Digo esto para expresar mi preocupación por la reciente decisión de la Corte Constitucional (C-545 de 2008), en la que sostiene que el juzgamiento de los congresistas ante la Corte Suprema de Justicia debe adaptarse al principio jurídico que manda separar las funciones de juzgamiento e investigación. La decisión en sí misma no me parece mala. Lo que me parece cuestionable es haber hecho efectivo ese principio en este momento, justo cuando la Corte Suprema adelanta – con un procedimiento vigente que no contempla ese principio— una campaña judicial valerosa y decidida, nunca antes vista, contra las mafias y la parapolítica en Colombia. Me preocupa que la decisión de la Corte Constitucional pueda servir para hacer retroceder los avances que se han logrado en la lucha contra la impunidad (que también son un bien jurídico importante).

Esto me lleva a otra preocupación y es la siguiente. Lo más probable es que la suerte del proceso contra la parapolítica no se resuelva ahora, sino en el futuro, a través de las tutelas que van a interponer aquellos que quieren derrumbar lo hecho hasta el momento por la Corte Suprema. El problema es que, en ese futuro, tendremos una nueva Corte Constitucional. En efecto, a finales de este año se elegirán seis nuevos magistrados. La nueva Corte que de allí resulte tendrá ocho de nueve miembros elegidos por el Congreso, el mismo Congreso que tiene a un 22% de sus miembros investigados por la justicia. ¿Qué posibilidades tenemos de que sea una corte independiente?

Pero eso no es todo. Como consecuencia de las reelecciones presidenciales –la pasada y la que viene – el Gobierno terminará influyendo de tal manera en el nombramiento de esos magistrados, que muy probablemente hará de esa nueva corte uno más de sus órganos de bolsillo. Basta con ver las cifras: ocho de nueve miembros serán elegidos en el contexto de una doble reelección.

Vuelvo entonces a lo que dije al inicio: las cortes constitucionales son sensibles a los contextos en los cuales se aplican sus decisiones. Por eso tienen una dimensión política incuestionable. Por eso también es natural que cuando cambian los magistrados, cambie la jurisprudencia. Defender el sistema constitucional implica defender a la corte, con independencia de que sea progresista o conservadora. Nada de eso me preocupa; lo que me alarma es que, como consecuencia de la reelección y del desequilibrio institucional causado por ella, la composición de la nueva Corte Constitucional sea el reflejo exclusivo de la visión política del Gobierno y de las mayorías que lo acompañan en el Congreso, las cuales, como si fuera poco, están siendo investigadas por la justicia.

Por eso me parece que los magistrados de la actual Corte Constitucional, que son honestos y rigurosos, debieron pensar un poco más –como sugiere Havel— en la suerte que correrá su sentencia C-545 cuando llegue a manos de sus sucesores.