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De Uribe a Correa

César Rodríguez Garavito
septiembre 2, 2014

Publicado en: El Espectador

Mientras más conozco lo que hace Rafael Correa en Ecuador, más me siento transportado a la Colombia de Álvaro Uribe.

 

A la manera de Uribe, Correa viene concentrando poderes y acorralando a sus críticos a fin de perpetuarse en la Presidencia. Como la Colombia de 2010, Ecuador está en vilo por un intento de reforma constitucional para reelegir de nuevo al hombre fuerte. De adversario regional del colombiano, el ecuatoriano pasó a ser su émulo a la izquierda.

Pero hay contrastes importantes entre los dos. A diferencia de Uribe, el gobierno de la “revolución ciudadana” en Ecuador impulsa una agenda económica progresista, que disminuye la pobreza y la desigualdad, al tiempo que mejora la salud y la educación. Y es bastante más eficaz que el de Uribe, tanto construyendo carreteras como destruyendo las instituciones democráticas que se atraviesan en el camino del caudillo.

Por ejemplo, lo que promueve Correa no es la reelección por un período más, sino una enmienda constitucional que le permita quedarse indefinidamente en el poder. Quizás aprendiendo del fracaso del segundo intento de Uribe en las cortes, ya se hizo al control del Tribunal Constitucional, que seguramente avalará en pocos días su propuesta de tramitar la reforma por el Congreso (que controla), y no por consulta popular, como ordena la Constitución.

Porque Correa ha hecho el daño que Uribe no alcanzó: disciplinar al poder judicial para alinearlo con su proyecto político. No porque el gobierno del expresidente no lo intentara todo —politizar el Consejo de la Judicatura, espiar a la Corte Suprema—, sino porque se enfrentaba a una justicia mucho más sólida e independiente. Allá, Correa aprovechó el desprestigio de los tribunales para impulsar una reforma que puso en la cima a un Consejo de la Judicatura de origen político.

Según lo muestra un informe de DPLF, Dejusticia e IDL, escrito por Luis Pásara, el Consejo ecuatoriano se ha encargado de destituir a jueces que fallan contra los intereses del Gobierno, con el peregrino argumento de que han cometido “errores inexcusables” de interpretación. Bajo semejante presión, la justicia ha dejado de ser un contrapeso al Gobierno para convertirse en su instrumento. Entre muchos casos, condenó a 12 años de cárcel por “terrorismo organizado” a tres dirigentes indígenas que marcharon contra el proyecto de ley de aguas, y por “rebelión” a 12 estudiantes de secundaria que salieron a protestar contra el cambio de nombre de su colegio.

De manera que Correa está logrando reemplazar el Estado de derecho por el “Estado de opinión” que anhelaron los uribistas; un régimen donde el presidente usa las mayorías electorales, magnificadas con dosis de populismo mediático, para erosionar los pesos y contrapesos. Allá los consejos comunitarios se llaman “sabatinas”, pero la idea es la misma: un show semanal donde el líder, conectado con las masas por televisión, deja claro que todo lo demás es contrario a los intereses de la patria, ya sean los jueces, los periodistas, los académicos, los movimientos sociales o las ONG. De ahí que en las últimas semanas se haya ido del país la fundación Konrad Adenauer y cerrara sus puertas el periódico Hoy.

Al modo de Uribe, Correa responde las críticas apuntándole al mensajero, como lo hizo por televisión y Twitter contra las organizaciones que auspiciamos el informe sobre la cooptación de la justicia. Con la misma firmeza que lo hicieron frente al autoritarismo de derecha uribista, los sectores democráticos deberían distanciarse de la versión de izquierda correísta. Como aprendimos en Colombia, lo que está en juego es el Estado de derecho.

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