La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del Decreto 1085 de 2023; es decir, determinó que esta norma, expedida por el gobierno del presidente Gustavo Petro para enfrentar la eventual crisis humanitaria asociada al fenómeno del Niño en La Guajira, no se ajusta a la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, la Corte pospuso los efectos de esta decisión por un año. Por tanto, las medidas que adoptó el Gobierno durante la emergencia estarán vigentes hasta que la Corte se pronuncie sobre cada uno de los 13 decretos que expidió el Ejecutivo y podrían tener efectos hasta por un año.

A pesar de algunas ambigüedades, la Corte deja temporalmente con vida las medidas que adoptó el Gobierno 

La decisión, dada a conocer a través de una escueta nota de prensa, ha generado una amplia controversia, en parte, por la falta de claridad sobre su alcance y fundamentación.  La práctica de dar a conocer decisiones tan trascendentales como esta a través de notas de prensa no fortalece el debate público. 

Tal vez uno de los puntos que más ruido ha generado son los efectos diferidos de la inconstitucionalidad del decreto. Al respecto, la Corte estableció que, para evitar que se agraven la crisis y la escasez de agua en el departamento, la inexequibilidad no es inmediata. 

El comunicado conocido este 3 de octubre aclara que, a pesar de la inconstitucionalidad del decreto que declaró el estado de emergencia, las medidas adoptadas en los 13 decretos que expidió el Gobierno durante la emergencia siguen vigentes. La Corte deberá estudiar la constitucionalidad de cada uno. Allí definirá si esas medidas pueden seguir vigentes hasta el 2 de julio de 2024, cuando se cumple un año de la declaratoria del gobierno Petro.

Mientras eso ocurre, el Gobierno tiene margen de acción para seguir implementando esas medidas y podrá buscar que se adopten a través de mecanismos ordinarios. Contrario a lo que sostienen algunas personas analistas y expertas, la decisión de la Corte no autoriza seguir tomando medidas a través del estado de emergencia. Dicho estado duró 30 días, y al no haber sido prorrogado por el Gobierno, con o sin decisión de la Corte, el Ejecutivo ya no podía emitir nuevas medidas para enfrentar la crisis en La Guajira.

La fórmula de diferir los efectos ha sido utilizada por la Corte en casos anteriores, como en la Sentencia C-252 de 2010. Sin embargo, salvo en ese caso, lo había hecho con respecto a medidas ordinarias y no a estados de excepción que son de carácter temporal. De allí las ambigüedades interpretativas que se han presentado.

Una decisión bien orientada, pero confusa

A pesar de la votación dividida (6 magistrados a favor y 3 salvamentos de voto), la Corte logró unanimidad en torno a algunos puntos esenciales. El primero es sobre la gravedad de la situación de La Guajira y la necesidad de enfrentarla; otro más tiene que ver con la disponibilidad de instrumentos ordinarios para actuar frente a la crisis; por último, hubo acuerdo en que el Gobierno no mostró con claridad que, en muchos aspectos, esos instrumentos ordinarios fueran insuficientes. Así las cosas, no había una razón clara para recurrir a mecanismos extraordinarios, como el estado de excepción. 

Desde Dejusticia, coincidimos en estos consensos, pues  la grave situación de La Guajira requiere medidas estructurales y de largo plazo que deben adoptarse por vías ordinarias y requieren de una amplia coordinación del Estado. Además, la excepcionalidad del estado de emergencia no es solo una formalidad, sino una garantía para los derechos y asegura la limitación de poderes. 

Sin embargo, tenemos diferencias con las órdenes impartidas. La declaratoria de inconstitucionalidad adoptada por la mayoría de los magistrados envía un mensaje contundente sobre los límites a los estados de excepción. Aun así, creemos que una constitucionalidad parcial del decreto habría sido una fórmula técnicamente más clara para armonizar la defensa de la excepcionalidad de los estados de excepción con la evidente agravación de la crisis en La Guajira por razones climáticas. Esta fue la fórmula que sugerimos en nuestra intervención y que la primera ponencia incorporaba.

La Guajira necesita la acción decidida, urgente y coordinada del Estado 

La decisión de la Corte no cierra las puertas para que el Estado resuelva la grave situación de La Guajira. De hecho, en su comunicado, el Alto Tribunal hizo un llamado al Gobierno y al Congreso para que adopten medidas que permitan superar la crisis estructural del departamento, crisis sobre la que ya había alertado en la Sentencia T-302 de 2017, por la cual se declaró el estado de cosas inconstitucional en esta región. Cabe anotar que, a seis años del fallo, desde Dejusticia hemos podido constatar que persisten el abandono tanto  nacional como departamental y la vulneración sistemática y generalizada de los derechos de los niños y niñas wayúu.

A su vez, el Alto Tribunal manifestó que se deben fortalecer las instituciones con competencias en materia de cambio climático y asignarles los recursos necesarios para su funcionamiento. También hizo un fuerte llamado al Congreso, pues no ha hecho lo suficiente en los últimos años para corregir los serios problemas de pobreza, exclusión y desigualdad que enfrenta La Guajira. “El Congreso de la República tiene la responsabilidad constitucional de ejercer sus competencias para evitar que los habitantes de este departamento, y en especial sus niños y niñas, sigan muriendo de hambre y de sed”, indica el comunicado.

Por último, la Corte menciona que la situación de La Guajira debe convocar “la acción decidida y la colaboración armónica de todas las instituciones del Estado”. Desde Dejusticia, compartimos este llamado, e insistimos en que, más allá de la decisión de la Corte y sus implicaciones para los planes del Gobierno, la situación de este departamento no da espera y requiere medidas urgentes y coordinadas. Si el país no actúa en el presente, el costo social, ambiental y económico de remediar la crisis del departamento podría ser imposible de asumir.

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