Esta semana, el grupo de trabajo sobre justicia transicional y Objetivos de Desarrollo Sostenible[1], liderado por el ICTJ y del que hace parte Dejusticia, publicó el informe On solid ground —En tierra firme: Construyendo paz y desarrollo sostenible después de violaciones masivas de derechos humanos—.

Ese documento resalta los vínculos entre la justicia transicional y los ODS —en particular, los relativos a paz, justicia e inclusión (ODS 16), género (ODS 5) y desigualdad (ODS 10)— y presenta recomendaciones a los estados miembros de la ONU que participarán en el foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible este año.

El documento incluye aportes de Túnez, Indonesia, Argentina, Kenia, Guatemala, Nepal y Colombia, entre otros. En particular, el caso colombiano resalta las conexiones entre los propósitos de la justicia transicional y los derechos sociales, económicos y culturales por medio del concepto ‘reparación transformadora’.Desde esta perspectiva, analiza cómo la política pública de restitución de tierras y territorios busca no solo devolverles a las víctimas de despojo la tierra que perdieron, sino también remover las causas estructurales que facilitaron el conflicto armado, como la desigualdad y la exclusión.

Como argumento central, el informe sostiene que, en contextos de violaciones graves y masivas a los derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible serán más alcanzables si las sociedades persiguen eficazmente la justicia. En esas condiciones, la justicia transicional ayuda a atender las necesidades de las víctimas y reducir “la brecha de justicia”,  es decir, la falta de garantías de justicia para las comunidades que, por las circunstancias extremas en las que viven, se encuentran por fuera de la protección de la ley.

Además, la justicia transicional facilita la consecución de cuatro objetivos que los ODS también persiguen:  fomentar confianza en las instituciones y entre personas y grupos; fortalecer el estado de derecho y el acceso a la justicia;  ayudar a transformar las desigualdades de género; y reducir la desigualdad, la marginalización y la corrupción.

Por último, el informe resalta que la justicia transicional prevé herramientas útiles para alcanzar la paz y el desarrollo sostenible. Entre ellos, el enfoque de contexto específico y local, que atiende a las necesidades concretas de las comunidades; la participación significativa de las víctimas; y el balance necesario entre los acuerdos políticos y la estabilidad en el largo plazo.