Cuando concluye la Conferencia Internacional para la Reducción de Daños (un espacio bienal en el que se discuten estrategias que minimizan los daños a la salud en personas que utilizan drogas), cientos de profesionales de la salud, académicos y expertos en políticas de drogas y derechos humanos publicamos una declaración en la que pedimos a los líderes mundiales que aborden urgentemente la crisis de salud y derechos humanos entre personas que usan drogas.

Las ONG firmantes, entre las que se encuentra Dejusticia, advertimos sobre la alarmante emergencia de salud pública que enfrentan: entre 2009 y 2015, la cantidad de muertes relacionadas con las drogas aumentó en un preocupante 60%. Solo en 2015, esto culminó con un total de 450.000 muertes, un estimado de 50 cada hora.

Entretanto, el objetivo de reducir a la mitad la incidencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas para el año 2015, establecido hace ocho años, se perdió en un 80%, y la prevalencia del VIH aumentó en un tercio entre las personas que se inyectan. Además, a nivel mundial, seis de cada diez personas que usan drogas viven con hepatitis C, mientras que 168.000 murieron de una sobredosis solo en 2015.

Estos daños a la salud son prevenibles. La evidencia, presentada en la Conferencia esta semana, muestra que la reducción de daños y las políticas de drogas centradas en los derechos humanos pueden salvar vidas, prevenir la propagación del VIH y la hepatitis C y promover la dignidad y el empoderamiento de las personas que consumen. Pero esto requiere el liderazgo tanto de los gobiernos como de la ONU.

La declaración conjunta de la ONG también expresa serias preocupaciones sobre la capacidad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para dirigir adecuadamente la respuesta de la ONU sobre este tema.

Por su propio mandato y construcción, la UNODC sigue más en sintonía con la respuesta de las autoridades a las drogas. Como resultado, su liderazgo ha fallado sistemáticamente en defender inequívocamente la reducción de daños, los derechos humanos y la despenalización, y ha perdido más credibilidad con el silencio reiterado ante las graves violaciones de los derechos humanos. En la actualidad, las personas que consumen drogas siguen siendo víctimas de encarcelamiento, detención obligatoria, negación del acceso a la atención médica, castigos corporales, violencia institucionalizada, estigma y discriminación y, en los casos más extremos, asesinatos extrajudiciales.

En respuesta al vacío del liderazgo político, las ONG que estuvimos en Porto, Portugal, pedimos que el liderazgo mundial proteja los derechos humanos de una «población atacada» y exigimos que estos inaceptables abusos contra los derechos humanos lleguen a su fin.

Ann Fordham, directora ejecutiva del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), y del que Dejusticia también hace parte, declaró: «Con poco más de diez años para que los países cumplan su compromiso mundial de promover la salud, reducir las desigualdades y brindar acceso a la justicia para todos, como se establece en el En los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, nunca ha habido una necesidad más urgente de fortalecer el liderazgo político en todos los niveles. Ante la crisis actual, la complacencia ya no puede ser tolerada».