Durante la segunda mitad del siglo XX, el movimiento de derechos humanos en Latinoamérica vivió una época dorada después de duras décadas de dictaduras militares, purgas y genocidios. Debido a la constancia y fuerza de las personas y organizaciones, no solo se crearon estándares internacionales contra todo tipo de violencias y discriminación, sino que disminuyeron las violaciones de derechos humanos y se crearon instituciones de monitoreo, con un énfasis en la protección de poblaciones vulnerables.

Hoy estamos ante el fin de esa época dorada, pues nos enfrentamos al retroceso de los derechos humanos, el declive de las democracias y el auge de tendencias autoritarias.  Diversos países del mundo enfrentan formas distintas de declive democático. Algunos regímenes se han impuesto mediante mecanismos ilegítimos y poco transparentes y se mantienen en el poder combinando populismo y represión, como en Venezuela. En otros casos, gobiernos democráticamente legitimados han impuesto regímenes en los que limitan y vulneran derechos y hacen retroceder los valores democráticos, como en Perú y El Salvador. Varios países, incluido Estados Unidos, están viendo un desmantelamiento acelerado de los contrapesos institucionales y del Estado de derecho.

Una de las estrategias de estos regímenes y gobiernos para debilitar el Estado de derecho y las democracias ha sido debilitar y silenciar a la sociedad civil. En algunos contextos, las tácticas destinadas a debilitarla se presentan bajo una aparente legalidad. Una de las más extendidas es la aprobación de leyes «anti ONGs», diseñadas para restringir el acceso a financiamiento, limitar la libertad de asociación y expresión, e imponer trabas burocráticas y sanciones que en última instancia, buscan criminalizar y hacer ilegal la existencia de este tipo organizaciones.

Otras medidas son abiertamente inconstitucionales e ilegales. Las restricciones a derechos fundamentales como la protesta, la libertad de locomoción y el derecho a la vida son también medidas ampliamente utilizadas contra la sociedad civil. Un ejemplo claro es lo que ocurrió el pasado 28 de julio de 2024 en las elecciones venezolanas, cuando el régimen de Maduro desató una ola de represión contra organizaciones de derechos humanos, manifestantes y la oposición.

Otra táctica recurrente es la difamación y el desprestigio. En Perú, diversas ONGs han sido blanco de intensas campañas de hostigamiento y estigmatización con el objetivo de debilitar su labor e influencia. Estas estrategias, que exacerban el clima de persecución y criminalización contra la sociedad civil, van desde la difusión de desinformación por medios públicos, hasta las acusaciones de recibir financiamiento para llevar a cabo acciones terroristas. Sobre esto último, es importante destacar que el abuso de medidas antiterroristas y la prolongación del estado de emergencia han restringido el espacio cívico y vulnerado los derechos humanos de la sociedad civil.

Este tipo de medidas, que tienen como objetivo silenciar la voz de la sociedad civil, también le están dando un golpe letal a las democracias. Para que exista una democracia no basta con que haya elecciones periódicas y alternancia en el poder. Es importante, entre otros factores, que las personas puedan expresarse y participar. Por tanto, es necesario que la ciudadanía tenga la posibilidad de asociarse libremente para debatir e incidir en problemas que la afectan directa o indirectamente. También es clave que la sociedad civil, es decir esa ciudadanía organizada en torno a organizaciones comunitarias, ONGs, organizaciones religiosas o medios de comunicación, entre otras, cuente con un espacio seguro para expresarse, movilizarse y participar en luchas sociales.

La participación de la sociedad civil en la arena política tiene un efecto democratizador que enriquece los debates y fortalece la transparencia de los procesos públicos. También pone sobre la mesa preocupaciones locales y globales que no necesariamente están mediadas por intereses económicos o del poder político como pueden ser los derechos humanos o ambientales.

En un contexto de deterioro democrático y asedio a la sociedad civil, nuestra invitación es a reflexionar e imaginar nuevas formas de movilización y participación para y desde la sociedad civil. En este Newsletter queremos, por un lado, indagar por las causas de esta crisis democrática con un énfasis en Latinoamérica y, por el otro, explorar alternativas de respuestas como sociedad civil. Para ello, Rodrigo Uprimny hace un análisis sobre las posibles causas del actual debilitamiento democráctico de nuestra región. Nuestro colega Diego Sardón profundiza en el caso peruano y muestra la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil replanteen sus estrategias para volverse un actor importante en el impulso de cambios estructurales. Finalmente, desde Dejusticia presentamos nuestro Programa de Fortalecimiento Enlaza como una respuesta a los retos de esta era. Como parte de este proyecto, nos dedicamos a desarrollar y compartir capacidades, propiciar espacios de solidaridad dentro del movimiento de derechos humanos y amplificar nuestra voz colectiva.