La Ciénaga Grande de Santa Marta representa uno de los peores desastres ambientales de los últimos años en Colombia. En el 2016 se presentaron por lo menos diez episodios de mortandad masiva de peces en esta laguna costera, que es la más grande y productiva del país. Y aunque los científicos han reiterado que la causa es la salinización de sus aguas y la pérdida de oxígeno, ni el Ministerio de Ambiente ni las autoridades ambientales han tomado decisiones contundentes y efectivas para frenar la crisis.

Este ecosistema, declarado reserva de la biosfera y primer humedal Ramsar de Colombia (de importancia internacional), es la fuente de trabajo y alimentación de unas 15.000 familias que están viendo amenazados sus derechos al medio ambiente sano, a la vida digna, al mínimo vital, al trabajo y libertad de oficio, a la alimentación y al agua.

Grave degradación ambiental en la Ciénaga Grande de Santa Marta from Dejusticia on Vimeo.

Por esto, un grupo de pescadores de las comunidades palafíticas de Nueva Venecia y Buenavista (en el municipio de Sitionuevo), decidieron tomar la vía judicial para reclamar la protección de sus derechos. El 10 de noviembre del 2016 interpusieron una acción de tutela contra 26 entidades públicas nacionales y locales, denunciando que no estaban cumpliendo con las funciones que les correspondían para proteger este ecosistema.

Los demandantes argumentaban que la crisis respondía a una suma de factores, como la presión de palmicultores, arroceros, bananeros y ganaderos; el precario mantenimiento y dragado de los caños que conectan a este ecosistema con el río Magdalena; y el plan del Gobierno de construir en su ronda dos grandes proyectos viales: la doble calzada Ciénaga-Barranquilla y la Vía de la Prosperidad.

En una primera instancia, el Tribunal Superior de Santa Marta negó la acción de tutela “por improcedente”. A pesar de que el juez reconoció que “se evidencia un gran deterioro en la Ciénaga Grande de Santa Marta”, sostuvo que el derecho colectivo al medio ambiente sano debe reclamarse a través de una acción popular.

Pero los pescadores no se rindieron. Presentaron una impugnación a ese fallo, argumentando que la acción de tutela es oportuna cuando se busca proteger un derecho colectivo, cuya afectación también lesiona varios derechos fundamentales. Y aunque en una segunda instancia sus argumentos también fueron rechazados, el pasado 18 de abril la Corte Constitucional seleccionó el caso para tomar una decisión de fondo. Dejusticia acaba de presentar una intervención apoyando los argumentos de la tutela y reiterando que esta acción es procedente.

En nuestra intervención, presentada en la Corte Constitucional el pasado 14 de julio, reclamamos la protección del derecho a la vida, al trabajo y al medio ambiente sano de los habitantes de la Ciénaga Grande de Santa Marta quienes dependen de la pesca en este humedal para sobrevivir. Además, le pedimos a la Corte que analice este caso, entendiendo las características y dinámicas de las comunidades palafíticas para quienes el agua no es solo su medio de subsistencia sino el elemento que atraviesa y permea todas las capas de la vida social.