Francisco Gutiérrez pone el dedo en la llaga que llevamos en silencio los investigadores sociales colombianos, como si fuera una cicatriz del oficio.

Es ese dolor en la boca del estómago, que se siente cada vez que una entidad estatal se niega a entregar datos que deberían ser públicos y sin los cuales no es posible hacer estudios serios.

Cuenta Gutiérrez la pesadilla que ha vivido por el secretismo del Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia, que se rehúsa a darle las cifras sobre sindicalistas asesinados. Datos que han sido financiados con los impuestos que pagamos todos y tienen que ver con un asunto de interés general —y, por tanto, deben estar abiertos a consulta pública—.

Respondo el llamado a quebrar la cultura del secretismo con denuncias de casos similares. El problema es que no sé por dónde empezar, porque la lista se ha vuelto tan larga como las decenas de derechos de petición a los que nunca he tenido respuesta.

Menciono apenas un caso. Durante años, el Observatorio de Discriminación Racial que coordino pidió sin éxito los microdatos del censo de 2005 sobre identidad étnica y racial, sin los cuales es imposible hacer análisis estadísticos detallados sobre el tema. Como no es secreto que los datos del censo tienen profundas fallas, no sorprende que el DANE haya dado la misma respuesta a otros que han pedido microdatos sobre temas diversos. Así que la entidad cuya tarea es producir y difundir cifras, es la primera en dar mal ejemplo.

Lo cual nos lleva a la otra mitad del problema: la pobre calidad de la información. Sobre esto también falta publicar incontables casos, como los que vivimos quienes estudiamos la administración de justicia. Por ejemplo, la información catastral del Instituto Agustín Codazzi —esencial para el tema de tierras— no es recogida de forma centralizada en lugares claves como Antioquia, Cali y Bogotá. La misma fragmentación existe entre instituciones que recogen cifras sobre el sistema penal acusatorio, como la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura. Y muchos datos esenciales —como el perfil de los usuarios de la justicia— simplemente no son recolectados.

¿Qué hacer? Un primer paso es que el gobierno expida una directiva presidencial que ordene lo obvio: que las entidades abran sus bases de datos a los investigadores y a la ciudadanía.

Un paso adicional es que los investigadores hagamos causa común para hacer valer el derecho a la información. Cuando las peticiones colectivas de analistas afectados por una entidad no tengan resultados, queda la vía de la acción de tutela.

Pero las solicitudes puntuales no son la solución de largo plazo y sería injusto responsabilizar de todo a funcionarios sobrecargados con miles de derechos de petición. Por eso, la solución de fondo es crear un sitio de internet al que todas las entidades deban subir sus bases de datos para consulta abierta, similar a la que hace poco creó el gobierno de EE.UU. (data.gov).

Estos derechos implican también deberes para los académicos, que con frecuencia operamos con el mismo secretismo estatal. Las bases de datos de estudios financiados con fondos estatales deberían abrirse al uso público, luego de un tiempo razonable de uso exclusivo por parte de quienes las construyeron con esfuerzo. Incluso la cooperación internacional y los financiadores privados deberían exigir lo mismo.

Los investigadores deberíamos tomar la iniciativa, armando un sitio virtual donde compartamos bases de datos, como lo está promoviendo el Iepri de la Universidad Nacional. Sólo así es posible abrir el conocimiento, construir sobre lo ya hecho y permitir que otros investigadores corroboren (o refuten) los análisis hechos por quienes compilaron los datos.

Se dice que Colombia es un país donde sobran los diagnósticos y faltan las soluciones. Pero muchos diagnósticos son hechos con información muy limitada. A la vista están las soluciones que resultan.