Un conjunto de organizaciones, pertenecientes al IDPC, han enviado carta abierta al Presidente de la República para cuestionar las decisiones que avalan el uso de las aspersiones terrestres con glifosato. Para estas organizaciones el Gobierno Nacional debe establecer un diálogo franco y espacios de cooperación con la sociedad civil y las comunidades rurales. Además debe dejar de implementar estrategias que minan la confianza de comunidades rurales en las instituciones del Estado.

Finalmente invitan al Gobierno Nacional a implementar reformas a la política de drogas contando con la voz de las comunidades afectadas, de manera que estos esfuerzos conjuntos sean una forma de promover las medidas de participación acordadas en el marco del proceso de paz en La Habana.

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Los signatarios rechazan la decisión del gobierno colombiano de reactivar las fumigaciones para erradicar cultivos declarados ilícitos, esta vez por vía terrestre. Durante el proceso preparatorio para la Sesión Especial de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas, las organizaciones aquí firmantes fuimos aliadas del esfuerzo del gobierno colombiano, apoyamos sus propuestas, y celebramos las declaraciones públicas en las que llamaban la atención sobre la necesidad de repensar una política desequilibrada que ha centrado la persecución contra los eslabones más débiles de la economía de la droga, como son los campesinos cultivadores. En estos discursos, su gobierno reconocía también que la política de drogas vigente le había significado a Colombia muchas vidas perdidas y otros impactos devastadores. 

Por todos estos motivos, vemos con preocupación esta decisión, que no es coherente con el discurso que hemos apoyado y celebrado, pues es contraria a la evidencia, viola el principio de precaución y pone en alto riesgo los derechos a la salud, al ambiente sano y al trabajo, entre otros derechos de comunidades rurales y de los erradicadores. Sin que previamente se implemente un adecuado enfoque de desarrollo territorial, concertado con las comunidades, la erradicación forzada ha probado ser equivocada y nociva. Esta decisión resulta contraria también a los resultados del acuerdo de paz en materia de drogas, frente al cual deberían priorizarse más bien medidas coherentes para generar confianza para su futura implementación.   

Los signatarios apoyan además la reciente declaración de la Coalición en pro de la reforma a la política de drogas, mediante la cual solicitan al gobierno revocar la decisión, y además anuncian la posibilidad de emprender acciones con el fin de detener esta riesgosa medida. Nosotros, como organizaciones internacionales que trabajamos en pro de la reforma a las políticas globales de drogas, apoyamos a la sociedad civil colombiana en sus esfuerzos por construir políticas de drogas efectivas, compatibles con los Derechos Humanos y la búsqueda de la paz en ese país. Solicitamos al Presidente Santos establecer un diálogo franco y espacios de cooperación con la sociedad civil y las comunidades rurales, así como los demás sectores afectados por la actual política de drogas, a fin de reformar conjuntamente dichas políticas, y ofrecemos además nuestro apoyo, en la medida de nuestras capacidades, para este fin. 

Firman: 

• WOLA – Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos 
• Myanmar Opium Farmers Forum 
• Accion Semilla – Bolivia 
• Fedito Bxl – Bélgica 
• Andean Information Network – Bolivia 
• Fundación Latinoamérica Reforma – Chile 
• Groupement Romand d’Etudes des Addictions – Suiza 
• StoptheDrugWar.org – Estados Unidos 
• Corporación Humanas Chile 
• México Unido Contra la Delincuencia 
• Asociación Costarricense de Estudios e Intervención en Drogas 
• Intercambios Puerto Rico 
• Drug Policy Australia 
• Diogenis Drug Policy Dialogue – Grecia 
• International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service – España, Holanda y Uruguay 
• Centre for Science in Drug Policy – Canadá