Hoy, Día Mundial de los Pueblos Indígenas, las cosas no están como para celebrar en Colombia

El riesgo de que un indígena sea desplazado es cuatro veces más alto que el de un mestizo, y la incidencia de la pobreza en su pueblo es el doble.

Ocho indígenas fueron asesinados por grupos armados en las últimas dos semanas, y ya van 63 este año, según cifras de la Onic.

No es una violencia cualquiera. Los asesinatos se han duplicado este año en comparación con el primer semestre de 2008. El riesgo de que un indígena sea desplazado es cuatro veces más alto que el de un mestizo. Y el resultado es, literalmente, asunto de vida o muerte colectiva: más de 30 etnias están «en alto riesgo de exterminio cultural o físico por causa del conflicto armado y del desplazamiento forzado», según la Corte Constitucional.

Así que -antes de que la ocasión sea acaparada por celebraciones oficiales y debates intelectuales del multiculturalismo, que olvidan por igual la realidad de la guerra-, conviene detenerse a mirar de frente lo que está pasando.

La mala hora

«La situación de los derechos humanos de los indígenas en Colombia es grave, crítica y profundamente preocupante», reiteró hace un par de semanas el relator especial de la ONU para pueblos indígenas, James Anaya, al visitar el país. Anaya tenía evidencia de sobra. En Nariño visitó el territorio del pueblo awá, víctima de la sonada e infame masacre de las Farc a comienzos de año y del acoso posterior de la misma guerrilla y de las «bandas emergentes». Pasó por el Cauca para ver cómo los líderes del pueblo nasa son perseguidos y asesinados porque se niegan a tomar parte en el conflicto, con la sola defensa de los bastones multicolores de su Guardia Indígena. Y recibió documentos que dan fe de las amenazas y del desplazamiento contra los kankuamos y otros pueblos de la Sierra Nevada, que no paran a pesar del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares que han asolado la zona.

El patrón es claro: ningún actor del conflicto respeta la decisión de las comunidades de permanecer neutrales en una guerra que no les pertenece. Por el contrario, «se los señala individual y colectivamente, de manera arbitraria e infundada, de ser colaboradores del grupo armado opuesto o de la Fuerza Pública», como lo dijo la Corte Constitucional en una decisión (el Auto 04 de 2009) que es el mejor diagnóstico que ha producido el Estado colombiano sobre el tema, y de cuyo cumplimiento depende hoy la suerte de las comunidades indígenas.

Pero la violación del derecho a la vida es sólo la punta del iceberg. Las encuestas del Dane indican que la incidencia de pobreza en los indígenas es el doble que entre los mestizos. Según el último censo, el porcentaje de indígenas que pasa hambre es tres veces mayor que el de mestizos, y el porcentaje de aquellos que no tienen acceso a ningún servicio de salud es el doble (34 por ciento) del de estos. De ahí los escándalos periódicos de niños indígenas que mueren de desnutrición o falta de atención médica, como los tres niños emberas en Chocó y Risaralda y dos niños nukak en Guaviare, que ocuparon los titulares y desaparecieron de los diarios tan rápido como el episodio anterior.

La hora de la verdad: la consulta previa

Un tema menos conocido, pero crucial, es la consulta previa. Se trata del deber del Estado de consultar con las comunidades indígenas (y afrocolombianas) antes de emprender un proyecto económico, o de adoptar una ley o una norma general que afecte los territorios o derechos de esas comunidades. Así lo ordenan la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la reciente Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Lo que sobre el papel parece sencillo, en la práctica se ha convertido en un problema político y jurídico de alta tensión. Así lo muestran, por ejemplo, la confrontación de más de 15 años entre el Estado y el pueblo u’wa, en el oriente colombiano, por la exploración petrolera en territorio indígena. O el resultado trágico de la falta de consulta al pueblo emberá katío antes de la construcción de la represa de Urrá, en Córdoba, que la Corte Constitucional intentó enmendar cuando ya era demasiado tarde para evitar el éxodo masivo y la desintegración cultural de los afectados por el proyecto.

Por el mismo lío se cayeron dos leyes icónicas de la política económica del Gobierno: la Ley Forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural, que la Corte declaró inconstitucionales porque nunca fueron consultadas con comunidades indígenas y negras.

Hoy, los casos y los conflictos se multiplican a medida que los territorios indígenas se hacen atractivos para proyectos económicos de gran escala, desde represas hasta emprendimientos turísticos. Para la muestra dos botones, sacados de casos recientes: la tutela contra la represa de El Cercado, en la Guajira, por señalamientos de falta de consulta al pueblo wiwa, y la tutela contra el proyecto minero de la Muriel Mining en Chocó, que llegó hace poco a la Corte Constitucional por una demanda que alega ausencia de consulta a las comunidades embera.

El origen del problema es la falta de procedimientos adecuados y transparentes para consultar a las comunidades.

Las normas existentes son tan deficientes que el mismo Gobierno ha reconocido la necesidad de una nueva reglamentación. El resultado es un vacío normativo en el que impera la ley del más fuerte, o del más vivo. Son comunes los casos de empresas que negocian directamente con personas distintas de las autoridades tradicionales de las comunidades, o consultas que son hechas cuando el proyecto ya ha comenzado. De ahí que, como lo dijo en entrevista a La Silla Vacía una de las expertas en el tema, Yamile Salinas, «la consulta tiene poco de previa; en la práctica…opera cuando ya se adjudicó el contrato y cuando ya se han destinado recursos».

¿Y ahora qué?

El panorama de los derechos indígenas confirma que este Día Mundial de los Pueblos Indígenas debe ser motivo de preocupación, antes que de celebración. Y que la fecha puede servir para que el Estado avance en las varias y complejas asignaturas pendientes en el tema. Un buen comienzo son dos recomendaciones que, para la ocasión, acaba de hacer la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Primera, la hoja de ruta de la política sobre pueblos indígenas deben ser las decisiones de la Corte Constitucional sobre el tema. Por ejemplo, del cumplimiento de los planes de emergencia para las comunidades en riesgo y las demás medidas ordenadas por la Corte en el Auto 04 de este año depende hoy, en buena medida, la supervivencia de decenas de pueblos indígenas.

Segunda, el problema de la consulta previa no da más espera. Los conflictos sobre proyectos se agudizan, y se encuentra paralizado el procedimiento legislativo sobre asuntos que afectan a las comunidades y pueblos indígenas. Después de años de dilación, el Gobierno acaba de sugerir una nueva legislación sobre el tema. Si ha aprendido la lección de la caída del Estatuto Rural y la Ley Forestal, el Gobierno tendrá que asegurar una amplia consulta con las comunidades indígenas y negras antes de presentar el proyecto al Congreso. De lo contrario, es posible que, el próximo año, el Día Mundial de los Pueblos Indígenas tampoco traiga muchas razones para celebrar.