La represión en Venezuela durante la era del chavismo no es un fenómeno nuevo. Ha ocurrido repetidamente en respuesta a protestas contra el gobierno, provocando el exilio de opositores y limitando—cuando no suprimiendo—las garantías democráticas. Aunque la tendencia autoritaria del régimen de Nicolás Maduro es amplia y multifacética, ciertas expresiones específicas están siendo investigadas por la Corte Penal Internacional (CPI).

Entre los aspectos que la CPI investiga en relación con Venezuela se encuentran actos de fuerte represión contra opositores (o personas percibidas como tales) durante las protestas contra el régimen en 2014 y 2017. Estos hechos son similares a los observados tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el gobierno de manera fraudulenta proclamó su victoria sobre Edmundo González, candidato de la oposición.

Lo que hemos presenciado en los últimos meses—uso excesivo de la fuerza policial, detenciones arbitrarias, entre otras atrocidades—demuestra que el régimen venezolano, a pesar de sus gestos en reuniones con el fiscal de la CPI, no tiene interés en hacer justicia a las víctimas de los abusos cometidos por las fuerzas del Estado, ni en garantizar la no repetición de estos crímenes. Por eso, la respuesta de la Corte Penal Internacional debería ser más clara en términos de impulsar la rendición de cuentas por los crímenes producto de la represión de las protestas, para dar respuestas en materia de justicia ante la situación de Venezuela y también para hacer más efectiva su competencia ante violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

A continuación mostramos que el caso de Venezuela ante la CPI evidencia la reticencia del Estado venezolano a cumplir con sus obligaciones internacionales y la persistencia de las conductas que llevaron a la Corte a abrir una investigación contra miembros del Gobierno. Además, argumentamos que la CPI, en línea con el principio de complementariedad que activa su competencia ante la falta de justicia doméstica, debería adoptar medidas más contundentes que eleven el costo político para el gobierno de Venezuela por continuar violando los derechos humanos.

La Justicia Penal Internacional

La Corte Penal Internacional es un órgano judicial independiente y permanente, creado por el Estatuto de Roma. Su objetivo es juzgar a los autores de crímenes internacionales de especial gravedad, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. La labor de la CPI incentiva a los Estados parte del Estatuto de Roma a investigar a personas que cometan crímenes de lesa humanidad y de guerra, contribuyendo así a los esfuerzos por acabar con la impunidad.

El propósito de la Corte es complementar, no reemplazar, los sistemas nacionales de justicia penal de los Estados que son parte del Estatuto de Roma. Por ello, el principio de complementariedad es fundamental en su actuación: la CPI sólo interviene cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren actuar. No busca competir con los Estados por la jurisdicción, sino garantizar que los crímenes más graves no queden impunes.

En abril de 2024, el fiscal de la CPI, Karim Khan, promulgó una política de complementariedad y cooperación. En ella se enfatiza que la asociación entre la CPI y los Estados para lograr justicia no es incompatible con la vigilancia para garantizar que el mandato de la CPI se cumpla si es necesario. Ambos elementos se refuerzan mutuamente para alcanzar los fines del Estatuto de Roma. La política destaca un «enfoque de doble vía», donde la Fiscalía busca cooperar con los Estados para promover medidas complementarias, sin dejar de lado su mandato de investigar y enjuiciar de manera independiente e imparcial.

Venezuela y la Corte Penal Internacional

Actualmente, hay dos situaciones en Venezuela bajo la jurisdicción de la justicia penal internacional. La situación Venezuela I está en fase de investigación desde 2021, mientras que la situación Venezuela II se encuentra en examen preliminar desde 2020. Este análisis se enfoca en Venezuela I, dado que Venezuela II surge de una remisión por parte del Estado venezolano respecto a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

La denuncia por los hechos que dieron lugar a la situación Venezuela I fue remitida por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú en 2018, debido a los actos de represión estatal durante las protestas de 2014 y 2017, que incluyeron el uso excesivo de la fuerza policial, detenciones arbitrarias y abusos contra personas detenidas. La entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, inició un examen preliminar ese mismo año para evaluar si abrir o no una investigación formal.

