Según la Corte, el proceso de reconstrucción “ha estado marcado por un enfoque ágil, unilateral, arbitrario y efectista en el que se desconocieron las necesidades básicas del pueblo raizal”. | Cristina Annear

Corte Constitucional ordena la protección de la población raizal ante futuros huracanes

A través de la Sentencia T-333 de 2022, el Tribunal expuso que el Gobierno Nacional incumplió los acuerdos sobre cómo debían ser reconstruidas las islas de Providencia y Santa Catalina tras el paso del huracán Iota, ocurrido el 16 de noviembre de 2020.

Por: DejusticiaNoviembre 10, 2022

Tras dos años del paso del huracán Iota en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que destruyó en su totalidad a estas dos últimas islas, la Corte Constitucional encontró que su reconstrucción se encuentra incompleta, lo cual pone en riesgo la vida de sus habitantes ante futuros huracanes y eventos climáticos.

 

El contexto

El 16 de noviembre de 2020, el letal Huracán Iota, de Categoría 5 en la Escala Saffir-Simpson, arrasó con las islas de Providencia y Santa Catalina. Horas después, el Gobierno Nacional, encabezado por Iván Duque, se comprometió a reconstruir el archipiélago por medio del Plan de Acción Específico para la Reconstrucción Integral (PAE). Este plan no fue consultado con suficiencia a la comunidad raizal afectada y su implementación comenzó a los pocos días de haber ocurrido el ciclón.

A las pocas semanas de haber iniciado las obras, los habitantes de las islas veían que las entidades encargadas de las obras vulneraban sus derechos y, en diciembre de 2020, la presidenta de la Veeduría Cívica “Old Providence”, Josefina Huffington Archbold, presentó una acción de tutela para que los derechos fundamentales de la población raizal fueran protegidos ante un inminente riesgo de la destrucción de su pervivencia física y cultural. La acción de tutela fue negada en primera y segunda instancia, pero tras la solicitud de más de 90 familias para que la Corte Constitucional la revisara, el Tribunal accedió en septiembre de 2021.

 

La decisión de la Corte

Un año después, la Corte encontró que la parte demandante tenía razón e indicó que se deben expedir varias soluciones judiciales para que a la población raizal del archipiélago le sean garantizados sus derechos fundamentales a la vivienda digna, la salud, el agua potable y el saneamiento básico. La Corte constató que el Gobierno Nacional incumplió los acuerdos sobre las características básicas que debían tener las nuevas viviendas e infraestructura esencial y que las autoridades encargadas de la reconstrucción negaron al pueblo raizal su derecho a la consulta previa.

Por ello, a través de la Sentencia T-333 del 2022, le ordenó a la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio de Vivienda, y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina reparar los perjuicios en los que habían incurrido, y les solicitó retomar la reconstrucción con base a los requerimientos de la población raizal y bajo el principio de “reconstruir mejor”, lo cual permitirá a los habitantes de las islas adaptarse a los efectos del cambio climático.

Asimismo, la Corte atendió los problemas más urgentes y profirió las siguientes órdenes:

1. La UNGRD y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina tienen 30 días para mejorar el hospital de campaña —que reemplazó al antiguo hospital, totalmente destruido—, con el fin de garantizar las condiciones mínimas de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad en la prestación del servicio de salud.

2. La UNGRD, el Ministerio de Vivienda, y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina tendrán 45 días para garantizar a los habitantes el abastecimiento diario de mínimo 65 litros de agua potable para su consumo personal y doméstico.

3. Se ordenó a la UNGRD, al Ministerio de Vivienda y a la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina que solucionen de manera definitiva el vertimiento de aguas negras domésticas al ambiente.

4. La UNGRD, y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina tendrán 90 días para clausurar los terrenos que han sido utilizados durante la emergencia para el acopio temporal de escombros, basuras y residuos orgánicos. Estos terrenos deben ser restaurados a su condición ambiental original o similar.

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, reconoce que la decisión tomada por la Corte Constitucional atiende las necesidades de las poblaciones más vulnerables al cambio climático y corresponde con las acciones que debe tomar el Estado colombiano para resguardar su integridad física y cultural. En especial cuando se piensa que, debido al aumento de temperatura en las aguas del Caribe, los huracanes venideros serán más fuertes y que la tragedia de Iota es una muestra de lo que podría ocurrir en el futuro.

Cabe anotar que en mayo de 2022, numerosas organizaciones de la sociedad civil le solicitamos a la ONU solicitar medidas para la protección de la población raizal de todo el archipiélago.

 

Consejo de Estado confirmó medida cautelar

A la decisión de la Corte Constitucional se suma la confirmación por parte del Consejo de Estado de una medida cautelar que impide la construcción de una nueva base de guardacostas de la Armada Nacional en la desembocadura del arroyo Bowden, en el sector de Old Town. Tras el paso del huracán, la Armada intentó construir la base en el lugar, lo cual efectuó daños en el ecosistema y puso en riesgo la subsistencia de los pescadores tradicionales, cuyo muelle estaba asentado ahí.

En diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo de San Andrés le ordenó a la Armada suspender la construcción de la base, atendiendo a una acción popular presentada por los líderes raizales que exigían la protección de su derecho al medio ambiente. La decisión del Consejo de Estado se da mientras se profiere la decisión de primera instancia sobre la obra militar.

La historia de la reconstrucción en el archipiélago, así como la lucha de los pescadores por recuperar el estuario del Bowden puede verse en el documental “Providencia: La tormenta después del huracán”, realizado por Dejusticia a un año de haber ocurrido la tragedia.

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