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Se necesitan mayores esfuerzos para cumplir con las disposiciones del Acuerdo de Paz que buscan mejorar las condiciones socioeconómicas de gran parte de la población colombiana, uno de los principales reclamos y uno de los factores que originaron el conflicto armado. | EFE

Defender el Acuerdo de Paz en Colombia a través del litigio estratégico

El apoyo legal de Dejusticia en respaldo al Acuerdo de Paz es una muestra del rol fundamental que tiene la sociedad civil organizada para garantizar y alertar sobre su implementación. La supervisión es una de las funciones más importantes de la sociedad civil en un sistema democrático.

Por: Fabián Eduardo Mendoza PulidoNoviembre 24, 2023

Por: Roberto Porras y Fabián Mendoza


El Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc-EP ha sido objeto de una exhaustiva revisión por parte de la Corte Constitucional. Su ratificación solo fue el comienzo de un proceso largo y complejo hacia su implementación efectiva. Las pugnas políticas y la pandemia del COVID-19 han sido algunos de los factores que han obstaculizado ese objetivo.

Dejusticia ha trabajado para que la paz sea posible en Colombia, apoyando los esfuerzos para lograrla mediante negociaciones con grupos alzados en armas, así como también a través de iniciativas de construcción de paz en las regiones. Una de las formas en que hemos participado para apoyar la implementación efectiva del Acuerdo de Paz es a través del litigio estratégico.

La defensa para extender el periodo de la Comisión de la Verdad

Dejusticia, junto con varias organizaciones que promueven los derechos de las víctimas, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional solicitando una extensión del período de tres años para las actividades de la Comisión de la Verdad, que fue establecida por el Acuerdo Final y cuyo mandato tuvo interrupciones causadas por la pandemia del COVID-19.

La Comisión de la Verdad fue diseñada para que las víctimas del conflicto armado pudieran acceder a su derecho a conocer la verdad e identificar a los responsables de violaciones de derechos humanos. El mandato de esta institución fue implementado mediante la aprobación, por parte del Congreso, del Decreto Ley 588 de 2017, cuyos artículos 1 y 24 establecieron un período de tres años para las actividades de investigación y escucha a víctimas y responsables, así como seis meses adicionales para la preparación de un informe final.

Sin embargo, el inicio de la pandemia del COVID-19 desencadenó la declaración de un estado de emergencia por parte del Gobierno colombiano, lo cual impactó considerablemente la misionalidad de la Comisión. En lugar de llevar a cabo visitas de campo y reuniones cara a cara con testigos, la Comisión se vio limitada a avanzar en su proceso de escucha exclusivamente de manera virtual.

En la demanda presentada ante la Corte Constitucional, Dejusticia y sus aliados argumentaron que la Comisión solo funcionó en condiciones normales durante un año, tres meses y 14 días, aproximadamente el 40% del periodo estipulado inicialmente. Esta situación fue en contravía de los antes mencionados artículos 1 y 24 del Decreto 588 de 2017.

La Corte Constitucional estuvo de acuerdo con los argumentos de Dejusticia y extendió el mandato de la Comisión de la Verdad por siete meses, hasta junio de 2022. Esta decisión fortaleció a su vez el proceso de paz, pues protegió la misión de la Comisión de la Verdad de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, así como fomentar el diálogo social sobre los hechos del conflicto armado.


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La política de Paz Total, bajo la lupa

Dejusticia también ha contribuido en el debate sobre la política de Paz Total, fundamentada en la Ley 2272 de 2022. Esta política tiene como objetivo poner fin al conflicto armado en el país mediante la negociación de desarme con grupos armados en todo el país, ofreciendo amnistías para aquellos que lleguen a acuerdos y abordando también las causas y patrones por las cuales persiste el conflicto armado. Es importante subrayar que a través de esta política se extiende el proceso de paz a actores que no participaron del proceso con las Farc-EP.

El 8 de marzo de 2023, la Corte Constitucional admitió una demanda de constitucionalidad de la Ley 2272 de 2022, presentada por tres congresistas. Esta acción contenía cuatro argumentos que cuestionaban la constitucionalidad de la ley. Dejusticia presentó una intervención para demostrar la improcedencia de estos argumentos.

Tres de las cuatro razones argumentadas por los congresistas aludían a errores procedimentales. La Corte los desestimó tras señalar que no hubo irregularidades procedimentales en el proceso de debate y aprobación de esta ley.

