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De la tragedia a la farsa

César Rodríguez Garavito
diciembre 15, 2005

Publicado en: Semana

César Rodríguez critica a los grupos antiaborto y a la Corte Constitucional por desconocer con sus acciones la masiva violación de los derechos de las mujeres revelada por las cifras recientes sobre violencia sexual.

 

La historia, decía Marx, tiende a suceder dos veces: la primera, como tragedia, y la segunda, como farsa. Aunque trillada, la frase cae como anillo al dedo para mirar con una pizca de sal el debate sobre el aborto, y el reciente fallo de la Corte Constitucional sobre el tema. Si este año fue el de la tragedia, el que viene puede ser el de la farsa.

Comencemos por la tragedia, que en este caso tiene dos actos. El primero fue la revelación de los tristísimos resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud hace unas pocas semanas. Las cifras hablan por sí solas. El 12 por ciento de las mujeres encuestadas confesaron haber sido violadas por su esposo o compañero permanente, mientras que un 6 por ciento adicional fueron violadas por otros hombres. Si al aterrador dato de un 18 por ciento de mujeres violadas (por favor, ¡casi la quinta parte de la población femenina!) se suma el porcentaje de mujeres que prefiere no confiarle tan delicada información a un encuestador, se concluye que nos encontramos, literalmente, ante una de las violaciones masivas de derechos humanos más graves del país, comparable con aquellas de las que son víctimas otras poblaciones vulnerables, como los desplazados. ¿Qué ha dicho o hecho el gobierno ante semejante escándalo? ¿Qué, las iglesias y los grupos conservadores que hacen campaña para que las mujeres violadas no puedan abortar? ¿Cuál es la posición de las ONG de derechos humanos? Cosa curiosa, en este tema parece que por primera vez la mayor parte de estos sectores converge en un prudente silencio, el mismo que condena a las mujeres a la sujeción física y sicológica en el discreto recinto del hogar.

Por si quedaran dudas de lo trágico del asunto, el estudio trae otras cifras escalofriantes. El embarazo adolescente ha ido en aumento, hasta el punto de que hoy nada menos que el 21 por ciento de las mujeres de entre 15 y 19 años son madres o están embarazadas. Y el 27 por ciento de los niños colombianos fueron abiertamente indeseados, mientras que el nacimiento de otro 27 por ciento fue inesperado. No hay que ir muy lejos para encontrar una causa importante de estas tendencias: la misma encuesta muestra que el conocimiento y el uso de los métodos anticonceptivos bajó por primera vez desde 1967. Aparte del famoso consejo del Presidente Uribe para que los jovencitos “aplacen la sexualidad” porque “ese gustico es para la familia”, ¿cuál es la estrategia del gobierno para contrarrestar estas tendencias? y ¿qué tiene que decir la Iglesia Católica sobre su responsabilidad -o mejor, su irresponsabilidad- por el énfasis renovado que ha puesto en sus doctrinas anacrónicas sobre contracepción y educación sexual?

La segunda parte de la tragedia en dos actos tuvo lugar en los últimos días, con la decisión de la Corte Constitucional de no pronunciarse sobre la demanda contra las leyes que penalizan el aborto, aduciendo controvertidos argumentos formales. No me detengo en esos argumentos (ver la columna de Rodrigo Uprimny), sino en lo que su debilidad hace sospechar: que la Corte decidió de esa manera porque se siente acorralada por los mismos grupos conservadores que, al mismo tiempo que se oponen al aborto (incluso en casos de violación o peligro para la vida de la madre), callan ante las alarmantes cifras sobre violaciones, embarazos y muertes por abortos clandestinos, y se oponen a los programas control de natalidad y educación sexual. Si esto es así, a la tragedia humana se suma la tragedia institucional de una Corte cuya función primordial parece ser sobrevivir los embates de quienes siempre la han querido cerrar, aunque deba sacrificar en el camino su admirable trayectoria de impulso a los derechos constitucionales y el apoyo de los que siempre la han defendido.

Pero el asunto aún no está definido, porque el fallo de la Corte dejó la puerta abierta para nuevas demandas contra la penalización del aborto, que ya fueron presentadas y darán lugar a una nueva sentencia el próximo año. Es aquí donde surge el riesgo de la repetición de la historia, esta vez como farsa. Ya se ve venir la reiteración de la campaña de desprestigio que los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y otros grupos religiosos, políticos y de la sociedad civil, lanzaron contra la misma Corte y las organizaciones que proponen la legalización del aborto. Sin duda, recurrirán a la farsa según la cual, mientras que los grupos que defienden el derecho de la mujer a decidir sobre su sexualidad son parte de una conspiración pro-abortista orquestada desde ONG internacionales, quienes se oponen al aborto son sólo ciudadanos que espontáneamente se levantan contra lo que consideran la violación del derecho sagrado a la vida.

Sin embargo, la realidad es que los sectores anti-abortistas son por lo menos tan organizados como sus detractores, y cuentan con poderosas conexiones y generosos apoyos nacionales e internacionales. Como lo pueden atestiguar los funcionarios de las entidades estatales e internacionales que promueven la salud sexual y reproductiva de las mujeres en América Latina, los sectores religiosos conservadores -como el influyente pero discreto Opus Dei- ejercen con frecuencia una resistencia tenaz y bien organizada contra los programas de educación sexual y contracepción (y, por supuesto, el aborto), tanto desde el púlpito como desde sus altas posiciones en los gobiernos y las organizaciones civiles. A la poderosa coalición se ha sumado el actual gobierno de Estados Unidos, que recompensa los votos clave de los fieles de las iglesias evangélicas conservadoras con el boicot financiero a programas de salud reproductiva y de investigación con células madre que pongan en tela de juicio las creencias religiosas sobre el comienzo de la vida. De allí que el debate sobre el aborto, lejos ser una pelea de gato con ratón amarrado, enfrenta dos audiencias organizadas que se conocen de larga data y que cuentan con argumentos, recursos y estrategias propios.

Este enfrentamiento nos llevará al último acto de esta trama, que será escrito por la Corte en su fallo final. Una cosa es clara: si la Corte quiere evitar otra salida en falso y la repetición de la historia en forma de farsa, tendrá que darse cuenta de que en este tema es imposible quedar bien con todo el mundo. Por tanto, tendrá que darles una decisión de fondo a las nuevas demandas con base en juiciosos argumentos constitucionales. Y en el cálculo que haga sobre los posibles efectos del fallo, deberá tener en cuenta que su fortaleza como institución depende no sólo de aquietar a sus críticos de turno, sino, sobre todo, de continuar la tarea de construcción de una sociedad democrática y pluralista que ha inspirado a sus defensores de siempre.

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