A finales de julio, Cartagena fue el escenario de una Cumbre sobre tributación global en la que los países de América Latina y el Caribe dieron un paso histórico con la creación de una Plataforma regional permanente de cooperación fiscal. En dos entregas anteriores, las investigadoras de Dejusticia Mariana Matamoros e Ivonne Díaz analizaron los resultados de la Cumbre. Esta última entrega explora algunas posibles conexiones del debate tributario con la realidad cartagenera, y plantea algunos temas fiscales que no deberían pasar desapercibidos en el debate público local.  

En junio de 2022, en una alianza con medios internacionales, el medio colombiano 070 publicó una detallada investigación sobre cómo un príncipe belga que disfruta de una vida apacible en Cartagena, se hizo a varias propiedades en la ciudad a través de un entramado de empresas en paraísos fiscales con el cual su fortuna bien hubiera podido pasar desapercibida para autoridades tributarias de varios países. De ser una ciudad donde dueños de grandes fortunas pueden esconder su riqueza -principalmente a través de la propiedad inmueble, que funciona como una especie de paraíso fiscal interno- Cartagena precisa empezar a discutir la forma en el que las agendas globales, nacionales y locales en temas tributarios podrían interactuar para beneficio de su gente.

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Los abusos fiscales trasnacionales pueden privar a los Estados del mundo de 4.7 billones de dólares en la próxima década. Estos recursos, que equivalen a un año del gasto público en salud a escala global, son esenciales para que los gobiernos puedan cumplirle a la ciudadanía sus promesas y les garanticen sus derechos. Pero para poder combatir estos abusos que involucran complejos entramados legales entre fronteras los países necesitan unir fuerzas y cooperar. Y para ello necesitan crear escenarios como la Plataforma que surgió en Cartagena.

Un espacio en el que podría avanzarse en la implementación de medidas como un registro regional para identificar los verdaderos dueños de activos como las propiedades inmuebles, los registros públicos país a país para que las multinacionales tengan que hacer transparentes las jurisdicciones en las que reportan sus ganancias, y la necesidad de una Convención Tributaria de Naciones Unidas que le permita a los Estados diseñar una agenda robusta con participación real de todos los países para combatir estas prácticas.

La conexión con los debates locales en el contexto de la cumbre, sin embargo, fue débil. En una ciudad donde habitan investigadores sobre finanzas territoriales de la calidad de Jaime Bonet, quien desde hace años viene escribiendo sobre las finanzas de la ciudad, es fundamental que estos temas reciban una mayor atención.

La cooperación fiscal también debe involucrar la dimensión territorial, y Cartagena podría ayudar a posicionar esta agenda. El debate electoral es una buena oportunidad para darle al tema la relevancia que merece.