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Es crucial reconocer y abordar de manera integral los desafíos del desplazamiento forzado por el cambio climático. Solo así se podrá garantizar un futuro seguro y justo para quienes padecen sus efectos. | EFE

Desplazados por el cambio climático: una crisis que requiere soluciones duraderas

La necesidad de reconocimiento jurídico, políticas transfronterizas, justicia climática y protección a comunidades vulnerables, fueron las principales alertas de expertas y expertos durante un conversatorio sobre desplazamiento forzado por efectos del cambio climático.

Por: julio 8, 2024

Las comunidades más afectadas por el cambio climático son las que menos contribuyen a este fenómeno. Así lo afirmó Lina Arroyave, investigadora de Dejusticia, en el conversatorio Cambio climático: retos para la protección de personas desplazadas por desastres. Una mirada desde los derechos humanos. Este diálogo se llevó a cabo el pasado 18 de junio, en Bogotá. Abordó una problemática cuyos efectos, según el Banco Mundial, pueden provocar el desplazamiento forzado de 216 millones de personas para el año 2050.

Eso sí, matiza el mismo Banco Mundial, esa migración climática podría reducirse casi a la quinta parte (44 millones de personas), si los países “comienzan a reducir de inmediato los gases de efecto invernadero, corrigen las brechas de desarrollo, restauran sus ecosistemas y ayudan a las personas en términos de adaptación medioambiental”. 

En este contexto, América Latina y el Caribe enfrentan un desafío urgente: los efectos del cambio climático afectan desproporcionadamente a poblaciones vulnerables (el 91% de las muertes relacionadas con emergencia climática afectan a países en desarrollo, de acuerdo al Banco Mundial). Por ello, es fundamental que desde la sociedad civil y los organismos internacionales se impulse una respuesta coordinada y efectiva a este problema por parte de los Estados. 

Ese fue el mensaje central que predominó durante las intervenciones del conversatorio organizado por Amnistía Internacional, Center for Justice and International Law (CEJIL), Dejusticia, Instituto para las Mujeres en la Migración – AC (Imumi), Red Jesuita con Migrantes LAC, Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales (Resama)y Sin Fronteras IAP.


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La realidad de América Latina y el Caribe

Lívia Lemos, consultora sobre movilidad humana en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó que desde la Comisión se ha identificado un aumento en los factores que generan desplazamiento forzado debido al cambio climático y desastres ambientales. Citó como referencia el informe Pobreza, Cambio Climático y DESCA en Centroamérica y México, que documenta fenómenos naturales que provocan movimientos masivos, tanto repentinos o progresivos.

«Las inundaciones en regiones que no cuentan con políticas públicas adecuadas pueden resultar en la movilidad forzada de poblaciones», afirmó Lemos. Además, subrayó el impacto diferenciado en pueblos étnicos afrodescendientes e indígenas, históricamente más discriminados y más vulnerables a estos fenómenos. 

La CIDH ha identificado vacíos de protección para estas personas, y el proceso de revisión de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, explicó Lemos, es visto como una oportunidad crucial para introducir definitivamente el tema del desplazamiento por cambio climático en la agenda política y normativa de los Estados de la región. Su reflexión, en síntesis, es que los Estados no deben rechazar en sus fronteras a personas cuya vida corra peligro por causa de emergencias climáticas.

Fernando Baquedano, de la organización Sin Fronteras IAP, enfatizó que el desplazamiento humano ya es una realidad ineludible. Compartió testimonios sobre personas afectadas, como el caso de Don Eugenio y su hijo Higinio Ramírez, en Honduras, quienes perdieron sus medios de subsistencia debido al aumento del nivel del mar y la desaparición de la pesca. Baquedano destacó que las personas desplazadas a menudo deben abandonar sus hogares de un día para otro. “Una persona que busca refugio por factores climáticos casi nunca tiene alternativa”, expresó.

Forografía: Gabriel Linares

Desafíos en Colombia y urgencia de medidas judiciales y políticas

En el conversatorio también participó Natalia Ángel Cabo, magistrada de la Corte Constitucional de Colombia. Ella resaltó el rol del poder judicial en el desplazamiento forzado. Recordó que hace 20 años, la Corte reconoció un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado. Además, indicó Ángel Cabo, en la reciente Sentencia 123 de 2024 subraya que el desplazamiento forzado en Colombia no solo se debe a la violencia y el conflicto armado, sino también a factores ambientales. 

Pese a esto, Ángel Cabo manifestó que “en Colombia hay un déficit de protección constitucional a personas desplazadas por factores ambientales”. Por este motivo, ella señaló la importancia de impulsar políticas públicas integrales y que a su vez contemplen tanto los desastres que son repentinos como los procesos más lentos y progresivos.

María Lucía Torres, directora del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, también recalcó durante el diálogo la importancia de reconocer la multicausalidad del desplazamiento forzado. Reiteró, al igual que la magistrada Ángel Cabo, el caso de la Sentencia 123 de 2024, en el que José Noé Mendoza y Ana Librada Niño, agricultores desplazados por inundaciones recurrentes en Saravena, Arauca, lograron reconocimiento jurídico de su situación. Torres subrayó la necesidad de una legislación que reconozca el desplazamiento por factores ambientales y la implementación de políticas públicas que aborden esta realidad.

Por su parte, nuestra investigadora Lina Arroyave coincidió con Lívia Lemos: el cambio climático afecta de manera desproporcionada a las poblaciones afrodescendientes e indígenas. Pero también a mujeres, menores de edad y personas de la comunidad LGBTQ+. Es necesario reconocer la movilidad humana relacionada con el clima y los desastres ambientales, expresó Arroyave e hizo un llamado a los Estados para que adapten sus marcos legales y sus políticas con el fin de asegurar la protección adecuada de estas poblaciones vulnerables.

Fotografía: Gabriel Linares

Se requiere un enfoque menos reactivo a la coyuntura de lo que sucede y, en su lugar, estructurar soluciones duraderas para garantizar los derechos humanos de las personas desplazadas por el clima. Lo que está en juego es “la vida y la subsistencia de las comunidades afectadas por las consecuencias del cambio climático”, dijo Arroyave.


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Llamado a la acción

El conversatorio concluyó con un llamado a la acción urgente y coordinada por parte de los Estados y la comunidad internacional. Se enfatizó la importancia de políticas públicas basadas en la justicia climática y la protección de los derechos humanos de las comunidades más vulnerables. Las y los panelistas coincidieron en que es crucial reconocer y abordar de manera integral los desafíos del desplazamiento forzado por el cambio climático. Solo así se podrá garantizar un futuro seguro y justo para quienes padecen sus efectos. 

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