A pesar de la distancia, Colombia, Timor Oriental e Indonesia comparten el dolor de miles de familias que siguen esperando a sus seres queridos. Todos estos países crearon Comisiones de la Verdad que emitieron recomendaciones encaminadas a agilizar y reforzar las respuestas institucionales en la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, los retos siguen siendo inmensos, y los avances se han quedado cortos.

Dos historias sobre la búsqueda de desaparecidos

La Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación de Timor Oriental (CAVR) calcula que, durante la ocupación indonesia de Timor Oriental entre 1975 y 1999, miles de niños fueron separados de sus familias y llevados a la fuerza a Indonesia. A menudo se les atraía con promesas de educación pero la realidad era otra. Se les asignaron nuevos nombres, se les obligó a acoplarse a la cultura indonesia, e incluso soportaron explotación y violencia.

Para estos niños, sus orígenes se convirtieron en páginas arrancadas de un álbum de fotos familiar. Perdieron la capacidad de hablar tetum, su lengua materna, y crecieron con identidades fragmentadas, sintiendo que les faltaba algo pero sin poder articularlo. Sus familias, por su parte, se aferraron a fragmentos de recuerdos: un juguete, su comida favorita en la mesa o el tenue olor de su ropa.

Las familias se sentían solas pues no encontraban respuestas claras en el gobierno. Esto llevó a que en la mayoría de casos, las mujeres de la familia de la víctima se convirtieran en el principal motor del proceso de búsqueda, aportando un enfoque personal y de cuidado a una misión delicada y difícil. A falta de investigaciones exhaustivas por parte de las autoridades, las buscadoras tenían que buscar pistas en los relatos de otros supervivientes o en las opiniones de veteranos militares. Los informes de los gobiernos o de las ONG llegaban a callejones sin salida, ya que los niños habían sido rebautizados a la fuerza por los militares y reubicados por toda Indonesia. 

Colombia también se ha visto afectada por este problema. Los primeros casos documentados de desaparición forzada se produjeron durante la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en las décadas de 1960 y 1970, bajo un estado de sitio. Con el paso del tiempo, aunque esta práctica se impuso en la estrategia contrainsurgente de las fuerzas estatales y los paramilitares, las guerrillas también empezaron a cometer este delito. La desaparición forzada se hizo sistemática y se utilizó como método para ejercer control.

Según datos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Conflicto Armado (UBPD), se documentaron más de 104.000 casos de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado interno. A pesar de los numerosos acuerdos de paz encaminados a poner fin a la violencia, este fenómeno persiste. Actualmente, en Colombia desaparece una persona cada día y medio.

Al igual que en Timor Oriental, las buscadoras han desempeñado un papel crucial en Colombia. Antes de que la desaparición forzada fuera reconocida como delito, las familias de las víctimas se unieron para llevar el tema a la agenda pública. Gracias a su persistencia, lograron que se reconociera la desaparición forzada como delito, impulsaron la creación de políticas públicas para facilitar la búsqueda de los desaparecidos y abogaron por la creación de una institución dedicada exclusivamente a esta tarea: la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Este monumental esfuerzo ha llevado a muchos buscadores, sobre todo mujeres, a dejar sus trabajos formales y dedicarse de lleno a recabar pistas sobre el paradero de sus familiares u otras personas en situaciones similares. A pesar de estos logros, las buscadoras siguen enfrentándose a enormes riesgos, como amenazas, discriminación y violencia física. Algunas incluso se han visto obligadas a huir del país y vivir en el exilio para proteger sus vidas.

Recomendaciones de las comisiones de la verdad sobre las desapariciones

Las comisiones de la verdad son instituciones encargadas de esclarecer las atrocidades cometidas en el pasado. Al hacerlo, no sólo arrojan luz sobre los crímenes, sino también sobre las vías de curación, ofreciendo recomendaciones para un cambio transformador. Sin embargo, estas propuestas suelen ser promesas incumplidas. Tanto en Colombia como en Timor Oriental se han creado comisiones de la verdad que han hecho recomendaciones encaminadas a reforzar y avanzar en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas.

