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Los países de la región tienen no solo el desafío, sino la obligación, de promover políticas de gestión migratoria basadas en estándares internacionales de derechos humanos | Efe

Desafíos para América Latina y el Caribe en la gestión y protección de los derechos de las personas migrantes

La integración socioeconómica, la gestión fronteriza y la emergencia climática en la región son algunos de los retos para crear programas que salvaguarden los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

Por: Lina ArroyaveFebrero 20, 2024

La migración continúa en aumento a nivel mundial. Según las cifras actuales de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) en 2020, se registraron aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, lo que representa un 3,6% de la población global que ha abandonado su país de origen. Las razones que impulsan a las personas a migrar a través de las fronteras son diversas e incluyen el cierre del espacio cívico, la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social específico, la violencia y los impactos del cambio climático, entre otros factores.

Asimismo, de acuerdo con el informe de la OIM, antes citado, en el caso particular de América Latina y el Caribe, aunque no constituye el destino principal para los migrantes, las cifras han experimentado un notable aumento en un lapso de 15 años, pasando de 7 millones a 15 millones. Es decir, que esta región tuvo la mayor tasa de recepción de población migrante durante el periodo señalado.

Atender a las personas migrantes y refugiadas impone desafíos a los Estados, los cuales pueden variar según el contexto y las circunstancias específicas. Algunos de los retos más comunes que la migración impone a los Estados son: promover programas y políticas de integración socioeconómica sostenibles en el tiempo, fortalecer la infraestructura y capacidad de servicios públicos, proteger los derechos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas, entre otros.

Si los Estados no actúan adecuadamente, pueden ocasionar consecuencias negativas sobre la población migrante, en particular, la falta de acciones y políticas específicas puede llevar a violaciones de sus derechos fundamentales, así como aumentar su situación de vulnerabilidad.  Dentro de los desafíos que plantea el 2024 para los países de América Latina y el Caribe, respecto a la gestión y atención de las personas migrantes y refugiadas, que atraviesan los corredores que unen a los países de origen, tránsito y destino, se pueden resaltar al menos tres: la debida garantía y protección de sus derechos, y su seguridad humana (prevención de la trata y tráfico de personas); las consecuencias del cambio climático; la gestión de las fronteras.

La protección de las personas migrantes 

Frente a la protección y garantía de los derechos de las personas migrantes y su seguridad, los desafíos se centran, por un lado, en la provisión de ayuda humanitaria, que constituye la primera fase de la atención que deben proporcionar los Estados a las personas en situación de movilidad humana, es decir, migrantes y refugiados. Esta asistencia humanitaria busca satisfacer sus necesidades básicas urgentes, como alimentación, salud y vivienda.

Sin embargo, cuando se trata de programas dirigidos a personas migrantes en tránsito, los Estados tienden a delegar esta responsabilidad en organizaciones de cooperación internacional y agencias de las Naciones Unidas. No obstante, es imperativo que los países de la región asuman un papel donde la corresponsabilidad regional sea el principio rector para ofrecer una atención digna, fundamentada en los derechos humanos, a la población migrante en tránsito y con intención de establecerse.

Por otro lado, frente a las personas migrantes que tienen vocación de permanencia, la ayuda humanitaria debe evolucionar hacia la integración socioeconómica sostenible, esto no sólo contribuye a las economías locales y las comunidades de acogida, sino también a que las personas migrantes y refugiadas logren alcanzar su subsistencia de manera autónoma y sostenible. Ambos tipos de programas necesitan ser fortalecidos en los países de la región. 

En cuanto a los programas y políticas de integración socioeconómica de personas migrantes y refugiadas en los países de la región, es importante que la regularización de la situación migratoria de las personas también incluya medidas que permitan el acceso de manera fácil y expedita a una residencia permanente. La temporalidad limitada en los programas de regularización, sus altos costos y la imposibilidad de cumplir con el lleno de sus requisitos conducen nuevamente a la irregularidad de las personas migrantes y a la falta de acceso a sus derechos. 

Gestión fronteriza en clave de derechos humanos 

La gestión de fronteras es otro asunto que implica retos para los países de la región. Las fronteras son zonas en las que suelen confluir diferentes fenómenos: el tráfico de migrantes, la trata de personas, las disputas territoriales entre grupos de crimen organizado transnacionales por el dominio de las economías ilícitas, entre otros. 

Para enfrentar estos fenómenos, los Estados han usado la militarización de sus zonas de frontera bajo las ideas de soberanía y seguridad nacional y para frenar la migración irregular. 

Aunque los Estados tienen la facultad de establecer mecanismos para controlar y ordenar la migración, y contar con fuerzas armadas o policía para proteger las fronteras de grupos ilegales, resulta problemático que sean estas autoridades las encargadas de llevar a cabo acciones de control migratorio y responder a la población migrante que llega a sus territorios en busca de protección. En lugar de cumplir con el objetivo de garantizar una migración segura y ordenada, estas medidas continúan generando graves violaciones a los derechos de las personas migrantes y refugiadas, exponiéndolas incluso a ser víctimas de crímenes como la trata de personas, el tráfico de migrantes y la explotación sexual y laboral. 

Los países de la región tienen no solo el desafío, sino la obligación, de promover políticas de gestión migratoria basadas en estándares internacionales de derechos humanos que, además, garanticen un ingreso y un tránsito sin riesgos para las personas migrantes y refugiadas.

Emergencia climática y movilidad humana 

Un desafío adicional que plantea el año 2024 en materia migratoria está vinculado a los efectos del cambio climático en los procesos migratorios, ya que se ha convertido en un elemento que amplifica las dinámicas actuales. Ante esta situación, es crucial que los Estados asuman un papel activo y propositivo, lo cual implica la creación de mecanismos y programas de protección sostenibles. Es por ello que a nivel regional, los Estados deben comprometerse a comprender los impactos que el cambio climático está provocando en los flujos migratorios, con el propósito de fomentar medidas preventivas y coordinar respuestas de adaptación, humanitarias y de estabilización que contribuyan a contrarrestar los efectos en los derechos de las personas.

Ante este panorama y con el objetivo de asegurar una gestión de la migración desde un enfoque de derechos humanos, resulta crucial que los Estados de América Latina y el Caribe pongan en marcha programas que salvaguarden y garanticen los derechos de las personas en situación de movilidad humana, abarcando tanto a aquellas que se encuentran en tránsito como a las que tienen la intención de establecerse de manera permanente. Para ello se requiere del trabajo coordinado entre los Estados, la cooperación internacional, los organismos internacionales y multilaterales y la sociedad civil, con el objetivo de reducir las vulnerabilidades socioeconómicas de las personas migrantes y refugiadas en los países receptores.

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