El otro argumento señala que a través de la Ley 2272 de 2022 se extienden los beneficios de participación en la Paz Total a personas que estaban cobijadas por el Acuerdo Final con las Farc-EP y que posteriormente reincidieron sumándose a las conocidas disidencias. Los congresistas demandantes argumentaron que esta disposición entra en conflicto con el punto 4.1.3.4 del Acuerdo Final, que estipula la «pérdida de beneficios para reincidentes». Por lo tanto, viola los derechos de las víctimas.

Para Dejusticia este argumento también es equivocado, toda vez que el Acuerdo Final simplemente prohíbe a los reincidentes participar en los mecanismos de justicia transicional estipulados en el Acuerdo Final, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y no prohíbe su participación en programas creados por el Estado posteriormente.

El proceso de revisión de la Corte ya concluyó la etapa de audiencias y actualmente se espera la decisión. Un fallo que respalde la constitucionalidad de la ley sería fundamental para impulsar la política de Paz Total. Ofrecer los incentivos suficientes a aquellos actores armados para desmovilizarse es un asunto vital si se pretende dar una solución definitiva para terminar el conflicto armado en Colombia.

Amicus curiae a favor del PNIS

Una de las políticas en las que Dejusticia ha dedicado muchos esfuerzos es la del PNIS (Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito). El PNIS surgió del Acuerdo Final y tiene como objetivo erradicar la producción de cultivos ilícitos mediante la implementación de incentivos para que los cultivadores puedan transitar hacia actividades económicas legales. A las personas que participan voluntariamente del programa se les garantizan pagos bimensuales durante dos años, además de recibir financiamiento y asistencia para actividades por las que sustituyeron los cultivos de uso ilícito.

Sin embargo, hay familias que eligen no participar en el PNIS y continúan con los cultivos de uso ilícito. En estas zonas, el Gobierno sigue implementando métodos de erradicación forzada, incluida la aspersión aérea de productos químicos como el glifosato. Dejusticia ha realizado múltiples intervenciones para evitar el uso de estos químicos en programas de erradicación forzada, debido a la afectación que ocasionan sobre la integridad y la salud de las comunidades.

En junio de 2021, la Corte Constitucional admitió tres acciones de tutela  presentadas por comunidades de la región del Pacífico nariñense, del Catatumbo (Norte de Santander) y de tres municipios de Cauca. En cada uno de estos casos, los cultivadores expresaron su voluntad de participar en el PNIS; sin embargo, el Estado no los incluyó en el programa y, por el contrario, implementó medidas de erradicación forzada.

Dejusticia intervino en estos casos y argumentó que el incumplimiento del Gobierno constituye una violación del Acuerdo Final, así como del deber constitucional de actuar de buena fe. El acuerdo voluntario entre los cultivadores y el Gobierno tiene connotaciones legales que implican el deber de ambas partes de cumplir con sus obligaciones, como si se tratase de un contrato. Las demandas solicitan a la Corte que ordene la suspensión inmediata de los programas de erradicación forzada, incluido el uso de glifosato, en las comunidades que expresaron su disposición a participar en el programa PNIS, así como a instar al Gobierno a cumplir con las disposiciones del programa.

Estas demandas están pendientes de la decisión que tome la Corte Constitucional. De igual manera, también se han presentado varios casos similares sobre el incumplimiento del PNIS por parte del Gobierno que están en revisión del Alto Tribunal. De estos fallos depende la eficacia del PNIS y el cambio para que las regiones marginales de Colombia, que tienen una dependencia económica del cultivo ilegal, transiten hacia actividades económicas y productivas legales.

La paz en Colombia: un largo camino por recorrer

El Acuerdo Final ha permitido cosechar buenos resultados. Por ejemplo, el Informe Final de la Comisión de la Verdad se publicó en junio de 2022, lo cual representa un hito histórico en la constante búsqueda de la verdad que siempre han reclamado las víctimas. No obstante, se necesitan mayores esfuerzos para cumplir con las disposiciones del Acuerdo Final que buscan mejorar las condiciones socioeconómicas de gran parte de la población colombiana, uno de los principales reclamos y uno de los factores que originaron el conflicto armado.

El apoyo legal de Dejusticia en respaldo al Acuerdo de Paz es una muestra del rol fundamental que tiene la sociedad civil organizada para garantizar y alertar sobre su implementación. La supervisión es una de las funciones más importantes de la sociedad civil en un sistema democrático. Identificar las responsabilidades y pedirle una continua rendición de cuentas al Gobierno garantiza que se actúe priorizando el bienestar de la ciudadanía, en lugar de ponderar intereses que solo benefician a unos cuantos.

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