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Desaparecidos

César Rodríguez Garavito
octubre 23, 2015

Publicado en: El Espectador

Entre las infamias de nuestra guerra, una de las mayores, por ser la más opaca, es la desaparición de decenas de miles de personas: los estudiantes y activistas evaporados a manos de los organismos de inteligencia estatales bajo el Estatuto de Seguridad hace 35 años, los “falsos positivos” del Ejército hace unos pocos, los líderes sociales y campesinos disipados por los paramilitares en los noventa, los soldados secuestrados por las Farc que nunca aparecieron. Todos unidos por paraderos inciertos y el sufrimientos de familiares que los siguen buscando.

 

Por eso el acuerdo entre el Gobierno y las Farc sobre personas desaparecidas es un paso fundamental, no solo hacia la paz sino hacia una sociedad que sea capaz de verse en el espejo. Que sepa, por ejemplo, cuántos han sido los desaparecidos, pues por ahora “no es posible construir una cifra, ni siquiera aproximada, sobre el número de víctimas”, como concluyó el informe del Centro de Nacional de Memoria Histórica sobre desapariciones forzadas. Para eso, desde ya el Gobierno y las Farc se comprometen a trabajar con la Cruz Roja, Medicina Legal y las organizaciones de familiares de desaparecidos para determinar su paradero.

Atina el acuerdo al incluir no sólo las desapariciones forzadas (es decir, las atribuibles a agentes estatales), sino también las perpetradas por otros actores del conflicto. Avanza también al prever una entidad con recursos y dientes (la Unidad Especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas) que entraría a funcionar una vez se firme el acuerdo de paz final.

La unidad sería lo que los familiares de las víctimas vienen pidiendo hace décadas sin encontrar respuestas satisfactorias. Apenas en el año 2000 se expidió una ley que convirtió en delito la desaparición forzada y creó una comisión encargada del tema. Pero la comisión entró en funcionamiento solo siete años después, y los altos funcionarios que hacen parte de ella se han reunido solo dos veces. En 2010, el gobierno Uribe llegó a objetar, aduciendo falta de recursos, una ley que creó bancos genéticos y otras herramientas para encontrar personas desaparecidas. El mensaje ha sido claro: para los desaparecidos no hay plata, ni atención mediática y social.

Ese es el mensaje que comienza a cambiar con el nuevo pacto y se refuerza por otro de sus aciertos: el trabajo de la unidad no reemplaza los procesos que se deberán adelantar ante la Jurisdicción Especial de Paz cuando las desapariciones constituyan un delito de lesa humanidad y, por tanto, los perpetradores no puedan ser amnistiados. De hecho, los informes forenses de la unidad pueden ser tenidos como prueba por esa jurisdicción.

Treinta años después, los familiares de algunos de los desaparecidos del Palacio de Justicia acaban de tener certeza sobre el destino de sus seres queridos. Los parientes de otros miles esperan. Aún falta mucho y quedan cabos sueltos, pero lo logrado en La Habana es lo más cercano a una respuesta que han tenido en décadas.

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