Este martes 5 de abril a las 9 a.m. Dejusticia junto con otras organizaciones* presentará un testimonio ante la Comisión Interamericana que documenta los enormes costos humanos que trae consigo la actual política de drogas punitiva, –de prisión preventiva– que recae especialmente sobre la población femenina en situación de alta vulnerabilidad de la región. En algunos países, más del 60% de la población femenina encarcelada se encuentra presa por delitos no violentos de drogas. 

El uso excesivo de la prisión preventiva es uno de los factores principales del hacinamiento en las cárceles de América Latina. En algunos países, la prisión preventiva es obligatoria para cualquier delito de drogas, sin importar si es de alta o baja escala, ni si el delito fue violento o no. 

Por esas circunstancias, es necesario actuar con el propósito de garantizar que la privación de libertad sea efectivamente un recurso de última ratio y que las penas sean proporcionales al tipo de delitos, al daño que efectivamente cometió la infractora, al rol que ocupó en la cadena ilegal y a su verdadero grado de peligrosidad para la comunidad, tomando en cuenta una serie de factores atenuantes. 

Al analizar la población de mujeres encarceladas por estos delitos, vemos que se trata en general de mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad social, jefas únicas de hogares con niños y ancianos a cargo. Debe destacarse el hecho de que la mayoría de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad por estos delitos han vivido experiencias de discriminación y/o violencia antes de su encarcelamiento. 

La sanción penal tiene impactos diferenciales en las mujeres, y con frecuencia genera mayores consecuencias en sus hijos y sus familias, pues además de ser ellas quienes se encargan del cuidado de personas dependientes, varias son madres cabeza de hogar que pierden el respaldo de sus familias cuando ingresan a la cárcel. Pese a ello, las responsabilidades del cuidado de las mujeres no son tomadas en cuenta usualmente al dictar sentencias, lo cual conlleva a la destrucción de lazos familiares y la puesta en riesgo de sus familiares 

Por estas razones es necesario desarrollar nuevas políticas, intervenciones y programas con el objetivo de eliminar y, cuando menos, mitigar, estas consecuencias negativas. Mujeres, politicas de drogas y encarcelamiento: Una Guia para la reforma de politicas en America Latina el Caribe ofrece un mapa vial de reformas en políticas públicas con enfoque de derechos humanos y de género, para lograr este objetivo

Algunas cifras

La población de mujeres privadas de libertad en  Colombia creció en un 271% entre 2000 y 2014.  

En México el número de mujeres presas por delitos federales se ha incrementado en un 400% desde 2007 . 

En Argentina la población de mujeres encarceladas por delitos de drogas aumentó 271% entre 1989 y 2008.  

En Brasil se produjo un crecimiento del 290% e entre 2005 y 2013. 

*Organizaciones participantes
Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID)-Costa Rica
El Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (DeJusticia)- Colombia
Equis Justicia para las Mujeres- México
Corporación Humanas- Chile
Corporación Humanas- Colombia
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) Uruguay
Secretaría Nacional de Drogas- Junta Nacional de drogas- Presidencia República Oriental del Uruguay, 
Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) – Argentina, 
Washington Office on Latin America (WOLA) – Estados Unidos