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De Cartagena a Chocó: la violencia del racismo
Por: César Rodríguez Garavito (Se retiró en 2019) | febrero 9, 2009
¿EN QUÉ SE PARECEN LA CALLE DEL Arsenal (la más “play” de la Zona Rosa de Cartagena) y las orillas miserables del Río Atrato en el Chocó? A primera vista, en nada.
El Arsenal es uno de los sitios de rumba más caros del país, siempre lleno de caras lindas con tarjetas de crédito Gold. En la ribera del Atrato lo que se ven son desplazados de las comunidades negras huyéndoles a los violentos que los expulsan de sus tierras.
Pero dos noticias judiciales de la semana pasada muestran que tienen bastante en común: la realidad de la discriminación racial y la violencia.
En Cartagena se dictó el primer fallo en la historia colombiana que impone una sanción económica por racismo. El caso ya es bien conocido. Se trata de la tutela que presentó Johana Acosta en 2004 para protestar porque dos discotecas de la Calle del Arsenal le negaron la entrada por ser negra. El asunto llegó a Bogotá al año siguiente, cuando la Corte Constitucional falló a favor de la demandante y ordenó que un juzgado cartagenero calculara el monto que las discotecas debían pagar a Johana para compensarla por la humillación sufrida y por la afrenta a sus derechos.
Con el apoyo de la RedAfro, Johana esperó pacientemente tres años, hasta que la semana pasada la Jueza Octava Civil Municipal de Cartagena estimó en casi 50 millones la indemnización que cada discoteca debe pagar por daños morales. Ahí fue Troya. Porque Johana, su familia y sus abogados empezaron a recibir amenazas telefónicas. No se sabe de dónde viene la intimidación. Lo que sí se sabe es que todo es por el fallo: mejor dicho, porque la jueza y Johana se atrevieron a hacer cumplir la ley.
Ahí es donde el Primer Mundo de la burbuja turística de Cartagena se parece al Tercer Mundo de los ríos del Pacífico. El nexo entre los dos mundos se confirma en la otra decisión judicial de la semana anterior, que inexplicablemente los medios no han registrado. Se trata del pronunciamiento más importante de la Corte Constitucional –y de cualquier entidad estatal— sobre la tragedia humanitaria generalizada que viven las comunidades negras desplazadas o atrapadas por la violencia, desde Chocó hasta Nariño.
Necesitaría otra columna, y más, para hacer justicia a esa joya jurisprudencial (el Auto 005 de 2009, con ponencia de Manuel José Cepeda). Por ahora, basta resaltar que la Corte dice bien clarito, con todas las cifras y los documentos en mano, que los afrocolombianos del Pacífico y de otras regiones son víctimas de la tenaza de la discriminación racial, la violencia, la indiferencia del Gobierno nacional, y las ganas que les tienen a sus territorios las compañías mineras y agrícolas. Por eso, la Corte le ordena al Gobierno hacer lo que nunca ha hecho: desde un balance sobre la situación hasta una política de protección de los territorios de las comunidades negras y de las vidas de sus miembros.
Así que los pronunciamientos judiciales sobre Cartagena y el Pacífico pondrán a prueba la voluntad del Estado y la sociedad de enfrentar la violencia del racismo. Para comenzar, las organizaciones afrocartageneras ya programaron una protesta en la Calle del Arsenal para respaldar a Johana. Y seguramente la Alcaldesa de Cartagena, la primera en tener una política contra el racismo en esa ciudad, estará pendiente. Pero falta ver qué harán el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y el resto del Estado para que cese la intimidación y se cumplan los fallos. Sobra decir que el mundo nos observa y que más de un afrodescendiente poderoso estará pendiente del asunto desde Washington.