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¿Criminales irreformables o adolescentes en realidades complejas?

Luis Felipe Cruz
agosto 12, 2016

Publicado en: Global Rights Blog

Son programas donde a los adolescentes se les trate como sujetos de derechos los que abren las puertas a las soluciones del incremento de la violencia juvenil, no la mano dura de la responsabilidad penal.

 

Hay un problema que aún no ha podido ser abordado de una manera inteligente por los Estados en América Latina: la criminalidad juvenil*. La dinámica del crimen organizado, las economías ilegales y la exclusión económica o social de poblaciones han generado un caldo de cultivo en el que la violencia toma como principales víctimas y victimarios a los adolescentes. Una interpretación simplista de esta violencia no sólo provoca un exceso de carga sobre los sistemas de responsabilidad penal para adolescentes, además no mejora la seguridad ni atiende las casusas reales del problema. De allí que las respuestas a la criminalidad juvenil no pueden seguir siendo el endurecimiento de penas, la reducción de la edad de imputabilidad penal o la expansión de las medidas privativas de la libertad.

 

Desde la adopción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1989, cerca de una quincena de países de América Latina han permitido el juzgamiento de jóvenes envueltos en acciones criminales bajo unas reglas especiales. La lógica de los procedimientos es la formación de sujetos de derechos a través pedagogía y educación. Por eso, en teoría se restringe al máximo la privación de la libertad, pues se trata de dar un reemplazo al castigo de las infracciones a la ley por un mejor entendimiento de las realidades de jóvenes que entran en conflicto con las normas penales. Sin embargo, en la realidad muchos jóvenes son llevados a instancias judiciales con el único objetivo de controlar la criminalidad y mejorar la seguridad.

 

Edades en las que opera el sistema de responsabilidad adolescente en 7 países de América Latina

País

Edad Mínima

Edad Máxima

Argentina

16 años

18 años

Bolivia

14 años

18 años

Colombia

14 años

18 años

Costa Rica

12 años

18 años

Ecuador

12 años

18 años

Paraguay

14 años

18 años

Uruguay

13 años

18 años

La edad de responsabilidad penal adolescente es el momento a partir del cual a un adolescente se le puede considerar responsable de la comisión de un delito, pero a través de un procedimiento especial, diferente al de las personas adultas. Fuente: http://www.orjpj.org/

 

De acuerdo con las Naciones Unidas  los jóvenes son el grupo poblacional más afectado por el delito y la violencia en América Latina, pero a su vez son los responsables más comunes de la comisión de estos. Los robos, el microtráfico, la extorsión y el asesinato son las conductas más comunes por las que los adolescentes entran a los circuitos del delito, afectando gravemente la seguridad ciudadana.

 

Las sociedades alarmadas con las cifras de violencia de jóvenes, no se preguntan qué debe hacerse más allá de juzgar los crímenes cometidos. Desconocen que el encarcelamiento de población adolescente en centros especializados alcanza unas tasas inquietantes para Brasil, Colombia y Uruguay, si se tiene en cuenta que la privación de la libertad es “la última herramienta” y los efectos de estas sanciones. Según datos del Observatorio Regional de Justicia Penal Juvenil, la tasa de encarcelamiento para 8 países de América Latina alcanza los 27 por cada 100 mil adolescentes.

 

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Fuente: Elaboración propia con Datos del Observatorio Regional de Justicia Penal Juvenil (se corrigieron los datos de Uruguay).

 

La baja escolarización, la pobreza y la privación de oportunidades no son los únicos factores que explican el aumento de la participación juvenil en los delitos violentos. De acuerdo con InSight Crime una razón que pesa en el involucramiento de adolescentes en estos crímenes en países como México, Colombia, Brasil y El Salvador es el dominio que las organizaciones criminales han mantenido en muchas zonas urbanas y rurales. En aquellos espacios donde el Estado permanece ausente o con precariedad institucional, la falta de acceso a la educación y a empleo digno empuja a los jóvenes a ejercer el trabajo de alto riesgo de las economías ilegales controladas por carteles, pandillas o bandas criminales.

 

Realmente las autoridades y la población en general no saben cómo responder a la criminalidad violenta de los adolescentes. Es cierto, que el crimen organizado utiliza e incorpora a los jóvenes para desempeñar algunas tareas con el objetivo de aprovechar la protección legal que tienen, pero la solución es debilitar las economías que dan oxígeno a esos grupos o evitar que los recluten, no aumentar la represión penal sobre los adolescentes. Bajo la lógica de la pobreza, la exclusión y el crimen organizado, siempre habrá personas que utilizar para los trabajos sucios.

 

Lo que debería hacerse es detener las ganas de encarcelar a todo aquel que cometa un delito, entablar diálogos con los jóvenes y construir confianza a través de programas sociales. Algo que no es fácil, pero puede significar transformaciones más profundas de lo que el encarcelamiento implica. Iniciativas como la Legión del Afecto en Colombia o la Fundación Tamarindo de El Salvador están enfocados en aquellos jóvenes de zonas con altos índices de violencia y criminalidad, con el objetivo no sólo de dar alternativas frente al crimen organizado sino de promover políticas que reduzcan la tenencia de armas, la pertenencia a pandillas y la violencia cotidiana, que involucran el liderazgo de los mismos adolescentes. Hechos concretos que ayudarían a disminuir las cifras de inseguridad, pero sin un estudio adecuado por parte de los hacedores de política de seguridad.

 

Quienes defienden las propuestas de reducir la edad de imputabilidad penal permanecen no sólo en un populismo punitivo sino en la ignorancia de las realidades de grandes capas de la población en América Latina, donde los grupos criminales son los que imponen el orden y el Estado hace una presencia mínima o limitada a los organismos de seguridad (ejército o policía).

 

Este tipo de programas, donde a los adolescentes se les trate como sujetos de derechos, son los que abren las puertas a las soluciones del incremento de la violencia juvenil, no la mano dura de la responsabilidad penal. Valdría la pena poner atención en esfuerzos que la sociedad civil ha realizado para contrarrestar los fenómenos criminales de barrio, vereda o ciudad, y que brindan un entendimiento mayor de las realidades cotidianas de muchos jóvenes de América Latina.

 

*En este texto se utilizan como sinónimos “jóvenes” y “adolescentes”. Sin embargo en algunos contextos pueden ser diferenciados. Así es que en varios estudios sobre criminalidad juvenil se incluyen cifras de personas mayores de 18 años y menores de 25 años. Aquí hago referencia a la criminalidad que está relacionada con los menores de 18 años y que son juzgados a través de reglas especiales. 

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