Y es una pregunta que debería interesarnos a los colombianos, pues las distorsiones democráticas de Estados Unidos tienen impactos globales.
Después de Watergate, el Congreso de Estados Unidos expidió, en 1974, una ley que establecía topes a los gastos electorales y a las contribuciones privadas a las campañas. Era una regulación sabia para controlar la influencia indebida del dinero en las elecciones, pero la Corte Suprema la ha ido desmontando.
Primero, la sentencia Buckley de 1976 anuló los límites a los gastos electorales, lo cual ya fue grave, pues incrementó astronómicamente los costos de las campañas. Pero al menos la Corte preservó en ese momento los límites a las contribuciones privadas. Pero eso desapareció en los últimos cuatro años.
En 2010, la sentencia Citizens United anuló los topes a los aportes que las corporaciones pueden hacer a las campañas. Y para completar, la sentencia del miércoles anuló el monto máximo que los particulares pueden dar a una campaña electoral.
Aunque subsisten algunos límites legales, el resultado en la práctica es que en Estados Unidos las elecciones tendrán costos infinitos y las empresas y los ricos podrán aportar todo el dinero que quieran.
La Corte Suprema justificó la anulación de esas restricciones con el argumento de que forma parte de la libertad de expresión que una persona pueda usar libremente su dinero para difundir su mensaje político, por lo que una limitación a los gastos electorales y a las contribuciones privadas a las campañas restringe injustificadamente esa libertad. Y que eso no viola la igualdad, pues todas las personas pueden usar todo el dinero que quieran para expresar sus visiones políticas. Esa visión de la democracia como una especie de “libre mercado de las ideas” parece atractiva, pero es inaceptable, pues desconoce las desigualdades de poder comunicativo. Los pobres no tienen la posibilidad de organizar una campaña electoral y difundir un mensaje electoral de la misma manera que un multimillonario. Y que no se diga que este mercado es abierto y que todos pueden participar en él, pues el debate político y los procesos electorales tienen mucho de “juego suma cero”, ya que la amplificación y fuerza de ciertos discursos implica obligatoriamente un silenciamiento de las voces de sus rivales.
La ausencia de límites a los gastos electorales y a las contribuciones a las campañas fortalece entonces el dominio político e ideológico de quienes tienen poder económico y silencia las voces de los pobres. La selección de los gobernantes ya no dependerá tanto de la voluntad igualitaria de los ciudadanos, sino de las preferencias y la voluntad de los más ricos. Y eso es la definición misma de plutocracia.