Las personas provenientes de Venezuela enfrentan múltiples barreras para contar con un estatus migratorio en Colombia, evidencia de ello es que cerca del 56% se encuentra en situación irregular. Con el fin de ilustrar el panorama de las rutas de regularización, diseñamos este diagrama donde se analizan las diferentes vías y los requisitos que deben cumplir las personas migrantes para acceder a estas rutas. Un ejercicio que nos permite visibilizar las barreras que imposibilitan a gran parte de esta población contar con un estatus migratorio regular.

Estas barreras se deben principalmente a las trabas para acceder a la documentación en su país de origen, pero también a que las rutas más flexibles, como el Permiso Especial de Permanencia (PEP), no reciben aplicaciones de manera permanente, no están pensadas a largo plazo, ni atienden de manera efectiva las necesidades y condiciones particulares de esta población. Aquí los principales vacíos:

• Las visas: Para solicitar una visa en Colombia es indispensable contar con un pasaporte, documento difícil de tramitar debido a la crisis económica e institucional de Venezuela. El precio de un pasaporte es de 39.210.008 bolívares, aproximadamente 200 dólares, equivalente a 49 salarios mínimos mensuales en ese país.

El fin de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, que acabaron con las actividades consulares desde 2017, y la suspensión indefinida de Venezuela en el Mercosur, propiciaron barreras administrativas para adquirir los mínimos requerimientos para tramitar un pasaporte, apostillar o legalizar documentos.

• Los PEP: Si bien el PEP, en sus distintas modalidades, constituye un avance para que las personas migrantes venezolanas regularicen su situación migratoria, es una ruta que no está activada de manera permanente y en sólo dos casos ha estado dirigida a las personas en situación irregular (PEP-RAMV y PEPFF), de ahí que su alcance resulte limitado.

• La condición de refugiado: Durante el tiempo de espera de la decisión, para la cual no existen plazos, los solicitantes reciben un salvoconducto por 180 días que es prorrogable. Con este salvoconducto las personas tienen acceso al sistema de salud, pero no cuentan con un permiso de movilidad interna, ni con autorización expresa para trabajar.

Las personas migrantes venezolanas están optando por otras vías para obtener un estatus migratorio regular a pesar de cumplir con los criterios para ser reconocidos como refugiados y recibir así protección internacional.

En el diagrama predominan las palabras “fin” y “cerrado”, lo que demuestra que cumplir con los requisitos de cada vía resulta complicado: las posibilidades para acceder a algún mecanismo de regularización dependen de los documentos con los que cuente la persona y de la forma —regular o irregular— en que haya ingresado al país.

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Los exigentes requisitos y su alcance limitado han generado un número importante de migrantes en situación irregular, lo que dificulta la garantía de derechos esenciales como la salud, la educación y el trabajo digno. 

Esperamos que esta sea una herramienta útil para instituciones, organizaciones y personas que estén interesadas en entender las opciones de regularización migratoria existentes en Colombia.

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