En 2008, Indonesia y Timor Oriental crearon la Comisión de la Verdad y la Amistad (CTF), la primera comisión bilateral de este tipo, para fortalecer la paz y revelar la verdad sobre la violencia cometida en Timor Oriental en 1999. Una de las recomendaciones de esta Comisión fue que Indonesia y Timor Oriental establezcan una comisión para los desaparecidos.

Frente a esta recomendación, Indonesia ha avanzado poco en la creación de la comisión , no obstante, Timor Oriental creó el Centro Nacional Chega! (CNC) para dar seguimiento a las recomendaciones de las comisiones de la verdad, incluido el apoyo al proceso de búsqueda y reunificación. Aunque ambos países han prestado cierto apoyo a los esfuerzos de la sociedad civil para localizar a estos niños y reunificar a las familias, el gobierno indonesio ha ignorado la petición de la CTF de pedir disculpas y un reconocimiento formal de lo sucedido. Además, el procesamiento y las investigaciones judiciales sobre estos crímenes se han visto obstaculizados por la falta de claridad sobre las competencias y responsabilidades legales.

Colombia también ha intentado abordar el problema de las desapariciones forzadas. Tras el Acuerdo de Paz de 2016, se creó la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Conflicto Armado (UBPD). Esta entidad tiene un carácter humanitario y extrajudicial a las iniciativas institucionales anteriores, que eran importantes pero no tan eficaces como la Comisión de Búsqueda, entidad encargada de coordinar las instituciones estatales para lograr una búsqueda más eficaz.

La Comisión de la Verdad colombiana propuso varias recomendaciones para la construcción de paz y para garantizar la no repetición. En este contexto, la Recomendación 14 estableció la necesidad de realizar los ajustes institucionales, de política pública y normativos necesarios para promover la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, con el objetivo de que esta búsqueda se convierta en una prioridad para el Estado. Como resultado de la recomendación y gracias al incansable esfuerzo de las buscadoras, se creó el Sistema Nacional de Búsqueda y actualmente se trabaja en la elaboración de una política nacional de búsqueda de desaparecidos.

A pesar de los avances, las tareas pendientes siguen siendo mayores que los logros alcanzados. Por un lado, el Comité de Seguimiento y Monitoreo de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad ha planteado importantes preocupaciones sobre el avance de estas recomendaciones. Uno de los temas más alarmantes es la persistencia de discrepancias entre las cifras reportadas por la UBPD y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) sobre los cuerpos recuperados y entregados para su identificación. La falta de validación y ajuste de estas cifras dificulta determinar con exactitud el número real de desaparecidos cuyos restos están siendo identificados.

Además, muchos familiares de víctimas de desaparición forzada sienten que no tienen claridad sobre el avance de sus casos. Para ellos, los logros de la UBPD siguen siendo poco claros o incluso desconocidos, lo que aumenta su sensación de incertidumbre y complica el proceso de búsqueda de respuestas y justicia.

Un problema sin resolver

La desaparición forzada ha moldeado las realidades de Colombia, Indonesia y Timor Oriental de diferentes maneras, lo que ha generado que estos países hayan realizado esfuerzos institucionales para dar respuesta a esta dolorosa realidad. Sin embargo, estos intentos siguen siendo fragmentarios e incompletos, por lo que no se han logrado plenamente los cambios que pretendían las recomendaciones de las respectivas comisiones de la verdad.

Mientras que en Colombia se han establecido mecanismos de búsqueda de desaparecidos como la UBPD y el Sistema Nacional de Búsqueda, los resultados tangibles para las víctimas y sus familias siguen siendo escasos. Las discrepancias en los datos entre instituciones ralentizan los avances, dejando a las familias de las víctimas navegando por complejidades burocráticas para recuperar a sus seres queridos. En Indonesia y Timor Oriental, la carga de la búsqueda recae en gran medida sobre las familias y la sociedad civil, con una participación mínima del Estado.

Para las familias de los desaparecidos, la lucha por obtener respuestas no tiene fin. Algo es claro: la lucha que se observa en estos contextos persiste con la misma fuerza, impulsada por la determinación de las familias que presionan a las instituciones a actuar, uniendo pistas y cerrando brechas. Los platos vacíos en incontables mesas familiares no siguen recordando las voces de los desaparecidos y las promesas aún pendientes hacia ellos.