El 7 de diciembre de 2022, la destitución de Pedro Castillo —en claro desconocimiento de la voluntad popular— desató protestas en diversas regiones del Perú. Las intervenciones violentas de las fuerzas armadas y policiales, especialmente en Puno, Ayacucho y Apurímac, dejaron decenas de muertos, heridos y múltiples detenciones arbitrarias, configurando un escenario de violencia estatal y graves violaciones de derechos humanos. Aunque el debate mediático se concentró principalmente en Lima y las élites políticas mostraron su complicidad, las movilizaciones reclamaron una transformación que respete sus derechos políticos y sociales, así como la posibilidad de una nueva Constitución cómo vía para erradicar la pobreza, la desigualdad y la impunidad.

Desde el golpe de Estado contra el presidente Castillo —quien, a diferencia de Dina Boluarte, mantenía más del 30% de aprobación y había ganado las elecciones pese a los intentos de la ultraderecha por deslegitimarlo—, el Ejecutivo perdió la confianza de amplios sectores sociales, que sintieron vulnerada su voluntad expresada en las urnas. Además de las investigaciones por las masacres ocurridas durante la represión, la gestión de Boluarte ha estado marcada por escándalos de corrupción y por investigaciones sobre enriquecimiento ilícito y abandono del cargo. Su gobierno también ha sido señalado por restringir la libertad de expresión, incluyendo amenazas a medios críticos y censura a eventos culturales. Estas acciones han profundizado la crisis de legitimidad y gobernabilidad en el país.

En paralelo, el Poder Legislativo, con una aprobación que apenas ronda el 5%, al igual que la de Dina Boluarte, es percibido como un actor que refuerza la impunidad y erosiona la confianza en las instituciones. Su escasa vocación democrática se refleja en el control del Tribunal Constitucional y en la aprobación de reformas constitucionales, como la reinstauración de la bicameralidad, sin respetar el debido proceso ni consultar a la ciudadanía. Además, iniciativas legislativas que criminalizan las protestas, equiparándolas con actos de terrorismo, buscan deslegitimar y sofocar el descontento social a través del miedo y la represión, consolidando un modelo autoritario que restringe el derecho a la protesta y silencia las demandas populares.

Los medios de comunicación, el cuarto poder, también son responsables de amplificar la crisis. Por un lado, los grandes conglomerados mediáticos han tendido a concentrarse en Lima, generando una narrativa que a menudo invisibiliza las experiencias y demandas de las regiones más afectadas por la represión y la pobreza. Por otro, la cobertura de los conflictos sociales suele ser estigmatizante, clasificando a los manifestantes como “violentos” sin brindar un contexto adecuado sobre las causas estructurales que motivan las protestas. Esta presentación sesgada, sumada a las presiones económicas y políticas sobre los medios, profundiza la desconexión entre la capital y el resto de las regiones.

En medio de esta crisis, desde el Colectivo Kuska, en Puno, centramos nuestros esfuerzos en atender a los afectados directos de la represión y sus familias desde proyectos que atienden la salud mental con una perspectiva comunitaria e intercultural. Asimismo, prestamos apoyo para los procesos judiciales que se siguen a raíz de las múltiples violaciones a los derechos humanos poniendo especial relevancia en las diversas violencias que las víctimas han sufrido de parte del Estado antes, durante y después de las protestas. Es este rol, y la perspectiva privilegiada que implicó, el que nos permitió comprobar cómo un enfoque centralista que invisibiliza demandas locales, aplicado por algunas organizaciones, genera recelo en quienes padecen la represión.

Desde la perspectiva de la ciudadanía, la represión de las protestas y las graves violaciones de derechos humanos —incluidas denuncias de ejecuciones extrajudiciales y el uso sistemático de la fuerza— revelan hasta qué punto las instituciones han fallado en proteger a la población. El panorama internacional observa la debilidad institucional y la impunidad como un problema que permite a grupos con poder económico y político desconocer las demandas de las bases populares. Lejos de considerarlo un fenómeno pasajero, muchos peruanos lo perciben como una confirmación de que el modelo político imperante ha fracasado en garantizar un verdadero respeto a sus derechos fundamentales y en responder a las exigencias urgentes de la sociedad.

En este escenario, el Ejecutivo, el Legislativo, un Poder Judicial sin independencia y medios de comunicación desacreditados difícilmente pueden ofrecer una salida a la crisis. Por otra parte, este escenario podría convertirse en una oportunidad para que las organizaciones de la sociedad civil puedan consolidarse como un puente efectivo para canalizar las demandas populares si replantean sus estrategias y se acercan a las comunidades más afectadas, superando la visión centralista. Al lograr un mayor involucramiento comunitario y ofrecer soluciones inclusivas frente a las medidas represivas de los gobiernos,podemos asumir un papel decisivo para lograr una solución democrática que atienda verdaderamente las necesidades de todos los ciudadanos y siente las bases de una reconstrucción política y social fundada en la justicia y la equidad.