En todo el planeta muchos esfuerzos por contener la crisis climática han dañado por “efecto bumerán” a las comunidades campesinas, sin embargo, con el reconocimiento de la dimensión ambiental del campesinado el constitucionalismo colombiano le ofrece al mundo una fórmula para integrar los derechos campesinos dentro de las políticas de conservación.

Injusticia agraria e injusticia climática: del Amazonas al mundo.

Colombia tiene experiencia en hacer malas políticas climáticas, un ejemplo son algunas de las medidas contra la deforestación amazónica que en realidad terminaron reforzando desigualdades y ejerciendo violencias en contra de comunidades campesinas tradicionalmente marginadas. A pesar de estas malas experiencias, la comunidad científica está de acuerdo en que en Colombia la conservación del bioma amazónico depende de la solución del problema agrario.

A nivel global también se ha documentado una estrecha relación entre justicia agraria y justicia climática. Parece que si la comunidad internacional quiere resolver el problema climático, también tiene que resolver el problema agrario. Sin embargo, estudios recientes sugieren que en el mundo menos del 3% de los recursos destinados a la mitigación del cambio climático se dirigen al sector agrícola. Este desbalance presupuestal ocurre a pesar de que con mayores recursos este sector podría evitar que se emitan o, en su defecto,  podría capturar el 30% de la meta de reducción de gases efecto invernadero para 2030.

En el caso puntual de la Amazonía, parece que la superación del extractivismo, la desconcentración de la propiedad de la tierra y la solución al problema de las drogas ilícitas, es un requisito indispensable para la conservación ambiental. Las reivindicaciones de los movimientos campesinos amazónicos no solo son un asunto de justicia social, también son un requisito fundamental para mantener la  función hidroclimatológica de la selva amazónica. No obstante,  hasta ahora los campesinos están ausentes de algunas de las más importantes iniciativas internacionales de conservación amazónica. 

Dicha exclusión no solo afecta al campesinado sino que también pone en entredicho la eficacia de estas medidas. Por el bien de toda la humanidad las políticas de conservación amazónica no pueden seguir excluyendo a un aliado tan valioso como el campesinado. La región amazónica está en un punto de no retorno. Las proyecciones oficiales estiman que para el 2050 habrá perdido su capacidad de regeneración propia y se dará su transformación ecosistémica a causa de un gran estrés hídrico. Esto traerá efectos múltiples tanto para la región como para el planeta. Los ríos atmosféricos que suministran agua a los glaciares tropicales, páramos, cultivos y ciudades de América del Sur dependen de que se conserve la selva tropical amazónica. 

Un problema constitucional y una victoria del movimiento campesino

La falta de integración entre  régimen jurídico de usos, ocupación y tenencia de áreas de especial protección ambiental en Colombia plasma una tensión constitucional entre el deber estatal de cuidado del ambiente, consagrado dentro de la Constitución Ecológica, y el conjunto de normas que dispone la protección especial del campesinado, al que desde Dejusticia hemos llamado la Constitución del Campesinado. Esta tensión mostraba como incompatible la conservación de los ecosistemas con  el respeto de los derechos territoriales del campesinado. 

Dentro del arco de deforestación amazónico colombiano la presencia de comunidades campesinas fue duramente estigmatizada con calificativos de ilegalidad y criminalidad, desconociendo la realidad social y ambiental que las ha obligado a internarse selva adentro y a sobrevivir entre fuegos cruzados. Parecía que la única manera de cumplir con los mandatos constitucionales de la conservación era soslayando los derechos de las comunidades campesinas más débiles.

Esto se puede explicar porque, si bien, la constitución nacional y los instrumentos internacionales reconocieron recientemente al campesinado como sujeto de especial protección, hasta hace pocos años su salvaguarda no era universal y se basaba únicamente en su desigualdad económica y en sus condiciones de vulnerabilidad estructural. Por esa razón el movimiento campesino global se propuso el reconocimiento jurídico de su calidad de sujeto de derechos.

En Colombia esta lucha campesina condujo a la reforma del artículo 64 constitucional. Con esta enmienda al texto original de la constitución el campesinado colombiano logró posicionarse como un sujeto de especial protección conforme a condiciones subjetivas asociadas a las dimensiones territorial, cultural, productiva, organizativa y ambiental.

La dimensión territorial implica que el territorio trasciende del espacio físico, para ser un espacio socialmente construido donde se llevan a cabo actividades políticas, económicas, sociales e interacciones con la naturaleza. La dimensión cultural comprende prácticas arraigadas en memorias, tradiciones y saberes propios, vinculadas a la agricultura, historia oral y expresiones artísticas. La dimensión organizativa reconoce que el campesinado se organiza en redes familiares, comunitarias y sociales, promoviendo modelos de gestión territorial y luchando por tener mayor autonomía en sus tierras.  

Finalmente, la dimensión ambiental del campesinado implica la integración de sus modos de vida en las estrategias de conservación ambiental, reconociendo su derecho a convivir en armonía con la naturaleza. Por lo tanto, la protección ambiental debe respetar la identidad cultural, la soberanía alimentaria y la participación de todas las comunidades rurales, incluyendo las campesinas.

Esta categoría constitucional posibilita innovaciones hermenéuticas para resolver la tensión entre la Constitución Ecológica y la Constitución del Campesinado. En otras palabras, la dogmática constitucional colombiana propone al mundo una herramienta teórica para integrar las políticas climáticas con el bienestar y el buen vivir de las comunidades campesinas. 

El constitucionalismo del sur global y la justicia climática

Quienes más contribuyen al agravamiento de la crisis climática -países y ciudadanos del norte global con mayores emisiones- no verán tan afectada su seguridad hídrica o alimentaria, como las comunidades rurales del sur global que tienen menor huella de carbono. Esto, que de por sí ya es injusto, se agrava, porque las comunidades marginadas también son las más afectadas por la “maladaptación” al cambio climático. La dimensión ambiental del campesinado es una noción que le permite al constitucionalismo del sur global hacer frente a esta realidad.

El desafío para Colombia ahora radica en la implementación ágil y participativa de las medidas de desarrollo sostenible que las comunidades campesinas demandan dentro de sus territorios. Para esto es imperativo el desarrollo jurisprudencial de la categoría y el ajuste normativo en los niveles legal y reglamentario. Solo así se terminarán de superar los sesgos anti-campesinos de las malas políticas climáticas.

La comunidad internacional, sobre todo la del sur global, puede impulsar diálogos doctrinales sur-sur sobre alternativas y experiencias de integración de los derechos del campesinado como marco de la acción climática en las selvas tropicales. Por ejemplo, así como la jurisprudencia interamericana ha servido de referente para la consolidación de los derechos étnicos, del mismo modo, el sistema interamericano de derechos humanos podría desarrollar una dogmática post extractivista que reconozca, en casos concretos y con medidas financiables, la dimensión ambiental del campesinado en la región.

Por su parte, la comunidad internacional del norte global tiene un papel crucial a la hora de reasignar esfuerzos de cooperación dedicados a la mitigación del cambio climático, llevando más recursos hacia iniciativas que impulsen la justicia agroclimática en la Amazonia. La solución de los conflictos agrarios es indispensable para que países como Colombia puedan aportar de forma justa y sostenible a la mitigación del cambio climático global.