El Acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Farc en 2016 significó una esperanza para muchos sectores en Colombia. no solo implicaba que la guerrilla más antigua del continente dejaría las armas, también era una oportunidad para avanzar en las transformaciones sociales que el país esperaba desde hace décadas, como la equidad en el campo o el cambio de mirada hacia el problema de las drogas. 

Tras cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, desde Dejusticia vemos una implementación lenta y atropellada, a pesar de los avances importantes en algunos puntos. Las causas de esto van desde la poca voluntad política y la desfinanciación hasta situaciones impredecibles como la pandemia.  

Como explica Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, “con el plebiscito y la derrota de las fuerzas pro paz en las elecciones presidenciales, esa apuesta por una paz transformadora se ha convertido en una paz más chiquita —minimalista, dicen algunos— pues se ha centrado en la desmovilización del grupo guerrillero y en los derechos de las víctimas, pero sin las transformaciones sociales que beneficiarían a otros sectores de la población”. 

¿Se puede entonces mantener algo de esa esperanza? Para Uprimny, la respuesta es sí, “hay que darle dinamismo al Acuerdo para que la paz profundice la democracia y la democracia apoye la paz”. Por eso, en este aniversario lanzamos varias alertas sobre diferentes temas del Acuerdo que presentan retrasos o dificultades.

La reforma rural no arranca

El acceso a la tierra para el campesinado y la mejora en su calidad de vida que prometió el punto 1 del Acuerdo siguen lejos de ser una realidad. 

– La entrega de tierras va muy lenta: solo se ha cumplido el 3% de la meta de entregar 3 millones de hectáreas a campesinos y campesinas sin tierra.

– La formalización se ha hecho fundamentalmente con base en microfundios, es decir, lo que se han formalizado son porciones muy pequeñas de tierra que no garantizan la sostenibilidad de una familia campesina. 

– Hay atrasos y poca transparencia en la formulación e implementación de los 16 Planes Nacionales que buscaban crear estrategias para superar la pobreza en el campo. 

Reincorporación, en medio de violencia e incertidumbre

Uno de los mayores logros del Acuerdo de Paz fue la entrega de las armas por parte de las y los excombatientes de las FARC. Sin embargo, la reincorporación tiene un futuro incierto.

– Las personas que firmaron la paz no tienen tierra propia y dificulta la sostenibilidad de los proyectos productivos, pues la mayoría tiene una vocación agrícola. Esto pone en riesgo su proceso de estabilización económica.

– Los antiguos espacios de reincorporación o ETCR están el el limbo porque hace un año terminó la vigencia del decreto que los creaba. El Gobierno debió comprar estas tierras para entregárselas a los y las excombatientes pero esto solo ha ocurrido con dos de los 24 ETCR. 

– En estos 4 años han asesinado a más de 230 excombatientes y hemos visto desplazamientos forzados de los espacios de reincorporación.

Enfoque de género: una implementación lenta y fragmentada

En estos cuatro años, el intento de alcanzar la paz para las mujeres y las personas LGBT ha sido un camino lento y fragmentado. Estas son las alertas que identificó el grupo Gpaz.

– Hay una brecha enorme entre la cantidad de hectáreas entregadas y formalizadas a hombres y mujeres.

– Sigue pendiente la deuda de la justicia transicional con las víctimas de violencia sexual y violencia por prejuicio. Es necesario que la Comisión de la Verdad dedique un capítulo exclusivo del Informe final a este tema y que la JEP abra un macrocaso específico sobre el mismo.

– Este Gobierno no muestra interés en dialogar con las personas LGBT y mantiene alianzas con sectores fundamentalistas que promueven discursos errados sobre la categoría género.

– La violencia contra las mujeres defensoras se ha agudizado de manera particular. 

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Un reciclaje de fracasos y promesas incumplidas en materia de drogas

El punto 4 del Acuerdo propuso darle un tratamiento distinto al fenómeno del consumo de drogas, al problema de los cultivos de uso ilícito y al narcotráfico. Pero estamos lejos de eso.

– Aunque las familias campesinas han cumplido con la sustitución de sus cultivos, muy pocas han recibido los pagos prometidos para emprender proyectos productivos.

– Mientras tanto, el Ministro de Defensa ha asegurado que la violencia que vive el país es consecuencia de cultivos ilícitos y la solución que propone es el regreso del glifosato. Esto, además de ir en contra del Acuerdo de Paz y de la Corte Constitucional, amenaza la vida y la salud de las poblaciones. 

– No hay cambios en la manera como se persigue el crimen organizado ni el lavado de activos y las finanzas ilícitas.

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Justicia y verdad, con el tiempo en contra

Estos cuatro años han sido una montaña rusa para la justicia transicional: la pandemia, la polarización y el recrudecimiento de la violencia llegaron para unirse a los problemas estructurales del sistema. 

– La Comision de la Verdad ha enfrentado obstáculos como la muerte de dos de sus comisionados y la llegada de la pandemia, lo que ha retrasado sus tiempos de investigación. La resistencia de algunos sectores también ha sido un problema.

– El diseño de la JEP le ha permitido avanzar en 7 macro casos, pero tiene dificultades para sancionar hechos confesados de manera espontánea. Mientras tanto, el Tribunal se enfrenta a un intento de boicot por parte del partido de Gobierno.

– No hay coordinación para lograr la reparación a las víctimas. Los mecanismos de la Ley de víctimas y los que planteó el Acuerdo de paz siguen funcionando como mundos aparte. 

– Ha sido un enorme reto tratar de construir verdad y justicia cuando el conflicto en los territorios no se detiene.

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Una paz tacaña 

Para cumplir con los compromisos del Acuerdo se necesita un esfuerzo fiscal importante, no una reducción del gasto en inversión, pero el Gobierno parece desconocer esto.

– Las entidades clave para implementar la Reforma Rural están desfinanciadas. Los recursos para el sector defensa son casi el doble que el promedio asignado a las principales entidades encargadas de implementar el punto 1 del Acuerdo.

– Tampoco hay recursos para el Fondo de Tierras, que ha visto una reducción del 33% en 2019 y del 15% en 2020.

– La JEP solicitó recursos adicionales por $30mil millones de pesos pero el Ministerio de Hacienda no los aprobó. Estos recursos eran clave para asuntos como el programa de protección a víctimas.

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Un llamado a implementar el Acuerdo

Sin embargo, no todo está perdido. Desde Dejusticia le hacemos un llamado al Gobierno y a las entidades encargadas para cumplir con las promesas del Acuerdo de paz. Rodrigo Uprimny nos recuerda cuatro razones para hacerlo.

1. Hay una obligación jurídica: el Acuerdo de Paz fue ratificado por el Congreso, adquirió estabilidad jurídica por medio del acto legislativo 02 de 2017 y una reforma constitucional. Aunque no es una norma en estricto sentido, el Gobierno debe cumplirlo de buena fe.

2. Deshacer el Acuerdo o reducirlo hasta su destrucción es perder una oportunidad de que esta paz se consolide y arrastre un proceso de paz con el ELN. 

3. Incumplir el acuerdo deteriora la seguridad: El recrudecimiento de la violencia en los territorios es consecuencia y no causa de la falta de implementación del Acuerdo. Es decir, la falta de copamiento de los territorios que dejaron las Farc, la no aplicación de los mecanismos previstos en el Acuerdo para proteger a líderes y el incumplimiento a las comunidades involucradas en los PDET son algunas de las causas de que se esté deteriorando la seguridad. 

4. Hay un compromiso con la comunidad internacional y el Acuerdo incluso tiene cierta fuerza jurídica internacional, como explicamos en este artículo.