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La Corte convocó a una sesión técnica el 2 de agosto para discutir los avances en la implementación de la sentencia. | Marcela Madrid Vergara

Corte Constitucional vuelve a tomar medidas para acelerar el cumplimiento de la sentencia T-302 de La Guajira

La Corte encontró que el cumplimiento de la sentencia ha sido “insuficiente e inefectivo”. Por eso, declaró unas medidas cautelares que incluyen crear un plan provisional de acción con metas a un año.

Por: July 29, 2022

A mediados de julio, la Corte Constitucional dio a conocer nuevas decisiones en el caso de la Sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira por la crisis de desnutrición de la niñez Wayúu. 

Se trata del Auto 696 de 2022, en el que la Corte ordena a las entidades nacionales y locales involucradas en la sentencia a crear un Plan Provisional de Acción con medidas concretas para garantizar los derechos de los niños y niñas Wayúu afectados por la desnutrición. La Corte les da a las autoridades un plazo de dos meses para crear ese Plan y aclara que las medidas que incluya deben implementarse en menos de un año. 

La Corte tomó esta decisión como medida cautelar luego de concluir que, aunque existen avances en la implementación de la Sentencia, a cinco años de su expedición estos han sido “insuficientes e inefectivos al incumplir los tiempos establecidos y no mostrar avances sustanciales”. Para ello se basaron en distintas pruebas: la visita a la zona en el marco de una inspección judicial, una sesión técnica virtual, solicitudes de información a las entidades responsables e informes de expertos y expertas.

En Dejusticia hemos promovido el cumplimiento de la Sentencia T-302 desde el momento de su expedición y celebramos que la Corte siga dando muestras de su interés en el cumplimiento de la misma. Sin embargo, creemos que existen algunos retos en la implementación de estas nuevas medidas por su grado de generalidad y por la coordinación interinstitucional que se requiere.


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Los retos de un nuevo plan de acción

La sentencia ya había ordenado en 2017 a las entidades accionadas crear un plan de acción en un plazo de seis meses para establecer una ruta de implementación. La entidad encargada de liderar este proceso es la Consejería Presidencial para las Regiones. Sin embargo, cinco años después, eso no ha ocurrido, lo que nos lleva a preguntarnos sobre la eficacia de ordenar un plan de acción provisional. Existirá el reto de que las acciones de emergencia no sustituyan las medidas estructurales que se necesitan para garantizar los derechos en el mediano y largo plazo.

Las medidas cautelares, al igual que las órdenes de la sentencia, requieren de la coordinación entre al menos 16 instituciones del orden nacional, regional y local. Sin embargo, como lo reconoce la misma Corte en el auto, esa coordinación ha presentado serios obstáculos. 

Un ejemplo que hemos evidenciado en nuestro seguimiento al caso es cómo el sector salud suele atender la desnutrición de forma aislada a pesar de que se necesitan también intervenciones en educación, agricultura, ambiente y agua para contrarrestar este problema y lograr que las comunidades salgan del asistencialismo.

Otro de los retos está relacionado con la garantía del derecho a la participación del pueblo Wayúu, pues el diálogo genuino que exige la sentencia sigue sin ocurrir. La distancia entre las necesidades de las comunidades y las obras de los gobiernos no reflejan la deliberación, planeación y concertación que debe darse en estas acciones. 

Por eso consideramos necesario que los órganos de control les exijan decididamente a las instituciones una serie de actividades concretas que garanticen los derechos al agua, la alimentación y la salud. También podrían exigirle a la Consejería para las Regiones mayor claridad y rigurosidad en la coordinación interinstitucional, puesto que su labor no es solo reportar las acciones realizadas por cada entidad, sino buscar puntos comunes y de articulación de esas acciones. 

Además, es necesario que hagan seguimiento a los recursos públicos invertidos, exijan rendición de cuentas y adelanten investigaciones disciplinarias en caso de encontrar irregularidades.


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Nueva sesión técnica

En otro auto, la Corte Constitucional convocó a una sesión técnica el próximo 2 de agosto para seguir analizando las políticas que ha implementado el Gobierno para cumplir la Sentencia. 

A ese encuentro están convocados el ICBF, la Consejería para las Regiones, el Gobernador de La Guajira, las autoridades municipales, representantes de las comunidades, los órganos de control, la Veeduría Ciudadana de la Sentencia y Dejusticia. También asistirá el Viceministro de Agua, quien solicitó a la Corte este espacio para presentar los avances de su cartera en esta región. Desde Dejusticia presentaremos algunos de los hallazgos de nuestra última visita a La Guajira el pasado mes de mayo. 

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