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Defendiendo la Defensoría

Rodrigo Uprimny Yepes
enero 31, 2016

Publicado en: El Espectador

La renuncia forzada y tardía del defensor abre al presidente Santos la posibilidad de hacer una moñona: reforzar una institución trascendental como la Defensoría, recuperar el prestigio del cargo de defensor y mejorar la equidad de género en la cúpula del Estado.

 

Esa moñona sólo requiere que el presidente elabore una terna con tres
mujeres, que sean intachables éticamente, competentes profesionalmente y
estén comprometidas con la paz y los derechos humanos. Y mujeres con
esos rasgos hay muchas.

La Defensoría es una institución muy
importante pues no sólo le corresponde en general promover los derechos
humanos, sino que desarrolla también labores específicas
trascendentales, como suministrar defensa jurídica a quienes la
requieran pero no puedan pagarla, o denunciar posibles violaciones de
derechos humanos. En cierta forma la Defensoría es el abogado de los sin
abogado y la voz de los sin voz.

La mayor parte de los
funcionarios de la Defensoría están muy comprometidos con esas difíciles
labores institucionales y no sólo trabajan incansablemente, sino que
incluso asumen grandes riesgos personales. Algunas masacres han podido
ser evitadas gracias a que algunos valientes funcionarios de la
Defensoría en las regiones lograron que hubiera la alerta temprana, que
permitió prevenir la atrocidad. Pero para que la Defensoría cumpla bien
su misión se requiere también que el defensor o defensora del Pueblo
tenga enorme credibilidad moral pues la Defensoría no tiene poder
sancionatorio. Su único poder es su “magistratura moral”, que es la
capacidad de influir debido a la credibilidad y al respeto que generen
sus actuaciones, sus informes y sus denuncias. Y esa magistratura
requiere que la autoridad moral del defensor o defensora sea
incuestionable.

El drama es que, en los últimos 12 años, los
defensores no han tenido la autoridad moral que tuvieron en su momento
Jaime Córdoba o Eduardo Cifuentes, este último antes de su infortunada
renuncia, lo cual ha debilitado el impacto de la Defensoría. Volmar
Pérez nunca asumió verdaderamente la tarea de defensor y Otálora, quien
no hizo una mala labor de fortalecimiento presupuestal e institucional
de la Defensoría, perdió toda credibilidad moral por sus maltratos y
acosos.

Santos puede recuperar el brillo de la Defensoría con una
excelente terna. Y, por razones de equidad de género, debería hacer una
terna de mujeres para que tengamos nuestra primera defensora del Pueblo.
Es no sólo un asunto de justicia con las mujeres, sino que además
reduce la discriminación por sexo, porque acostumbra a la sociedad a ver
a las mujeres en puestos de alta responsabilidad. Y candidatas es lo
que hay.

Posdata: ¡Qué diferencia entre la indigna renuncia de
Otálora y la dignidad y solidez argumentativa de la carta de renuncia de
su defensor delegado en asuntos constitucionales, Luis Manuel Castro,
que confirma que los últimos defensores no estuvieron a la altura de sus
valiosos funcionarios! Como antiguo profesor de Lucho siento un enorme
orgullo.

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