En la Sentencia T-690 la Corte Constitucional advierte a los municipios de San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Leguizamo, Puerto Asís, Puerto Guzmán y Puerto Caicedo, en Putumayo, que deben realizar o actualizar los Planes de Contingencia y los Planes de Prevención y Protección de Derechos Humanos y DIH. Para ello, deben incluir líneas de prevención temprana y urgente de hechos victimizantes de desplazamiento forzado y accidentes con minas antipersonal y MUSE, relacionados con las operaciones de erradicación forzada de cultivos ilícitos. Además, la Corte Constitucional advierte que el personal de los Grupos Móviles de Erradicación debe ser capacitado en derechos humanos y que la Policía Nacional debe cumplir estrictamente el Plan de Manejo Ambiental vigente para la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato. Link

En la Sentencia T-300 la Corte Constitucional ordena al Gobierno Nacional hacer una consulta con las comunidades de los Cabildos Indígenas Kiwe Ukwe, Yu ́Çxijme, Yu ́kh Zxiçxkwe, Nasa Kwuma Te ́wesx, Kwe ́sx Kiwe y los resguardos indígenas de Santa Rosa de Juanambú, Campo Alegre, Alpes Orientales y La Floresta Alto Coqueto para establecer el grado de afectación que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), mientras estuvo vigente, causó en su integridad física, cultural, social y económica. Ese procedimiento debe tener en cuenta cinco parámetros: i) el objeto de la consulta es el programa de aspersión aérea con glifosato hecho en Puerto Caicedo y Orito; ii) que se haga con un procedimiento apropiado; iii) que se defina el nivel de afectación teniendo en cuenta el uso ancestral de la hoja de coca, las afectaciones al medio ambiente, a la salud y al territorio; iv) debe establecer mecanismos de seguimiento y exigibilidad de los acuerdos; v) en caso de que no se llegue a un acuerdo, el Consejo Nacional de Estupefacientes y los representantes de las principales autoridades indígenas en Colombia deberán determinar el grado de afectación de la implementación del PECIG en Orito y Puerto Caicedo sobre los derechos fundamentales de las minorías étnicas bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Link

En la Sentencia T-080 la Corte Constitucional ordena realizar un proceso de consulta a las autoridades de la comunidad Carijona (resguardo Puerto Nare) para realizar etno-reparaciones y compensaciones culturales por los impactos y perjuicios causados a la comunidad dentro de sus territorios en desarrollo del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con Glifosato. Link

En la Sentencia SU-383 la Corte Constitucional ordena a las autoridades administrativas consultar de forma efectiva y eficiente a los pueblos indígenas y tribales sobre las decisiones relacionadas con el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos en sus territorios. Se deben someter a consideración de las autoridades de los pueblos indígenas y de las organizaciones que los representan: i) el procedimiento y los términos de la consulta; ii) el ámbito territorial; iii) la determinación de los medios adecuados para adelantar en esa área la erradicación de cultivos ilícito, mediante la aspersión aérea o por otro método alternativo, siempre que se garanticen en forma efectiva y eficiente los derechos fundamentales a la diversidad e integridad étnica y cultural, a la participación y al libre desarrollo de la personalidad de los pueblos indígenas y tribales. Link