En 2021, el fiscal de la CPI, Karim Khan, decidió abrir la investigación en Venezuela I. Como parte de esta decisión, la Fiscalía firmó un memorando de entendimiento con Venezuela, en el que el país se comprometía a tomar medidas para garantizar la administración de justicia, de acuerdo con el artículo 18(2) del Estatuto de Roma, que permite a los Estados solicitar prórrogas en las actuaciones del fiscal.

Sin embargo, en junio de 2023, la CPI autorizó a la Fiscalía a reanudar la investigación, al concluir que Venezuela no está investigando adecuadamente las denuncias relacionadas con los crímenes de lesa humanidad. La Corte constató que la investigación venezolana se enfoca en autores materiales de bajo rango, mientras que los altos mandos parecen estar siendo protegidos. Además, identificó periodos en los cuales las investigaciones estuvieron inactivas sin ninguna explicación y una falta de acción ante crímenes con motivaciones discriminatorias y posibles violencias sexuales.

Tras el rechazo de la apelación de Venezuela para detener la investigación, la Fiscalía de la CPI, en línea con la visión de complementariedad de Khan, abrió una oficina en Venezuela para brindar asistencia técnica y promover una administración de justicia efectiva, conforme a los estándares internacionales. Hasta ahora, no hay información sobre avances en esta cooperación.

La represión post 28 de julio

La represión posterior a las elecciones ha causado múltiples víctimas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que “la represión ha reflejado patrones ya observados en las protestas de 2014 y 2017”, incluyendo el uso arbitrario de la fuerza, detenciones y desapariciones forzadas, persecución judicial y hostigamiento, censura y restricciones a las libertades de expresión y reunión pacífica, y obstáculos para la defensa de derechos humanos.

En un sentido similar, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU ha reportado, al 8 de agosto de 2024, 23 muertes, 1,260 detenciones arbitrarias, incluidas más de 100 de niños y niñas. Estas cifras contrastan con las de las autoridades venezolanas, que reportan más de 2,000 personas detenidas en las protestas. Ante esta situación, el fiscal de la CPI ha declarado estar “monitoreando activamente” la situación, aunque no ha emitido un comunicado formal. Además, persisten las persecuciones a opositores y el monitoreo del uso de redes sociales, limitando la visibilidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno.

Aunque la situación Venezuela I sigue en fase de investigación y aún queda un largo camino en la CPI, la represión gubernamental contra los manifestantes que se oponen al fraude electoral del 28 de julio subraya la necesidad de acciones más contundentes por parte de la CPI, como han señalado organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Incluso un grupo de abogados venezolanos e internacionales ha solicitado medidas coercitivas—como órdenes de captura—contra Nicolás Maduro.

Justicia para las víctimas de la represión

Si bien la visión de complementariedad del fiscal Khan puede fortalecer la respuesta estatal ante crímenes internacionales, esta no debería ser la única opción para la CPI. Las falencias constatadas en las investigaciones, sumadas a la repetición de abusos luego de las elecciones presidenciales bajo los mismos patrones que motivaron la apertura de la investigación en 2021, demuestran que Venezuela no busca garantizar justicia a las víctimas. Además, la falta de independencia del sistema judicial venezolano refuerza la necesidad de que la CPI avance en la investigación y enjuicie a los responsables de los crímenes ocurridos tanto en 2017, como los más recientes.

Con una investigación en curso y la continua violencia sistemática, la CPI tiene las herramientas para avanzar en el enjuiciamiento de los responsables. Ante la falta de garantías en el ámbito doméstico, pese a la persistencia de la CPI y su fiscalía de dar apoyo al Estado para superar la impunidad, los venezolanos necesitan encontrar respaldo en instancias internacionales que pongan presión sobre el gobierno para detener las violaciones a los derechos humanos.