El Día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas es la oportunidad para hacer un llamado a tomar en serio la efectividad del derecho a la reparación. A pesar de la importancia creciente de las reparaciones en contextos de justicia transicional, los programas administrativos de reparación suelen considerarse como políticas cuyos altos costos no se justifican en relación con sus niveles de eficacia. Para transformar esto, es necesario entender qué no ha funcionado bien y proponer soluciones creativas que en lugar de sumar promesas, se traduzcan en acciones reales a favor de las víctimas.

Colombia reconoce que la reparación es un derecho fundamental. Para garantizarlo cuenta con la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), que permitió implementar una política de reparaciones que:

• Reconoce más de 15 categorías de hechos victimizantes cometidos por distintos actores.
• Permite el registro de hechos ocurridos desde 1985 hasta la actualidad.
• Contempla un enfoque integral y transformador.
• Incluye medidas como: restitución de tierras, indemnizaciones, rehabilitación, garantías de no repetición, reparaciones colectivas y simbólicas.

En la actualidad, Colombia tiene abierto el registro de víctimas durante la vigencia de la Ley 1448 de 2011 (hasta 2031). La persistencia de la violencia da lugar a nuevas violaciones de los derechos humanos y al aumento del universo de víctimas.

Esta situación y el alcance de las medidas de reparación de la ley son un reto enorme para la sostenibilidad financiera del programa.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es un hito en materia de reconocimiento del derecho a la reparación de las víctimas, pues es el programa de reparación más ambicioso del mundo. Aunque el esfuerzo institucional para atender a las víctimas del conflicto ha sido enorme, aún es insuficiente.

En Colombia hay registradas más de 9 millones de víctimas del conflicto, de las cuales han recibido indemnización un poco menos de 1.200.000, es decir menos del 14%. De tal manera que, aunque el reconocimiento y los avances son importantes, la mejor manera de dignificar y responder a las víctimas es buscando nuevas alternativas para lograr la garantía efectiva de sus derechos.

Colombia frente a otros países

Los consensos entre la sociedad civil y los gobiernos que se generaron en torno a las reparaciones permitieron destinar recursos a favor de quienes padecieron el conflicto armado. Así se logró crear un programa integral para abarcar tanto un amplio universo de víctimas como los diversos hechos victimizantes y las distintas medidas de reparación.

Financiar un programa de la envergadura del colombiano es difícil, pero posible. En nuestra publicación Las reparaciones, ¿es imposible pagarlas? El caso de la política de reparación a sobrevivientes de violencia sexual y víctimas del conflicto armado en Colombia desarrollamos posibles medidas cruciales que deben ser parte de la reforma a la Ley de Víctimas que se está discutiendo actualmente en el Congreso. 

¿Cómo mejorar la asignación de recursos?

• Para hacer un seguimiento efectivo y tomar decisiones, por ejemplo, de priorización basadas en evidencia, es importante desagregar la inversión que se hace en la reparación por hecho victimizante.
• Para evitar que los montos destinados pierdan vigencia es importante hacer actualizaciones periódicas a las asignaciones de presupuesto a la luz del escenario económico nacional y global, y del aumento del universo de víctimas.

Claves para la sostenibilidad de la política 

• Buscar alternativas distintas a la indemnización individual, como fortalecer la reparación colectiva y anclarla a instrumentos locales de planeación, como los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET).
• Articular la asistencia humanitaria a víctimas con la oferta social del Estado, y darle prevalencia y presupuesto independiente a las medidas de reparación.
• Evaluar ajustes al funcionamiento del Fondo de Reparación orientados a: reducir costos operativos y mejorar la obtención y administración de los bienes para indemnizar a las víctimas.
• Buscar alternativas a las formas de asignación de las indemnizaciones que racionalicen el uso de los recursos para poder cumplirle a más víctimas en menos tiempo.

Este es un tema que requiere una discusión pública, abierta y plural que permita entender tanto las prioridades de inversión del Gobierno como las posibilidades de encontrar nuevos balances entre los distintos componentes de la política de víctimas. La propuesta de reforma actual del Gobierno debe tener en cuenta la necesidad de abordar discusiones difíciles, pero necesarias para que la reparación de las víctimas sea un hecho, en lugar de una promesa.

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Las reparaciones, ¿es imposible pagarlas? El caso de la política de reparación a sobrevivientes de violencia sexual y víctimas del conflicto armado en Colombia