El caso condensa tres problemas urgentes, que la Corte Constitucional puede ayudar a resolver si niega la tutela que busca acabar con el parque y darle vía libre a la mina. El primero es la vacilación de las políticas públicas. El pleito surgió de la decisión ilegal del gobierno anterior de otorgarle a Cosigo un título minero (a través de Ingeominas) dentro de un área que había declarado parque nacional apenas dos días antes (a través de la Dirección de Parques). Área que coincidía casi al milímetro con un resguardo indígena creado 20 años atrás.

El gobierno Santos terminó la feria de títulos ilegales de su antecesor, pero no ha sido menos contradictorio. Ha acertado al defender el parque y pedir la nulidad del título de Cosigo. Pero ha abierto la puerta de la Amazonia a la minería, declarando otros proyectos de Cosigo en la región como de interés nacional e incluyendo el parque en la zona estratégica minera que creó en 2012. Con ello pone en riesgo décadas de políticas ambientales que han hecho de la Amazonia colombiana la mejor conservada, gracias a que el 80% ha estado protegida por parques, resguardos o reservas forestales. De ahí que sea preciso un fallo de la Corte que respalde el parque y restaure el orden ambiental en el contradictorio mapa de la Amazonia.

El segundo problema es la ilegalidad promovida por algunas compañías mineras. No había terminado el episodio de la Drummond en Santa Marta, cuando Cosigo salió a la luz pública con una actitud igualmente desafiante de la ley. A diferencia de otras empresas, no ha renunciado voluntariamente a títulos mineros que son claramente ilegales por estar dentro de parques nacionales. Insiste en que tiene un “derecho adquirido”, aunque un título es sólo una expectativa. Y habría apoyado al indígena autor de la tutela contra el parque, según lo dijo el demandante en la audiencia celebrada por la Corte hace poco en ese rincón del Vaupés.

El caso arroja luces sobre una tercera controversia, sobre las consultas previas, que vienen siendo criticadas por ministros, empresarios, representantes de gremios y algunos analistas que las ven como un obstáculo para el desarrollo y un botín de líderes indígenas y afros corruptos. El caso de Cosigo muestra que estas generalizaciones son temerarias y que la realidad es otra. La consulta para la creación del parque Yaigojé-Apaporis no sólo fue bien hecha, sino que resultó de la colaboración entre la Dirección de Parques y los pueblos indígenas de la zona. Lo cual prueba que las consultas pueden funcionar cuando son hechas de buena fe y siguiendo las reglas.

De hecho, en el caso del Yaigojé, quienes piden una nueva consulta son Cosigo y el demandante que dice haber sido apoyado por la compañía. Suena parecido a lo que hemos visto quienes asistimos a otras consultas: a menudo, la división de las comunidades es alentada por empresas que compran el consentimiento de líderes improvisados, o por algunos funcionarios que canjean firmas de oportunistas por viáticos o contratos. Así que el caso puede servir para que la justicia avale una consulta exitosa, que sirva de ejemplo para las que vienen.

La Corte tiene literalmente una oportunidad de oro para balancear la minería y el medio ambiente, y para hacer valer la Constitución y la ley. Confiemos en que su fallo brille.

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