“AHORA QUE LLEVO EL UNIFORME, la Policía ya no me casca, ni tampoco la gente que antes me trataba de ladrón”, me dijo hace unos años un reciclador que lucía el impecable overol verde de la Cooperativa Rescatar.

Tuvimos la entrevista en medio de la helada noche bogotana, durante una parada del flamante camión de la cooperativa en el que recorríamos el norte de la ciudad.

Cada tanto, el camión se detenía para recoger los residuos meticulosamente arrumados por los recicladores. La operación funcionaba como un relojito: todos se conocían y saludaban; todos eran socios de la cooperativa; nadie discutía sobre el peso del producto entregado (como pasa siempre con los intermediarios comerciales); y los que iban en el camión aprovechaban para hacerle propaganda al siguiente taller de capacitación que iba a hacerse en la sede de la cooperativa, sobre autoestima y superación personal.

La cooperativa había transformado a miles de basuriegos —los “desechables” de la sociedad colombiana— en pequeños empresarios. Tenía bodega y maquinaria propias y sus socios, en lugar de bañarse en la fuente de La Rebeca, hacían paseos domingueros a las piscinas de Colsubsidio en Girardot.

La cooperativa Rescatar no era la única. Cuando hice el estudio, a comienzos de la década, ya había casi 100 cooperativas y varias organizaciones gremiales, como la Asociación Nacional de Recicladores. El efecto ambiental de semejante esfuerzo era formidable. Según la Fundación Social, el trabajo de reciclaje preservaba anualmente seis millones de árboles.

Pues bien: ahora el mismo Estado y el mismo sector privado que no hicieron nada para ayudarlos, están haciendo todo lo posible para revertir el proceso y convertir en desechables a estos pequeños empresarios. El primer paso fue la infame (e inconstitucional) Ley 1259 de 2008, que les prohíbe escarbar en la basura y les clava una multa de hasta un millón de pesos si son cogidos, literalmente, con las manos en la masa. Como lo denunció Daniel Samper, la ley apenas disimula su objetivo de entregarles el negocio, ahora que es rentable, a compañías privadas bien conectadas.

Del segundo paso nos enteramos la semana pasada, gracias a una sentencia afortunada de la Corte Constitucional. El fallo tiene que ver con las licitaciones del servicio de aseo y reciclaje en las ciudades (en este caso, Cali), que son el golpe de gracia para las cooperativas de recicladores. Pasándose por la faja la Constitución, la opinión del Alcalde y acuerdos hechos hace 10 años, la empresa de servicios públicos de Cali estaba por concederle a la empresa privada el negocio en una zona de la ciudad. Los recicladores, claro, nunca fueron llamados a opinar ni participar en el proceso de licitación.

La Corte hizo lo que tenía que hacer: suspender la licitación y ordenarles a las autoridades caleñas diseñar otra, con participación de las organizaciones de recicladores. Y exige que en este y en futuros procesos de adjudicación del servicio, se incluyan fórmulas precisas para que las cooperativas de recicladores participen en el negocio, junto con las empresas privadas.

El mensaje de la Corte es claro y lo tendrán que seguir todas las autoridades públicas del país. Nadie dice que no sea necesario tecnificar el reciclaje y cerrar los botaderos que contaminan. En eso las empresas privadas tienen un papel clave. Pero el mercado es suficientemente grande como para que también quepan las cooperativas de recicladores que tienen igual derecho a hacer empresa. A menos que la idea sea convertirlos de nuevo en desechables.

[El estudio mencionado es C. Rodríguez, ‘El caso de las cooperativas de recicladores en Colombia’, en B. Santos y M. García, Emancipación social y violencia en Colombia (Ed. Norma).]