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Democracia, mayorías y deliberación

Rodrigo Uprimny Yepes
abril 27, 2009

Publicado en: El Espectador

LOS DEFENSORES DEL REFERENDO reeleccionista han eludido debatir en el Congreso las críticas a esa reforma constitucional, con el argumento de que esa iniciativa ha sido apoyada por millones de colombianos, por lo que debe dársele trámite prácticamente sin discusión. La tesis implícita es que en una democracia las mayorías son soberanas. Pero la cosa no es tan simple.

 

LOS DEFENSORES DEL REFERENDO reeleccionista han eludido debatir en el Congreso las críticas a esa reforma constitucional, con el argumento de que esa iniciativa ha sido apoyada por millones de colombianos, por lo que debe dársele trámite prácticamente sin discusión. La tesis implícita es que en una democracia las mayorías son soberanas. Pero la cosa no es tan simple.

Es claro que la regla de mayoría es un componente esencial de la democracia; pero el valor de la democracia reside también en que las decisiones colectivas sean discutidas públicamente, en especial en los parlamentos.

La razón de esa exigencia es que, como lo han mostrado los defensores de la democracia deliberativa, como Habermas o Nino, la discusión pública de los asuntos colectivos contribuye al logro de una sociedad más justa, al menos por las siguientes seis razones:

Primero, porque dicha discusión ayuda a corregir errores, puesto que somete los argumentos empíricos y teóricos a la controversia de los opositores. Este debate muestra las debilidades y fortalezas de las distintas tesis y promueve decisiones más racionales.

Segundo, porque la deliberación obliga a tomar en consideración los intereses ajenos. La mayoría no puede simplemente ignorar las visiones de las minorías, argumentando que son intereses minoritarios. Esa actitud es tan irrespetuosa de la dignidad de los otros, que resulta poco defendible públicamente en una democracia.

Tercero, porque el principio de publicidad obliga a presentar abiertamente las razones que sustentan la decisión adoptada, con lo cual ciertas motivaciones manifiestamente injustas quedan excluidas del debate político, precisamente por ser socialmente inaceptables.

En cuarto lugar, porque la discusión pública estimula el desarrollo de cualidades democráticas importantes en los ciudadanos y en los líderes políticos, en especial la virtud de la imparcialidad, en la medida en que los obliga a ir más allá de sus intereses puramente personales.

Quinto, porque la deliberación pública permite también un mayor control ciudadano sobre las autoridades, con lo cual realiza en forma más profunda los ideales del Estado de Derecho y de la soberanía popular, pues obliga a los funcionarios a justificar y explicar sus decisiones.

Sexto, porque las decisiones que son producto de una discusión pública tienen además mayores posibilidades de ser acatadas voluntariamente, pues no son vistas como una imposición arbitraria, sino como un acuerdo basado en razones conocidas. Las democracias fundadas en una deliberación civilizada tienden entonces a ser más estables.

La legitimidad de una decisión democrática no depende únicamente de que ésta haya sido apoyada por una mayoría; es necesario que esa opción haya sido públicamente discutida, de tal manera que las distintas razones en su favor hayan sido debatidas y conocidas por la ciudadanía. Este proceso permite que las personas puedan incluso cambiar sus preferencias iniciales, lo cual muestra que una voluntad genuinamente democrática no resulta de la simple agregación de las preferencias privadas; es el resultado de la deliberación pública.

Por ello resulta tan antidemocrático que la aplanadora uribista en el Congreso se niegue a debatir públicamente muchas propuestas, como la reelección o la reforma política. Pero eso no es todo; es posible que esa negativa implique también vicios en el trámite de esas reformas, pues la Corte Constitucional, reconociendo la importancia de la discusión pública en la formación de la voluntad democrática, ha señalado en varias oportunidades (Ver, entre otras, las sentencias C-114-03, C-668-04 y C-816-04) que la elusión de los debates en el Congreso acarrea la inconstitucionalidad de las reformas aprobadas.

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