ÉSTE ES UN PAÍS MACABRO. LOS grandes titulares de la prensa colombiana de esta semana se refieren al hallazgo de cadáveres de personas que estaban desaparecidas. Uno de ellos es el de un niño de once meses que fue asesinado por su propio padre, quien lo había secuestrado para extorsionar a su madre.

También fueron encontrados los cuerpos de 19 jóvenes que vivían en el sur de Bogotá, los cuales habían sido inicialmente reportados como desaparecidos y luego fueron presentados por el Ejército como combatientes dados de baja. Existe un fundado temor de que estos jóvenes hayan sido primero asesinados por la Fuerza Pública —por ser pequeños delincuentes, drogadictos o simplemente pobres— y luego presentados como trofeos de guerra. Para ponerlo en los asépticos y crudos términos del lenguaje ordinario, primero fueron víctimas de “limpieza social” y luego presentados como “falsos positivos”.

El país entero está conmovido con la noticia del niño asesinado por su padre. La gente se moviliza para pedir que los culpables sean sancionados con penas ejemplarizantes y las autoridades oficiales, desde Presidente hacia abajo, repudian los hechos y expresan sus condolencias a la familia. No es para menos; la crueldad inimaginable de ese asesinato es algo que la sociedad y el Estado no deben dejar pasar por alto. Más aún cuando se sabe que ese crimen es una expresión extrema de un fenómeno endémico de maltrato infantil y violencia intrafamiliar en Colombia.

De llegar a confirmarse que la muerte de los 19 jóvenes del sur de Bogotá ocurrió a manos de la Fuerza Pública, éste sería un acto tan macabro como el del niño asesinado en Chía (si es que alguna comparación puede hacerse entre actos de semejante inhumanidad). Sin embargo, ni la sociedad, ni los medios, ni la Iglesia —mucho menos el Estado— parecen escandalizarse por lo sucedido con esos jóvenes. Uno podría pensar que eso se debe a que la autoría de los hechos no ha sido plenamente confirmada todavía. Pero me temo que cuando se confirme tampoco va a pasar mayor cosa, como no pasó en ocasiones anteriores cuando se comprobó la participación de la Fuerza Pública en la desaparición de personas inocentes e indefensas. Aquí tampoco estamos —como en el caso del niño— ante un hecho aislado y extraordinario, sino ante la manifestación extrema de un fenómeno más amplio de violación de derechos humanos por parte del Estado colombiano.

Desde hace muchos años existe una honda preocupación en Colombia por el deterioro de la familia. Ese deterioro es particularmente grave si se tienen en cuenta que en este país, la sociabilidad, es decir la formación de seres sociales —o sociables— ha sido un asunto más confiado a la familia y a la Iglesia que al sistema educativo o al Estado. Pero la pérdida de credibilidad de la Iglesia, la corrupción, el conflicto armado y el narcotráfico están dando al traste con ese modelo tradicional de convivencia.

Para salir de ese proyecto suicida de sociedad —en donde los padres matan a sus hijos por dinero— necesitamos fortalecer al Estado para que defienda a la familia a través de una educación pública fuerte y de un sistema penal implacable con los infractores.

Pero todo eso sería más fácil si el mismo Estado, que está llamado a proteger a la sociedad y a la familia, no anduviese, como el asesino de Chía, matando y desapareciendo a personas indefensas.